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POBREZA
5 de diciembre de 2023
La pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe dado a conocer hoy por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Asimismo, la indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 «se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años», en un contexto que, como anticipó el presidente electo Javier Milei, coexistirán «una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico».
«Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne», sentenció en una rueda de prensa, en referencia a las dos décadas iniciadas en la «posconvertibilidad» en el que «se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión».
La síntesis de ese proceso fue «un comienzo que fue próspero, a lo que le siguió un período de estancamiento y finalmente entró en franca decadencia», señaló y aseguró que «si esto sigue así, aumentarán los pobres a costa de una reducción de las clases medias».
Sobre sus expectativas acerca del futuro gobierno de Milei, advirtió que en el corto plazo habrá «un ajuste en los precios relativos» que incidirá negativamente en los niveles de pobreza e indigencia, mientras que en el mediano y largo plazo «no se sabe a dónde va a llegar, pero si es exitoso tiene la potencialidad de crecimiento».
Salvia sostuvo que «en el proceso, habrá una puja distributiva muy importante y los sectores más vulnerables deberán ser cuidados».
«Hay un consenso que algo se está haciendo muy mal y hay que cambiarlo», aseguró y precisó que «si esto sigue así, habrá un aumento de nuevos pobres por descenso de clase medias bajas, pobreza más estructural y mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas de la asistencia pública».
Por otra parte, el ODSA espera un «desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias», además de un «crecimiento del trabajo informal y de la economía social de subsistencia con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat, la seguridad y el acceso a la Justicia de los sectores pobres».
«Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible», acotó e indicó que «durante los últimos 23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas».
El resultado de ese bajo crecimiento es que «ciclo tras ciclo la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad que ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos», manifestó Salvia.
Además, destacó la contención que representa la asistencia social y financiera para evitar un incremento aún mayor de los índices de pobreza e indigencia.
«La pregunta no debe ser por qué hay tanta pobreza sino por qué no ha sido superior, en un contexto de alta inflación y precariedad en el empleo», agregó.
Al respecto, el ODSA presentó un ejercicio de simulación en el que estiman a cuánto ascenderían la pobreza y la indigencia sin algunas de las asistencias estatales: la tasa observada de 9,6% para la indigencia treparía al 17,1% sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas, al 20,1% si además se excluyeran las pensiones no contributivas y al 11,3% sin bonos extraordinarios, en tanto el 44,7% de pobreza ascendería al 47,9%, 49,1% y 46,6%, respectivamente.
«El 35,9% de los hogares recibió alguna asistencia social en 2023, esto representa alrededor del 46,7% de las personas dentro del universo analizado», precisó el Observatorio, que subrayó que «la asistencia social adquiere mayor relevancia en los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria, así como en el conjunto de unidades domésticas con presencia de niños y niñas».
A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mide la pobreza por ingresos, la medición del ODSA comprende seis dimensiones: alimentación y salud, vivienda digna, acceso educativos, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable y empleo y seguridad social.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
