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Ley de alquileres: sin acuerdo pasan a cuarto intermedio en el Senado
7 de septiembre de 2023
El plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto de reforma a la Ley de Alquileres que fue aprobada por la Cámara de Diputados hace dos semanas, pasó esta tarde a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, al no lograrse los acuerdos necesarios para avanzar en la firma de dictámenes.
Esta decisión se tomó tras las exposiciones que durante los dos últimos días realizaron representantes de cámaras inmobiliarias y de inquilinos.
La semana que viene se buscará firmar el dictamen, según propuso el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el pampeano oficialista Daniel Bensusán.
Del lado de la oposición, el radical Víctor Zimmermann reclamó “darle la mayor celeridad y previsibilidad al tratamiento de la media sanción” al ratificar que el interbloque de Juntos por el Cambio “está para firmar el dictamen del proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados”.
En tanto, la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio, tras destacar que “lo que pidieron los inquilinos es que se vuelva a la ley tal como está” en la actualidad, dijo que el Frente de Todos “tiene propuestas para mejorar el dictamen” y que “hay distintas posturas en el interbloque sobre este asunto”.
Al respecto, Bensusán propuso hacer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles “para ver si se puede avanzar en un dictamen o en dos o en los que se presenten para poder darle un corte definitivo al tema lo más rápido posible”.
En la jornada de hoy, los representantes de los inquilinos reclamaron hallar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles.
El primero en exponer fue Juan Arrizabalaga, de Inquilinos Tandil, quien consideró que los 10 millones de inquilinos que existen en el país están «en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina».
Arrizabalaga subrayó que la reforma aprobada por Diputados «es pro mercado y pro rentistas».
A su turno, León Bilansky, de la asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), dijo que «la actividad comercial próspera aporta valor inmobiliario y desarrollo local» y ponderó el rol en la economía del sector que representa.
“Los que abrimos los comercios todos los días y contratamos trabajadores y pagamos nuestros impuestos no vemos a los propietarios como enemigos”, sostuvo el dirigente empresario.
Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que lo que no puede suceder en este debate de reforma de la ley de alquileres es que se instale la idea de que “los inquilinos se perjudicaron por sus propias conquistas y que entonces hay que volver para atrás, eso es lo que no puede pasar”.
En la audiencia de ayer, en la que se escucharon testimonios de dieciocho representantes de cámaras inmobiliarias, los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces por sus diferencias políticas, si bien coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.
Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión, en el oficialismo quieren introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.
En el debate de hoy, en tanto, la senadora del peronismo por Buenos Aires, Juliana Di Tulio, sostuvo que ve “solo una intención de lucro” en los planteos de reforma votada por Diputados “porque si no, no se le encuentra otra explicación (al hecho de pasar de contratos de 3 a 2 años de duración)” y consideró que “si absorbe esa necesidad de lucro el Estado, podría resolverse inmediatamente”.
Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, advirtió que “plantear la igualdad de partes es entrar en un desconocimiento total” en materia de alquileres y dijo que “no hay solución para los inquilinos en esta media sanción” dada por Diputados.
Carla Sánchez, Juntas por el Derecho a la Ciudad, consideró que “los intereses como inquilinos están más vinculados a la idea de derechos y la de los propietarios a la idea de rentabilidad, son términos diferentes, por eso es tan importante el rol del Estado para interceder ante estas diferencias”.
En tanto, Diego Fernández, de la Asociación Platense de Inquilinos, sostuvo que “claramente no se está viendo en esta comisión la situación que es acuciante en Argentina, con procesos inflacionarios que solo ayudan a un grupo minúsculo” y dijo que “no se sabe bien quiénes son los propietarios”.
Por último, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, reclamó que la ley que rige en la actualidad “tiene que permanecer sin cambios”, al tiempo que denunció que “todos los cambios que le hicieron a la ley en Diputados nos afecta a los que alquilamos” y sentenció: “se nota que las inmobiliarias redactaron ese proyecto”.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
