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Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo
19 de diciembre de 2023
El bloque de Unidad Piquetera realizará una protesta. Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo.
Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».
«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.
Cómo será la protesta
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.
Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».
De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
El protocolo
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».
Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».
La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
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Las ventas por el Día del Niño bajan 2,5% interanual
Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año anterior, medidas a precios constantes. A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad.
El 81,2% de los comercios encuestados adhirieron a acciones promocionales (5,8 puntos porcentuales menos que el año anterior), destacándose con un 55,3% la financiación con tarjeta y con un 46,2% los descuentos en efectivo. El gasto medio por operación se situó en $45.892 en contraste con los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario.
En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual.
La información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería. La absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad. En paralelo, el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.
Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento refleja que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas. De este modo, apenas el 9,1% consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme.
Análisis sectorial
La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período.
Calzado y marroquinería.
En comparación con la misma fecha del año anterior, el rubro presentó una caída del 3,1%. En cuanto al ticket promedio, el mismo se ubicó en $50.680. El sector evidenció una baja tasa de conversión, registrando afluencia de consultas que no se tradujeron en operaciones efectivas debido a la retracción del poder de compra. Frente a este escenario, los comercios adoptaron esquemas comerciales agresivos basados en descuentos directos y planes de financiación para traccionar liquidez, resignando margen de rentabilidad en un mercado altamente competitivo y dependiente de las promociones de última hora.
Equipos de audio y video, celulares y accesorios.
El ticket promedio de compra se ubicó en torno a los $51.136, mientras que, en comparación al Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un descenso del 1%. La demanda se concentró predominantemente en productos complementarios y de menor valor unitario, como accesorios y parlantes portátiles, observándose una menor tracción en artículos principales como celulares. La operatoria comercial dependió casi exclusivamente de opciones de financiamiento en hasta tres cuotas, limitadas por los comercios para preservar márgenes ante el costo financiero, y con una marcada dispersión en los resultados según la gama de productos ofrecida.
Indumentaria y accesorios.
El ticket de compra promedio se ubicó en $42.344, con una caída en la variación interanual del 4,1%, siendo el segundo descenso más pronunciado de la medición. El desempeño del rubro estuvo condicionado por un cambio de hábito donde la indumentaria pierde prioridad frente a otros rubros específicos de la fecha, sumado a la competencia con ferias y canales informales. Para hacer frente a la caída de actividad previa y obtener liquidez, los comerciantes aplicaron descuentos. Eso permitió sostener los volúmenes en niveles similares o levemente inferiores al año anterior, aunque en un marco de márgenes acotados y moderada afluencia.
Juguetería.
El ticket promedio se ubicó en $45.038, con una variación interanual negativa del 4,8%. De este modo, fue la caída más pronunciada del relevamiento. El desempeño del sector estuvo condicionado por una marcada disparidad en el acceso a herramientas crediticias: mientras algunos locales lograron traccionar operaciones mediante acuerdos específicos y cuotas, otros señalaron una insuficiente oferta de financiamiento por parte de las entidades bancarias. La demanda se inclinó preferentemente hacia artículos de menor costo y compras de último momento, en un contexto de intensa competencia frente a bazares con opciones de bajo precio, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales.
Librería.
El ticket promedio se ubicó en $38.279, con una variación interanual que reflejó una baja del 1,8%. El segmento experimentó un flujo comercial de activación tardía, concentrando la mayor parte de las operaciones durante la jornada del sábado. Para equiparar los volúmenes del período anterior, los comercios recurrieron a esquemas de descuentos y promociones especiales, con una salida orientada casi exclusivamente a títulos de menor formato y bajo costo unitario. Asimismo, se manifestó una pérdida de relevancia relativa del libro como opción de obsequio frente a otros rubros tradicionales de la fecha.
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Buscan sembrar 50 mil hectáreas al costado de rutas nacionales
Dos proyectos de ley que comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados buscan habilitar la siembra en las áreas aledañas a las rutas nacionales (banquinas), algo hoy prohibido. La idea, que también en la provincia de Buenos Aires viene generando debate, permitiría sembrar unas 50.000 hectáreas al costado de estas vías.
Los proyectos pertenecen a los diputados Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria) apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas. Cabe aclarar que no se incluye la posibilidad de sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial.
Las propuestas buscan revertir la prohibición de producir que hoy rige sobre esos espacios, algo que, "durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha", contaron desde la Fundación Barbechando.
Según se informó, en la propuesta de Sánchez Wrba “los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir”.
Barbechando precisó que, respecto al destino de los fondos que se recauden vía el permiso, “solo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo”.
“De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”, agregó Barbechando.
La entidad recordó que en distintas jurisdicciones existen normas que permiten compatibilizar el uso vial con determinados usos productivos regulados. “Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley N 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires”, indicó.
Sin embargo, recientemente un proyecto apunta a modificar esa ley que permite a los intendentes conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense. No obstante, excluye de manera expresa a las banquinas, es decir, los espacios laterales reservados por la legislación vigente para la seguridad vial, lo que limita las posibilidades de sembrar en esos terrenos.
Ahora, un proyecto impulsado por la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, propone modificar el artículo primero de la ley para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.
Cabe recordar que en febrero de este año, el municipio bonaerense de 9 de Julio puso en marcha una convocatoria dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para participar de una licitación pública que permitirá sembrar unas 300 a 350 hectáreas de banquinas ubicadas sobre las diferentes rutas provinciales y caminos como la ruta 65.
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El Gobierno flexibilizó el acceso a los Vouchers Educativos
El Gobierno flexibilizó dos requisitos clave para acceder a los vouchers educativos ante el crecimiento de la morosidad en las escuelas de gestión privada. La medida suspende la interrupción o cancelación del beneficio a las familias que adeuden cuotas en colegios privados con subvención estatal.
La decisión fue formalizada a través de la resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y suspende hasta finales de diciembre la aplicación de dos artículos que establecían las condiciones relacionadas con el mantenimiento de la prestación.
“Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado (artículos 14 y 21 inc. E del Reglamento general del Programa) durante el año 2026”, remarcó la medida.
El programa Vouchers Educativos permite cubrir hasta el 50% de la cuota mensual sobre la jornada simple en instituciones educativas de gestión privada del 75% de aporte estatal o más.
Para acceder al beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $2.636.200.
En cuanto a los dos artículos suspendidos por la resolución 505, el número 14 del reglamento general del programa de Vouchers Educativos determinaba que las escuelas debían informar de forma mensual la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.
“Ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación”, señalaba el artículo. En ese caso, una vez regularizada la deuda, se permitía el cobro retroactivo. Si la familia acumulaba tres cuotas impagas, el voucher educativo era cancelado.
Mientras que el artículo 21, inciso “e”, establecía el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares.
Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas escolares impagas ya no podrá derivar en la suspensión o cancelación del beneficio hasta finales de diciembre.
La morosidad en los colegios privados alcanzó el 11%
Crece la cantidad de familias que se atrasan en el pago de las cuotas ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los servicios que obligan a los hogares argentinos a ajustar cada vez más sus presupuestos.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, indicó a TN que la morosidad alcanza el 11% promedio, por encima del 7% registrado el año pasado.
Si bien hay disparidad entre las instituciones educativas de acuerdo a su oferta de servicios, ubicación y público, el sector coincide en que el atraso en las cuotas es una realidad.
“Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora son la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%”, afirmó Zurita. (TN)
