País
Auxilio económico a comercios que sufrieron saqueos
29 de agosto de 2023
Las subsecretarías de Políticas para el Mercado Interno y de Pequeña y Mediana Empresa -ambas bajo la órbita de la cartera de Economía de la Nación- aprobaron el otorgamiento de aportes no reembolsables (ANRs) de hasta $ 7 millones a los comercios que sufrieron robos entre los pasados 19 y el 25 de agosto, de acuerdo con lo anunciado por el ministro Sergio Massa,
La medida de asistencia financiera fue formalizada a través de la Disposición Conjunta 1/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El beneficio podrá ser solicitado por aquellos titulares de comercios que fueron víctimas de “daños y/o robos” entre los días 19 y 25 de agosto, para recomponer el capital de trabajo y los bienes de capital afectados y que son necesarios para el normal desarrollo de sus tareas.
Cada solicitante podrá recibir hasta $ 7 millones, monto que será determinado por el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) en base a una evaluación que tendrá en cuenta, primero, la pertinencia del beneficio y, luego, su cuantía “en función del encuadre temporal de los hechos denunciados y la información que surja de la certificación contable presentada, entre otros aspectos”.
En el caso de aquellos comercios que se encuentran adheridos a Precios Justos y cuentan con más de 50 empleados, no podrán acceder a los ANR en el caso de registrar incumplimientos en el marco de ese programa.
Para acceder al subsidio, los solicitantes deberán presentar a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), la denuncia policial, constancia de CBU perteneciente al comercio que sufrió el siniestro, formulario de información de siniestro, y documentación probatoria adicional como fotos, videos, documentación que acredite la titularidad del comercio y sumario policial, entre otros.
También deberán presentar una certificación contable del registro del siniestro y un formulario de solicitud, según los modelos que se pondrán a disposición en la página argentina.gob.ar/producción/financiamiento.
Los damnificados podrán solicitar el subsidio desde hoy hasta el próximo 30 de septiembre, y en principio, el cupo total de aportes a otorgar será de $ 700 millones.
La resolución habilita al comité ejecutivo del Fondep a, eventualmente, ampliar o limitar el periodo temporal de casos a contemplar y de decidir un límite geográfico.
Además, se reserva el derecho de solicitar el reembolso de los aportes en el caso que haya resoluciones judiciales firmes que desconozcan los hechos.
La medida había sido anticipada el miércoles pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, mientras se encontraba en la ciudad de Washington, en el marco de las conversaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
En esa oportunidad, al ser consultado por los robos organizados contra comercios ocurridos por esos días en distintos puntos del país, Massa afirmó que «uno de los planos» de esos hechos es «la causa y el origen» de esos delitos, por lo que «será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados».
El «segundo plano», describió, está conformado por la «gente de laburo», en referencia al «supermercadista que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito».
En ese marco, Massa había anunciado su decisión de instruir a la Secretaría de Industria de la cartera económica para que a «cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta $ 7 millones para recuperar el capital de trabajo», una medida que finalmente quedó oficializada hoy.
El funcionario y candidato presidencial de Unión por la Patria señaló que «la gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección».
En los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial, se señala que «el Estado nacional ha decidido tomar medidas a fin de morigerar las consecuencias disvaliosas de los acontecimientos mencionados» y se subraya que «el sostenimiento de las actividades comerciales, resulta estratégico a la hora de fomentar las cadenas de valor de los distintos bienes y servicios que se producen en todo el territorio nacional, entendiendo a éstas como un eslabón fundamental que hacen de nexo entre los productores y los consumidores de los referidos bienes y servicios».
«Por ello resulta necesario implementar medidas que permitan rápidamente recuperar el capital de trabajo y los bienes de capital que fueron sustraídos de la capacidad comercial de las víctimas de los eventos aquí señalados», concluye la resolución conjunta de las subsecretarías de Políticas para el Mercado Interno, y de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación.
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Caso Nisman: Procesan a ex fiscal Fein por encubrimiento agravado
El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por la contaminación corroborada en el departamento donde se encontraba sin vida el entonces titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman. El delito atribuido es el de encubrimiento agravado.
Después de haber sido indagada tras un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el magistrado encontró penalmente responsable de no haber preservado la escena del crimen: fue la justicia federal la que determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo yacía en el baño del departamento de Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.
En su momento, cuando el fiscal Taiano la imputó, consideró que su accionar fue “deficiente sobre la escena del crimen” y le atribuyó un conjunto de comportamientos que derivaron en el procesamiento.
Se la responsabilizó por la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo e ignorar la existencia de otros elementos que podrían haber aportado pistas”.
Viviana Fein fue responsable de la primera investigación por la muerte de Nisman -encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento- hasta que se jubiló y el expediente pasó a la justicia federal.
Mientras la justicia federal, el juez Ercolini y el fiscal Taiano, determinaron que la muerte del extitular de la UFI AMIA, se trató de un homicidio, se inició en paralelo, una causa para investigar si en la escena de la muerte de cometieron irregularidades por no preservar el lugar.
Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.
El 1 de abril el fiscal Taiano solicitó formalmente al juez el procesamiento de Viviana Beatriz Fein. Entre los puntos centrales el representante del Ministerio Público se refirió al rol como “directora del procedimiento original” y que en ese marco “no preservó debidamente la escena del crimen ni recolectó todas las pruebas necesarias”.
Entre las faltas específicas que se le atribuyen figuran: la tardanza de una hora y media al lugar pese a haber sido notificada debidamente. Hubo una “escena descontrolada”, ya que al llegar, “no habría tomado medidas para restringir la presencia de personas injustificadas (había unas 20 dentro del departamento y más de 30 en el complejo)”.
El comportamiento de Fein ponderado como un encubrimiento agravado, también contempló la “falta de vestimenta técnica” al entender que “ingresó a la escena y permitido el acceso de otros sin la vestimenta adecuada (cofias, guantes, etc.)”. Por ese motivo, se la responsabiliza por una “deficiente preservación” contexto en el que se le cuestiona “haber limitado la escena solo al interior del departamento, sin considerar el resto del complejo, y no haber advertido vías de acceso clave como el conducto de aires acondicionados”.
Después se habló de la “manipulación de evidencia” por lo cual el fiscal Taiano ya la había acusado de “haber permitido la manipulación del mobiliario y de elementos probatorios sin el resguardo correspondiente”.
Cuando formuló su descargo, la ex fiscal Viviana Fein rechazó todos los argumentos esgrimidos por Taiano. Entendió que en la acusación que pesa sobre ella había “falta de precisión” debido a que “no especificó qué prueba concreta se perdió o qué evidencia fue contaminada”.
También indicó que había muchas otras personas antes de que ella llegue al incluyendo familiares y fuerzas de seguridad y que la custodia del perímetro “correspondía a la Prefectura y a la policía como auxiliares de justicia”.
Después volcó en dos instancias de indagatoria, argumentos de carácter más técnicos: Alegó que ella no es “especialista en criminalística y que confió en el personal especializado de la Policía Federal para las tareas” correspondientes.
Pese a todos estos planteos, la justicia federal consideró que existen "elementos de convicción suficientes" para procesar a Fein por considerar que su accionar afectó de forma directa el desarrollo y el resultado de la investigación sobre la muerte de Nisman”
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PARO BANCARIO
La Asociación Bancaria convocó para este miércoles 13 a un paro de actividades que afectará parcialmente la atención al público en entidades bancarias públicas, principalmente durante las últimas horas de atención al público.
El paro alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, que funcionarán con horario reducido durante toda la jornada.
La medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía, ya que el gremio convocó a un paro nacional durante las últimas tres horas de atención bancaria.
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En el caso del Banco Central, la atención será únicamente entre las 10 y las 12, cuando habitualmente funciona hasta las 15. De esta manera, las actividades quedarán paralizadas desde el mediodía.
Por su parte, las sucursales del Banco Hipotecario también cerrarán tres horas antes de lo previsto, adhiriendo a la misma protesta sindical.
La reducción horaria podría generar demoras y complicaciones en distintos trámites presenciales, especialmente aquellos que requieren atención por ventanilla.
Entre las operaciones que podrían sufrir inconvenientes figuran: Acreditaciones bancarias. Depósito y cobro de cheques. Operaciones empresariales. Trámites presenciales en sucursales. Desde las entidades indicaron que podrían registrarse demoras administrativas debido al recorte de atención al público.
A pesar de la medida gremial, las operaciones digitales no tendrán interrupciones y funcionarán con normalidad durante toda la jornada.
Entre los servicios habilitados estarán: Transferencias bancarias. Home banking. Pagos electrónicos. Uso de billeteras virtuales. También continuará disponible la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.
Desde la Asociación Bancaria explicaron que la protesta se realiza en rechazo a medidas adoptadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario.
En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, entre ellas una que funciona en Bahía Blanca, una medida que —según denunciaron— podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar economías regionales.
Además, el gremio aseguró que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” pese a las negociaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo.
Respecto al Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el cierre de sucursales y despidos injustificados en distintas provincias, rechazando “cualquier política de achique” que afecte puestos laborales.
El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales si no existen respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades. (NA)
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Gobierno calificó a la Marcha Universitaria de ‘opositora’
El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.
A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA) la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que pretenden "instalar", en la sociedad, un discurso en el que pretenden "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas”.
“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.
Por otra parte, recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del "211,4% anual”: "Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron.
“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.
Por último, subrayaron que el Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza”. NA
