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Castells en la mira por robos a super

23 de agosto de 2023

El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, se atribuyó públicamente haber incentivado intentos de robos a supermercados y comercios ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país, y afirmó que le indicó a la gente que, «sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan» para, «aunque sea, canjear por comida».

Sus declaraciones le valieron una denuncia ante la justicia penal por parte del espacio político Republicanos Unidos y que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza -una de las provincias donde se produjeron intentos de robos organizados- abriera una causa con el fin de investigar la posible comisión de delito.

En su denuncia, Republicanos Unidos acusó a Castells de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien «públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución».

«Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como `nosotros’-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica», indicaron desde Republicanos Unidos en un comunicado de prensa.

La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal 6, que subroga el magistrado Daniel Rafecas quien este mediodía delegó la investigación en la fiscalía que encabeza Alejandra Mangano, informaron fuentes judiciales a Télam.

Como la investigación de cada hecho particular es potestad exclusiva de las jurisdicciones provinciales o locales en las que se produjeron los robos o intentos de robo, la investigación judicial que se abrió en Comodoro Py centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Castells en los medios de comunicación pública.

Con ese objetivo, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, se lleve adelante un relevamiento de estos episodios: la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante, informaron fuentes judiciales.

También se requirió que se realice un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país, según pudo saber esta agencia.

Finalmente se solicitó un pedido de informes a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación relativo al funcionamiento del Renacom, el registro de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.

La presentación judicial que dio origen al expediente lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza.

Las declaraciones televisivas de Castells también le valieron reproches y que se abrieran causas en otras jurisdicciones, como en Mendoza.

«El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida», afirmó anoche Castells en una entrevista con la señal televisiva Crónica TV.

Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: «Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses».

Castells aseguró anoche que «avisaron» a los funcionarios nacionales sobre esta situación y les advirtieron que «no tiren de la soga».

En tanto, el dirigente social rechazó que llamaran «ladrones» a «los vecinos, las amas de casas y la gente de los barrios» y aseveró: «Los ladrones son los que robaron el gobierno que tenían que entregar y los del supermercado que aumentan los precios».

Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que abrió de oficio una causa con el fin de investigar «la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblando y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo».

«La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta», indicaron desde la cartera a través de un comunicado.

En la causa abierta se requirió información a distintas dependencias y se solicitó el entrecruzamiento de los datos que de allí surjan con el objetivo de «determinar si los dichos de Castells tienen un sustento probatorio o si responden a otro fin».

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Sale a la venta el chalet con vistas al Obelisco porteño

El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.

El chalet y su altillo, que constituyen uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se encuentra a la venta junto a al edificio de estilo francés de más de 10.300 metros cuadrados construidos, ubicado en Sarmiento al 1100, y tiene un valor de 8 millones de dólares.

Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.

Pusieron en venta el chalet con vistas al Obelisco porteño
El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.

El chalet Díaz, que corona la edificación, responde a un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. Fue construido en 1927 por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires durante buena parte del siglo XX.

El chalet fue testigo de los ensanchamientos de la 9 de Julio y de la construcción del Obelisco, inaugurado en 1936.

Además de esa vista única, el chalet tiene cinco ambientes, el altillo y dos terrazas: 200 metros cuadrados cubiertos en total. Conserva gran parte de sus elementos originales, entre ellos pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.

Fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el amparo de la ley 1.227. Por lo tanto, cualquier proyecto que realicen los eventuales compradores del conjunto estará condicionado a ese estatus histórico y deberá adecuarse a las normas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y prevención de incendios.

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ARCA elimina la actualización automática de montos


ARCA (exAFIP) redefinió umbrales y criterios de cálculo para entidades financieras y agentes del mercado de capitales. Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el Régimen Informativo de Operaciones Financieras y eliminó la actualización automática de los montos mínimos que deben informar entidades financieras y agentes del mercado de capitales. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 5814/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio alcanza a bancos, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y agentes de colocación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La norma redefine umbrales, criterios de cálculo y obligaciones informativas.

Uno de los puntos centrales de la resolución elimina la actualización automática de los montos mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta ahora, la normativa obligaba a ajustar los pisos informativos semestralmente, en junio y diciembre de cada año.

Con la nueva disposición, Arca deja los montos fijos hasta que una futura resolución determine una modificación expresa. El organismo justificó la decisión en el incremento previo de los umbrales y en la estabilidad de las variables macroeconómicas.

Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526, que deben informar altas, bajas, modificaciones, saldos y movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas de la seguridad social y cuentas especiales bajo normativa del Banco Central.
Las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión (FCI) y los agentes de colocación y distribución integral de FCI, todos bajo supervisión de la CNV.
Nuevos umbrales de información mensual
La resolución también modificó la forma en que los ALyC y las sociedades depositarias de FCI deben informar las operaciones. A partir de ahora, los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.

El monto neto surge de la sumatoria de todas las transacciones realizadas durante el mes, incluidos comisiones, gastos y transferencias entre agentes, clientes o cuotapartistas.

Para determinar si se supera el umbral, ARCA no considera operaciones aisladas, sino la suma mensual de compra y venta de títulos (bonos, acciones y suscripción o rescate de cuotapartes de FCI), movimientos de fondos, pases y cauciones.

Si la sumatoria total mensual supera el tope correspondiente, el agente debe informar la totalidad de las operaciones, incluso aquellas de menor monto individual.

En el caso de operaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará según el tipo de cambio comprador del Banco Nación, tomando como referencia la fecha de liquidación o el último día hábil del mes informado.

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Celulares más baratos

Los aranceles a la importación de teléfonos celulares serán eliminados completamente a partir de este jueves 15 de enero. En función del decreto 333/25 publicado en mayo de 2025, el gobierno nacional reducirá definitivamente la tasa aduanera a 0%.

Esta normativa fue planteada progresivamente en dos tramos. En primer lugar se bajó el impuesto del 16% al 8% en el momento en el que se publicó en el Boletín Oficial y, finalmente bajarlo de 8% a una alícuota del 0% desde este jueves.

Además de este esquema de beneficios impositivos, la determinación incluye la supresión de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego (bajaron del 9% al 0%), además de la reducción de impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos que vengan desde el exterior, que pasaron del 19% al 9,5%.

Mediante esta decisión, el gobierno busca incrementar la oferta de dispositivos, estimular la competencia, disminuir los valores finales de los productos y facilitar el acceso a los consumidores.

Según las proyecciones oficiales, la medida provocará un descenso de los precios de aproximadamente el 30 %. El objetivo es igualar las condiciones de los productos nacionales con los importados, en una época donde los precios locales son altamente elevados en comparación con otros países vecinos.

Sin embargo, el impacto en los precios de los celulares no será de inmediato. La llegada de los nuevos valores al consumidor final dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y el stock de los comercios.

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