País
Emergencia pública hasta 2025
27 de diciembre de 2023
El presidente Javier Milei envió esta tarde a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.
A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin «crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses».
«Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado».
«Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe», dice el articulado.
Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias Paso, se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.
Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».
«Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», agrega el texto del proyecto.
Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.
En ese sentido señala que se «faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».
En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.
También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importanciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.
En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del proyecto es «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación».
Además afirma que se promueven las reformas «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».
Esta mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anticipado que el proyecto comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.
Sobre los proyectos, dijo que «quedarán en manos de senadores y diputados» elegir si se va «hacia la libertad» y «a terminar con esta decadencia» que llevó al país a la situación actual.
El paquete de leyes lleva como título una alusión a Juan Bautista Alberdi: «Es uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente».
Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde ayer -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única.
Según explicó el portavoz, el proyecto «complementa» las reformas dictadas por la Casa Rosada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer hace una semana y ambos comparten el «norte» que está «puesto en la libertad de cada uno de los argentinos».
Cuando se oficializó la presentación del proyecto, Adorni publicó en su cuenta de la red X: «Por la libertad, la prosperidad y la República».
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Se incrementó la morosidad en las familias
La morosidad en familias volvió a marcar un máximo preocupante. Según datos del Banco Central, los préstamos personales registraron un nivel de incumplimiento cercano al 15%, mientras que también crecieron los atrasos en tarjetas de crédito y otros financiamientos destinados a los hogares.
La morosidad en familias alcanzó un nuevo récord en abril y encendió las alarmas en el sistema financiero argentino. De acuerdo con el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento en los créditos otorgados a los hogares llegó al 12,1%, consolidando una tendencia de deterioro que se viene observando desde hace varios meses.
El dato más preocupante se registró en los préstamos personales, donde el índice de irregularidad alcanzó el 14,9%, rozando el 15%. En tanto, la morosidad en tarjetas de crédito llegó al 12,5%, reflejando las dificultades que enfrentan miles de familias para afrontar sus compromisos financieros en un contexto de ingresos que aún muestran dificultades para recuperarse frente al costo de vida.
A nivel general, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,3% durante abril. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo y una suba de 5,1 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior.
Crecen los atrasos en los hogares
El informe del BCRA muestra que el deterioro fue más pronunciado en los créditos destinados a las familias que en aquellos otorgados a empresas. Mientras los hogares registraron una morosidad del 12,1%, el indicador para las compañías se ubicó en el 3,3%.
En términos interanuales, el incremento de la irregularidad en las familias fue de 8,4 puntos porcentuales, un dato que refleja el impacto de las dificultades económicas sobre la capacidad de pago de los consumidores.
Las líneas más comprometidas continúan siendo las tarjetas de crédito y los préstamos personales, mientras que los créditos hipotecarios y prendarios presentan niveles de mora más bajos, aunque también muestran aumentos sostenidos en los últimos meses.
Según un informe de la consultora 1816, uno de los factores que limita la recuperación del crédito es el elevado costo del financiamiento. "Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad", señalaron los analistas.
Tasas elevadas y menor capacidad de pago
La consultora destacó además que la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de los préstamos personales bancarios se ubicó en 66,9% durante los primeros días hábiles de mayo, un nivel que continúa siendo elevado para gran parte de los consumidores.
Desde el Banco Central remarcaron que, pese al deterioro de los indicadores, en los últimos meses comenzó a observarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la mora de los hogares.
"En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares", sostuvo la autoridad monetaria al analizar la evolución de la cartera irregular.
No obstante, el escenario sigue siendo desafiante. Los especialistas consideran que el crédito difícilmente vuelva a convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica en el corto plazo debido al creciente nivel de endeudamiento y al deterioro de la capacidad de pago de muchas familias.
Preocupación por las entidades no financieras
La situación es aún más delicada en las entidades no financieras, segmento que representa cerca del 17% de los préstamos otorgados al sector privado. En este caso, la morosidad pasó del 30,7% al 31,5%, un nivel considerablemente superior al observado en el sistema bancario tradicional.
Los analistas advierten que este comportamiento refleja las dificultades que enfrentan los sectores con menores ingresos para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente en un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo costoso y los salarios todavía muestran limitaciones para acompañar el ritmo de las obligaciones asumidas, destacó Ámbito.
Mientras tanto, el crecimiento de la morosidad en familias se mantiene como uno de los principales desafíos para el sistema financiero argentino de cara a los próximos meses.
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Milei designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial
El Gobierno nacional confirmó este viernes que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. La designación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales luego de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
“Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió Adorni en su cuenta de X.
La decisión marca un cambio en la estructura de comunicación de la Casa Rosada, ya que hasta ahora Adorni venía desempeñándose simultáneamente como jefe de Gabinete y vocero presidencial.
El anuncio se produjo tras un encuentro entre Milei y Adorni en la residencia presidencial de Olivos. Según fuentes oficiales, la reunión había sido programada previamente y formó parte de los habituales encuentros de trabajo que ambos mantienen para analizar cuestiones vinculadas a la gestión nacional.
La confirmación de Ravier llega en un contexto de fuerte actividad política para el oficialismo. Este viernes, Milei y Adorni compartirán un acto por el Día de la Bandera en Rosario, en lo que será la primera aparición pública conjunta del jefe de Gabinete luego de la entrevista que brindó la semana pasada para referirse al incremento de su patrimonio.
En paralelo, el Gobierno busca reforzar una estrategia comunicacional enfocada en difundir medidas de gestión y nuevos anuncios. En las últimas jornadas, Adorni retomó una intensa actividad en redes sociales con publicaciones vinculadas a decisiones oficiales y avances de distintas áreas de la administración nacional.
Mientras tanto, el oficialismo continúa monitoreando el escenario político en el Congreso. El Senado postergó una semana una sesión clave y mantiene abierta la posibilidad de convocar a Adorni para una interpelación prevista para principios de julio.
Con la llegada de Ravier a la vocería presidencial, la administración de Javier Milei busca fortalecer uno de los principales canales de comunicación con la ciudadanía y concentrar en una figura específica la difusión de las decisiones del Ejecutivo nacional.
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Estatales con un aumento trimestral de 6,6% y un bono por única vez
El Gobierno nacional otorgó un aumento trimestral del 6,6% a los trabajadores estatales y el pago de un bono de $50.000 en agosto. La Unión del Personal Civil de la Nación(UPCN) aceptó la propuesta salarial, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó.
La propuesta establece que la recomposición salarial se dividirá en tres tramos: 2,4% en junio; 2,2% desde julio y del 1,9% en agosto.
“Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, remarcó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La negociación se desarrolló en un clima de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Ejecutivo, tras meses de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios e los empleados públicos.
En tanto, crece el malestar entre los docentes y estatales bonaerenses con el gobierno de Axel Kicillof, que esperan una nueva convocatoria para cerrar un nuevo acuerdo paritario.
Cómo aumentarán los sueldos de los trabajadores estatales en junio, julio y agosto
La oferta de la gestión de Javier Milei incluye que los aumentos serán acumulativos:
- 2,4% en junio;
- 2,1% en julio;
- 1,9% en agosto y un bono remunerativo de $50.000 por única vez.
El acuerdo paritario también tendrá impacto en los salarios de los funcionarios nacionales. Según el decreto 931/2025, los aumentos que se acuerden para los empleados de la Administración Pública Nacional se aplicarán también a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades de rango equivalente.
El salario bruto de mayo, abonado a principios de junio, del jefe de Gabinete y de los ministros fue de $8.020.866. Mientras los secretarios cobraron $7.346.575 y el haber de los subsecretarios llegó a $6.672.510.
En cambio, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantienen sus sueldos congelados desde diciembre de 2023. Perciben $4.066.018 y $3.764.820, respectivamente.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, dispuso un cuarto intermedio enlas negociaciones paritarias con los trabajadores estatales, docentes y judiciales bonaerenses.
Las autoridades bonaerenses y los gremios no llegaron a un acuerdo y postergaron la mesa paritaria.
“Necesitamos seguir discutiendo la pérdida del poder adquisitivo de los estatales de la provincia a raíz del ajuste del gobierno nacional”, aseguró Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires.
El acuerdo salarial en PBA venció en mayo. Contempló una suba del 9,3% para el período febrero-mayo para los trabajadores estatales, aplicada en tres cuotas y acompañada por una cláusula de revisión. TN
