País
Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo
19 de diciembre de 2023
El bloque de Unidad Piquetera realizará una protesta. Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo.
Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».
«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.
Cómo será la protesta
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.
Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».
De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
El protocolo
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».
Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».
La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
País
Adorni negó censura al periodismo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta mañana que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana.
Hoy se produjo la reapertura pero no se permitió el ingreso de Canal 13 y TN, canal que emitió imágenes del interior de la Casa Rosada sin autorización oficial.
Adorni se mantuvo en que se trató de un "hecho grave" y que las decisiones sobre la seguridad interna de la Casa de Gobierno las maneja Casa Militar.
Respecto de las polémicas en torno a la compra de inmuebles y sus viajes al exterior realizando gastos que no se condicen con su declaración jurada, insistió en que la causa se encuentra en la Justicia y que sólo dará explicaciones en tribunales.
Luego no precisó en qué fecha presentará su nueva declaración jurada aunque afirmó que lo hará "en tiempo y forma". Tiene plazo hasta el 31 de julio.
Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que volverá a un esquema de ruedas de prensa frecuentes. Si bien explicó que no las daría a diario, sí dio a entender que tendrán mucha regularidad.
Otra pregunta tuvo que ver con las encuestas que indican una caída en la imagen positiva del gobierno de Milei. El funcionario sostuvo que no gobiernan pensando en los sondeos de opinión sino en "mejorar la calidad de vida de los argentinos".
Tampoco habló sobre el aumento salarial de más de mil funcionarios nacionales que tuvieron los sueldos congelados hasta 2025. Entre enero y junio se estima que recibirán una suba del 123% para compensar el tiempo sin incrementos. Al respecto, Adorni dijo que no leyó las notas periodísticas y que tampoco haría declaraciones.
País
Donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares
El Ministerio de Salud de la Nación actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. Luego de 10 años, la medida busca modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país para garantizar mayor seguridad tanto a los pacientes como a los donantes voluntarios.
Más noticias
Luján se pone más hermosa para festejar sus cuatro siglos.
Luján: premios millonarios para rediseñar el acceso a la Basílica
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
La FEB y Suteba, dos gremios docentes que van a las urnas para definir sus liderazgos
Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial, a través de la Resolución N° 536/2026, y la modificación más saliente es la referida al régimen de donación para paciente específico, es decir, los familiares no necesitarán impulsar colectas entre personas conocidas. Asimismo, la normativa actualiza los criterios de selección de donantes.
La resolución incorpora también nuevos lineamientos regulatorios para el procesamiento de terapias celulares así como de componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.
"La medida reemplaza el modelo de donación de reposición, vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico, solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. De esta manera, se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares, y se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles", apuntó la cartera sanitaria en un comunicado.
Respecto a los criterios de selección de donantes, el nuevo marco normativo elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y propone evaluar solo las conductas del donante (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica. También se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.
De igual modo, en sintonía con los avances en las pruebas de tamizaje, se actualizan los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. "Se difiere la donación por 6 meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos 3 meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposisión o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas", apuntó la nueva normativa.
Red integrada de sangre
Las modificaciones presentadas consolidan un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios para alcanzar mayores estándares de eficiencia, efectividad y seguridad transfusional. Establece también para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país, la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llega al paciente, deberá estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado.
País
Gas: subsidio de 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios
El Gobierno nacional dispuso este lunes una bonificación extraordinaria del 25% sobre las tarifas de gas para el mes de mayo, que elevará al 75% el nivel de subsidio sobre el bloque de consumo alcanzado por el esquema oficial.
La medida dispuesta a través de la Resolución 11/2026 alcanza a 4.780.000 usuarios y apunta a amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los usuarios de menores ingresos.
La decisión fue formalizada a través de la resolución de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según se estableció, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán durante mayo un 25% adicional de bonificación, que se suma al 50% general vigente.
El esquema de subvenciones que comenzó a regir este año estableció una "base" de 50% de precio subsidiado para los usuarios alcanzados por subvenciones, más un 25% adicional que fue disminuyendo todos los meses (en abril, por caso, fue 18%). La decisión del Gobierno, en concreto, es que en mayo vuelva a ser excepcionalmente de 25%. Luego seguiría siendo reducido a lo largo del año.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios del gas. También señaló que, si bien la Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.
En ese marco, se indicó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, lo que justifica la decisión de reforzar temporalmente la asistencia estatal.
La resolución establece que la bonificación adicional del 25% se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones de bien público, que estén incluidos en el régimen.
En paralelo, el Gobierno mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios en el caso de la electricidad. Según el comunicado, en ese segmento “se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.
“El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”, se indicó en un comunicado.
