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Un llamado de los judiciales
21 de noviembre de 2023
| Un llamado a la afirmación del consenso democrático, al compromiso con los derechos humanos y a la mejora de las instituciones públicas hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de un comunicado, que dice textualmente: |
| Este 19 de noviembre tenemos nuevamente la oportunidad de expresarnos en las urnas. ACIJ defiende y celebra el ejercicio del autogobierno democrático basado en el voto secreto, universal y obligatorio de la ciudadanía, y fundado en la autonomía personal. Cada proceso electoral es un capítulo más en la construcción de esa obra colectiva e intergeneracional vital para la realización de la vida política. El acto de votar es un momento único de soberanía en el que nos confiamos mutuamente la definición de nuestro futuro como comunidad de personas libres e iguales. Desafortunadamente, desde hace años la vida pública argentina transcurre -tanto en la opinión pública como en los liderazgos políticos y sociales- en el marco de una polarización extrema. La campaña electoral de este año ha exacerbado esta dinámica, incorporando afirmaciones y acusaciones insultantes y agresivas. A su vez, desde un sector se sumaron expresiones que ponen en duda un sistema electoral que ha procesado con transparencia la voluntad de la ciudadanía en cada elección. Todo ello genera angustia, inquietud y temor cívico en nuestra organización. El actual ciclo electoral presenta, además, condiciones extraordinarias y especiales que lo hacen incomparable con los que se han producido desde que ACIJ comenzó a funcionar en 2003. Observamos con particular preocupación que han proliferado discursos públicos que atentan contra los consensos construidos en los últimos 40 años, relativos a la interpretación del sentido, la magnitud y el alcance de las violaciones de derechos humanos por parte de la última dictadura, y el consiguiente cuestionamiento de la pertinencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que constituye un grave retroceso que debe ser repudiado. Nuestra democracia tiene grandes déficits. El 40% de la población (y el 57% de los niños, niñas y adolescentes) vive en condición de pobreza. Múltiples grupos enfrentan situaciones de violencia y discriminación que les impiden vivir vidas plenas. Los esquemas de distribución de la riqueza siguen siendo profundamente injustos y regresivos. Los modos en que los sucesivos gobiernos vienen gestionando lo público -incluyendo los casos de corrupción, la escasa transparencia de las instituciones, la captura corporativa, el endeudamiento y el uso de recursos públicos para fines electorales, y la inexistencia de canales de participación ciudadana en la toma de decisiones- también deterioran la calidad de nuestro sistema democrático e impactan negativamente en la garantía de los derechos humanos. Para revertir estos problemas estructurales debemos fortalecer la democracia con discusiones profundas, que respeten el núcleo central de los valores que la inspiran y le dan sustento, que garanticen la participación de los sectores sobre los que más pesan estas deudas y que preserven los derechos que sí fueron conquistados en el plano normativo y fáctico, los que deben ser fuente de orgullo permanente. Los desafíos actuales exigen reforzar nuestro compromiso con mandatos constitucionales como la justicia social, ambiental y de género y la igualdad real de oportunidades, así como con un sistema institucional transparente, abierto, participativo y libre de corrupción. También implican reconocer el rol central de la política pública en la garantía de derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda y en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva que respete la diversidad, y exigir incansablemente que estas sean cada vez más efectivas en la consecución de esas metas. Independientemente de los resultados electorales, nuestra comunidad política debe sostener los lazos de encuentro cívico que presupone la vida común, manteniendo las diferencias y puntos de vista antagónicos dentro de los cauces de un desacuerdo intenso pero respetuoso y preservando el pluralismo y el compromiso con los consensos fundacionales de nuestra democracia. En este preocupante escenario político, económico y social, ACIJ llama al funcionariado público, a los líderes y lideresas de opinión y a los partidos políticos que tienen la posibilidad de guiar e influir en el destino del país en los próximos años a efectivizar los derechos humanos, a mejorar las instituciones públicas y a afirmar el consenso democrático y del “Nunca Más”. |
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
