País
Ingresó al Congreso el DNU que desregula la economía y deroga múltiples leyes
5 de enero de 2024
El DNU que impulsa una desregulación de la economía, propone un «plan de estabilización de shock», deroga múltiples leyes y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas ingresó al Congreso de la Nación y fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para estudiarlo antes de habilitar el debate en el recinto de ambas Cámaras.
La iniciativa había sido anunciada el 20 de diciembre por el presidente Javier Milei por cadena nacional y publicado en la madrugada del día siguiente en el Boletín Oficial. Sin embargo, recién entró en vigencia el 29 de diciembre y fue ingresado por el Senado de la Nación.
De acuerdo con la Ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, reformada en 2006, los DNU revisten carácter de ley desde su entrada en vigencia, a menos que ambas Cámaras del Congreso los rechacen en sesión plenaria.
El trámite
Desde este viernes, el Poder Legislativo tiene diez días hábiles para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está formada por ocho diputados y ocho senadores.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya publicó el Decreto Parlamentario para la designación de los ocho senadores que conforman la Comisión: el oficialista Juan Carlos Pagotto, el radical Víctor Zimmermann, Luis Juez de PRO, el macrista Juan Carlos Romero, el peronista disidente Carlos Espínola y los kirchneristas Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.
En Diputados, en tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, solicitó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la «urgente» conformación de la Comisión Bicameral.
«Requerimos la urgente conformación de la Comisión Bicameral para dar tratamiento al DNU 70/2023, tal como establece la Constitución Nacional, la ley N°26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria», dijo el bloque de diputados de UxP en su cuenta de la red social X, donde se adjuntó la nota de Martínez a Menem.
El legislador peronista argumentó que, de acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, «la composición de la referida comisión ‘deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara'».
Asimismo, agregó que, cumpliendo el mandato constitucional, «la ley 26.122 en su artículo 3 expresa que la comisión debe integrarse ‘respetando la proporción de las representaciones políticas'».
De ese modo, en Diputados aún no fueron oficializados los nombres de los ocho integrantes, aunque existen divergencias entre Unión por la patria y la Libertad Avanza sobre el número de legisladores que le corresponde a cada espacio.
Desde la presidencia de la Cámara, que ejerce el libertario Martín Menem, entienden que a UxP le corresponden 3 lugares; a LLA, 2; al PRO, 1; a la UCR, 1 y a Hacemos Coalición Federal, 1.
Así, integrarían la Bicameral los mileístas Oscar Zago y Lisandro Almirón, el macrista Hernán Lombardi, el radical Francisco Monti y Nicolás Massot por Hacemos Coalición Federal.
Como contrapartida, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, consideró que «corresponde que la Comisión Permanente de Trámite Legislativo se integre con cuatro diputados de Unión por la Patria, un diputado de La Libertad Avanza (LLA), un diputado del PRO, un diputado de la UCR-Unión Cívica Radical y un diputado por Hacemos Coalición Federal».
En el mismo sentido, un grupo de diputados radicales realizó ayer un pedido similar para que «sin dilaciones al estudio y consideración del mismo, para la cual le está corriendo un plazo fatal que vencerá el día 18 de enero de 2024; ya que el día 19 de enero de 2024 está Cámara deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU 70/2023 y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido»
La Bicameral puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU durante los próximos diez días. Si eso no ocurriera, la legislación establece que el Decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras del Congreso que pueden tratarlo simultáneamente.
De acuerdo con la Ley, si el DNU no es rechazado por el Senado y por Diputados, mantiene su vigencia.
No obstante, la justicia laboral ya comenzó a trabajar sobre la validez de partes del Decreto y ayer un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra la norma, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral.
La decisión adoptada por la cámara del fuero laboral es la segunda cautelar concedida por ese tribunal: el miércoles había hecho lugar a un planteo de la CGT y ayer a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que desarma el proceso colectivo en el cual el Gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.
El senador oficialista por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó el accionar de la Justicia señalando que le resultaba «confuso» cómo «la Justicia considera no tratar un tema y que pase el tiempo que se les ocurra, y cómo tratar un tema de manera exprés, en 24 horas».
«Me confunde porque, en el caso de Formosa, presentamos la inconstitucionalidad de la reelección indefinida. La Corte falló por Tucumán, por San Juan y no por Formosa. La justicia lenta no es justicia pero, de pronto, hay señores privilegiados que tienen justicia inmediata», señaló en declaraciones a la prensa acreditada.
Desde la oposición, el diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, remarcó ante la prensa en la Cámara baja que «el DNU está vigente» y que hay que «darlo de baja este mes».
«A pesar de que hace poco que asumió el gobierno, no se puede recurrir a la prudencia. Tenemos que actuar porque muchas de las medidas expresadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia son catastróficas», sentenció.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
