País
Llega una misión del FMI para renegociar la deuda
2 de enero de 2024
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los funcionarios que recibirán a la comitiva del organismo multilateral. Adorni dijo que el acuerdo está «virtualmente caído», por lo que el Gobierno deberá buscar un entendimiento con el Fondo para despejar incertidumbres económicas.
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegarás el próximo jueves al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera «virtualmente caído».
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este martes -en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno- que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está «virtualmente caído» debido a que el país «no cumplió» las condiciones acordadas.
En la tarde de este martes, el FMI confirmó que un equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribará el próximo jueves a la Argentina con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa acordado por el organismo con la anterior administración.
«Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes», señaló un portavoz del organismo ante la consulta de Télam.
Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.
En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que «se ha progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional».
Según el Banco Central, un «objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital».
Esa incertidumbre, continua el documento que está publicado en la página web del BCRA, «responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año», precisó la entidad que preside Santiago Bausili.
Adicionalmente, señaló que «el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes».
En el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre pasado.
Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI.
También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.
En enero, Argentina debe abonar unos U$S1.900 millones de vencimientos
Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibildad de extender el plazo hasta fin de mes.
El viernes pasado comenzó a regir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que apunta a la desregulación de la economía argentina, a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.
El documento significa una profunda reforma del Estado y sus funciones, a la vez que pone fin a la ley Alquileres, de límite a la tenencia de tierras de parte de extranjeros, y de la ley de Abastecimiento, entre otras iniciativas.
También prevé la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos
Además, Milei envió un paquete de medidas bajo el paraguas de una «Ley ómnibus», que incluye al DNU, establece una delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones relevantes.
El proyecto de ley ómnibus deberá ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.
El DNU, por su parte, deberá ser analizado inicialmente por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.
El DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes, y no se pueden introducir modificaciones ni agregados.
Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, continuará vigente.
En tanto, si es rechazada por ambas cámaras, puede quedar nula, o bien eventualmente podría expedirse sobre el asunto la Corte Suprema.
Los términos del DNU y de los lineamientos contenidos en el proyecto de ley ómnibus significarían un ajuste en el gasto más severo que el que pide el FMI para continuar con el acuerdo vigente.
Otro elemento que el Fondo puso sobre la mesa es la necesidad de exista apoyo político para poder llevar adelante el programa.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
