País
A un mes de asumir Milei, la CGT llamaría a un paro nacional
27 de diciembre de 2023
La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con los senadores del Frente de Todos, que comanda José Mayans, y pidió “mayorías” en el Congreso para “frenar” el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.
En la previa del encuentro, que se realizó en el segundo piso de la Cámara alta, el titular de la central sindical, Héctor Daer, manifestó que “el objetivo” es que la medida empujada por el Gobierno de Javier Milei “no siga su curso”, y ratificó que el jueves se definirá un eventual paro general junto a un plan de lucha.
Al término del cónclave, Daer advirtió que el DNU “tiene dos partes: un contenido absurdo y una forma autoritaria, al dejar de lado al Parlamento”. En tanto, Mayans dijo que la medida adoptada por la Casa Rosada “vulnera el estado de derecho y altera el sistema republicano”, y agregó que el Gobierno “actúa de forma incorrecta” y que la normativa sirve “para casos especiales, no para derogar 300 leyes”.
El formoseño pretende que el tema se debata en los tiempos legales para “que la gente se entere sobre los cambios en leyes laborales y lo que van a hacer con las empresas públicas”.
Del lado de los senadores participaron Mayans y la camporista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), el ex mandatario de San Juan Sergio Uñac y la ex vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, junto a otros compañeros de bancada. En tanto, por los sindicatos estuvieron, además de Daer, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y el diputado Hugo Yasky (CTA Autónoma), entre otros invitados. El último sostuvo que por ahora “no están pensando en un paro”, publicó Infobae.
Para mañana, la CGT organiza por su cuenta, sin la participación de las agrupaciones piqueteras, una marcha a Tribunales para protestar contra la reforma laboral, tal como revelaron fuentes sindicales a Infobae luego de la cancelación del encuentro que iban a mantener el cotitular de la CGT Pablo Moyano (Camioneros) con el trotskista Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera
. En la reunión con los senadores K no se habló de ir en conjunto este miércoles, sino la adhesión libre de cada legislador, con el fin de no teñir de un color político la movilización en cuestión.
El jueves pasado, la CGT se reunió con el bloque kirchnerista en Diputados. Más tarde, lo hicieron las CTA y otras federaciones gremiales. Al término del primer cónclave, la central comandada por Daer expresó: “El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Javier Milei y secundado por todo su gabinete (sumado algún ex funcionario sin cargo) ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del Poder Público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación”.
“Cualquier plan de Gobierno que exija de modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate de estos representantes. La posibilidad de gobernar vía Decretos exige estados de situación excepcionales de Necesidad y de Urgencia que, en la inmensa mayoría del plexo normativo que se afecta, no tienen esa condición. Su vicio es de origen y por lo tanto nulo de toda nulidad, tal lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó la CGT en un comunicado.
El Consejo Directivo Nacional del principal polo sindical del país finalizó: “Una elección de Presidente da legalidad y legitimidad para su cargo. Ejercer ese cargo exige de las mismas condiciones. Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado”.
Las declaraciones de la CGT van en línea con las bancadas kirchneristas en el Congreso, quienes ya se manifestaron en contra del DNU que aún no entró en vigencia. Sin embargo, las líneas de negociación de algunos jefes sindicales con el Gobierno de Javier Milei, sumado al alejamiento de piqueteros de la marcha de mañana a Tribunales, amortiguan de manera parcial la tensión con la Casa Rosada.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
