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Alquileres: buscan derogar la ley
21 de agosto de 2023
El problema de acceso a la vivienda parece haberse agravado aún mas luego de la devaluación post PASO y la consecuente suba de precios en un preocupante contexto inflacionario. La Ley de Alquileres no solo no ha logrado solucionar este problema, sino que ha generado rechazo tanto en inquilinos como propietarios. En este marco, la oposición buscará la semana próxima modificar o derogar la norma sancionada en 2020.
Diputados de los bloques de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Juntos por Río Negro mantuvieron una reunión vía Zoom para analizar las posibilidad de conseguir el quórum suficiente para sesionar el miércoles 23 de agosto y discutir el tema en la Cámara Baja. Las bancadas opositoras mantienen diferencias con respecto a la legislación aprobada hace tres años.
El pasado 5 de julio legisladores opositores buscaron tratar sobre tablas la derogación de la Ley de Alquileres, sin embargo el intento fracasó y ahora Juntos por el Cambio y los demás bloques de la oposición reclaman una sesión para la semana próxima.
En el encuentro virtual, los diputados Mario Negri de la Unión Cívica Radical; Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Agustín Domingo, de Juntos por Rio Negro, comenzaron a evaluar las posibilidades que tienen para reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos.
El oficialismo tiene la decisión de mantener los ejes centrales de la actual ley, que establece tres años de convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual de los valores que se acuerden entre las partes. Desde el FDT aún no definieron si darán quórum, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender ese despacho, en el que se incluyen beneficios impositivos para los propietarios que destinen unidades para alquiler. Enfatizaron que la solución pasa por sumar incentivos para mejorar la oferta de viviendas. Mientras que entre los bloques opositores no logran resolver si buscarán la reforma de la norma o impulsarán la derogación de la misma, como reclama gran parte de JxC.
No obstante, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen de minoría donde propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. En el bloque opositor hay legisladores que cuestionan el plazo de ajuste fijado para los alquileres, mientras que en otros espacios estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.
Los diferentes bloques definirán cuántos legisladores pueden aportar para la posible sesión de la semana próxima y la postura que asumirán frente a la legislación. Frente al escenario incierto, este jueves habrá un nuevo encuentro entre los referentes de los espacios opositores.
“Estamos muy preparados y organizándonos para el próximo miércoles 23 para tratar la modificación o derogación de alquileres, tal como pedimos en la última sesión que tuvimos. Ese es nuestro objetivo”, manifestó este miércoles Pablo Tonelli. El diputado del PRO señaló que confía y tiene “la esperanza” de alcanzar el quórum “y la mayoría para tratar las modificaciones o la derogación” de la norma.
Luego de las elecciones PASO el coletazo impactó en el acceso a la vivienda y se hizo sentir con fuerza dentro de un escenario que ya venía complejo: al comienzo de esta semana, se registran aumentos de 20% mensual para quienes firmaron un contrato nuevo o extensión, otros acuerdos se dolarizaron y por fuera de la Ley de Alquileres se pactan actualizaciones cada 3 meses.
Hoy, un departamento de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de unos $250.000 por mes, un número alto para un asalariado que también sufre por una nueva devaluación desde el lunes.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, destacó a este medio que “estamos perdiendo clientes, porque muchos propietarios terminan pactando con sus inquilinos prórrogas o hacen nuevos contratos. Estamos muy preocupados y la realidad es que cuando hay malas leyes hay malos resultados”.
Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), dijo que “estamos muy preocupados y esperamos que el miércoles que viene en el Congreso Nacional se dé el primer paso para corregir lo que está mal. Creemos que los contratos deben volver a dos años de duración y encontrar otro tipo de ajuste que no perjudique tanto al bolsillo de los inquilinos”.

Qué dicen los inquilinos
Semanas atrás, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó que “volver a dos años de contratos sería una locura. Habría que reformar el artículo 14 de la ley y tratar de generar condiciones para que los propietarios sean seducidos para que vuelvan a destinar sus inmuebles en locación tradicional”.
Por su parte, Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, comentó que “volver a contratos a dos años es una regresión en derechos que vulnera la estabilidad en la tenencia de los hogares inquilinos sin que nadie, al día de hoy, pueda demostrar ni ofrecer garantías de cómo eso mejoraría la oferta del mercado, mientras la problemática está ligada con otros factores macroeconómicos que no van a cambiar milagrosamente. Es un simple intento de desregular para dar carta blanca a los abusos inmobiliarios a cambio de nada”.
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El desempleo subió llegó al 7,9%
El desempleo en la Argentina llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). A partir de las cifras, se proyecta que 1,8 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
En tanto, la desocupación en Mar del Plata es de 9,9% y afecta a 34 mil personas, lo que marca una suba de respecto al mismo período del año pasado cuando fue de 6,3%.El índice de desempleo de General Pueyrredon supera la media nacional que fue de 7,9%.
El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
En la comparación interanual, el desempleo se incrementó 0,3 puntos, al subir de 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en el mismo período de este año.
El INDEC también indicó que la tasa de actividad —que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total— alcanzó el 48,9%; mientras que la tasa de empleo —que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total— se ubicó en 45%.
Por su parte, la tasa de desocupación —personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA— se ubicó en 7,9%.
En la comparación interanual, la informalidad en el empleo presentó un aumento de 1 punto con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la proporción de trabajadores por cuenta propia dentro de los informales aumentó 3 puntos, de 34,3% a 37,3%).
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Dónde está Julio López
El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López se preparó para dejar su casa en el barrio platense de Los Hornos. Lo iba a ir a buscar un sobrino para asistir a las últimas horas del juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. El hombre, de 76 años en ese momento, había ofrecido un testimonio clave del juicio que terminó condenando al excomisario a prisión perpetua. López cerró con llave, salió, y los últimos que lo vieron fueron unos vecinos. Había desaparecido durante la dictadura; desapareció de nuevo en 2006. Veinte años después, nada de sabe de él y, así, corre el riesgo de desaparecer por tercera vez, esta vez de la memoria. Mientras tanto, tanto la Nación como el Gobierno bonaerense mantienen activas sendas recompensas por cualquier dato que conduzca a su paradero.
López había nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 1929. Se instaló en Los Hornos hacia 1955 y en 1973 comenzó a colaborar con la unidad básica Juan Pablo Maestre, ubicada a pocas cuadras de su casa.
La noche del 27 de octubre de 1976 fuerzas de seguridad ingresaron a Los Hornos con el fin de secuestrar a los militantes del barrio. Entre los detenidos-desaparecidos se encontraba Jorge Julio López.
Las fuerzas que lo secuestraron junto a las demás personas estaban bajo el mando de Etchecolatz, por entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del entonces jefe de Policía de la provincia, Ramón Camps. Etchecolatz dirigía los 21 centros clandestinos de detención (CCD) que había instalado la Bonaerense.
López estuvo detenido-desaparecido en cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. Allí sufrió torturas y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos compañeros de militancia en el barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell'Orto.
El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de haber sido secuestrado, fue "blanqueado" cuando el dictador Jorge Rafael Videla dispuso formalmente su detención sin juicio en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata, de donde fue liberado el 25 de junio de 1979.
Luego de su liberación, López se mantuvo en silencio sobre el tema durante muchos años. Recién dos décadas después, el 7 de julio de 1999 declaró como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata, sin que se enterara ningún miembro de su familia. Allí relató en detalle, ante los jueces de la Cámara de Federal de Apelaciones, su secuestro, las torturas sufridas, los asesinatos, violaciones y demás delitos de lesa humanidad que presenció, y los diferentes centros clandestinos en los que estuvo.

Jorge Julio López declara en el juicio contra Etchecolatz.
Más tarde, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La causa por delitos de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz fue la primera en ser reabierta y Jorge Julio López fue uno de los testigos directos que declaró en el juicio sobre los crímenes que se le imputaban al represor.
López declaró en esa causa el 28 de junio de 2006. Sus hijos, hasta ese momento, nunca lo habían oído contar que alguna vez hubiera estado detenido.
Dos meses y medio después, el 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos. López había arreglado con su sobrino Hugo Savegnago que lo pasara a buscar por su casa, con el fin de asistir al tribunal. Pero cuando Savegnano llegó a su casa no lo encontró. Según testimonios de los vecinos, salió de su casa por su propia voluntad y fue visto caminando solo por las cuadras adyacentes.
Al día siguiente, Etchecolatz y otros catorce represores fueron condenados por delitos cometidos en el centro de detención clandestino de La Cacha. Mientras se leía la sentencia, el fotógrafo Leo Vaca, del portal Infojus, tomó varias fotografías a Etchecolatz sosteniendo un papel, donde se leía escrita a mano la siguiente anotación: "Jorge Julio López".
La causa judicial formada para investigar su desaparición fue asignada al Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco hasta su muerte en 2014. Al principio, la causa fue caratulada como desaparición simple y la investigación del hecho quedó a cargo de la Policía Bonaerense, la misma fuerza de la que Etchecolatz había sido un alto funcionario.
En mayo de 2008, la causa fue caratulada “López, Jorge Julio, s/ desaparición forzada de personas” y la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación.
En estos últimos 20 años hubo muchas ideas y vueltas sobre el paradero del albañil. Se habló al principio de un shock traumático que lo habría llevado a extraviarse, luego de grupos de extrema derecha que lo habrían secuestrado, y hasta se siguió una pista que apuntaba a su hijo Rubén López como responsable de su desaparición.
Pero nada se sabe todavía.
En los últimos meses, el Gobierno de Axel Kicillof aumentó la recompensa para quienes aporten datos que permitan determinar el paradero de López. Según se informó, la suma será de entre $ 5 millones y $ 10 millones, de acuerdo con la relevancia de la información aportada y los resultados que permita obtener en la investigación.
Desde el Gobierno provincial recordaron que la recompensa había sido establecida originalmente en 2006 y que posteriormente fue incrementada en varias oportunidades.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $ 5 millones por la misma causa.
Detalle: en septiembre de 2010 el entonces ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, afirmó que la recompensa por datos de López se había llevado a 1,5 millones de pesos. Esa suma equivalía a casi US$ 380.000, que traducidos al cambio actual son 590 millones de pesos. Nada menos.
Desde 2007, cuando se cumplió el primer año de la desaparición de Jorge Julio López, se realizan marchas cada 17 de septiembre en varios puntos del país en reclamo de justicia por el hecho.
Las marchas más fuertes se llevan a cabo en la ciudad de La Plata, con fuertes críticas a los gobiernos nacional y bonaerense.
Un mural en 7 y 48, en el centro platense, busca mantener la memoria del albañil que desapareció dos veces. Cada año los artistas modifican el número que marca el tiempo que pasó desde ese 17 de septiembre de 2006, y debajo aparece la frase “¿A qué te podés acostumbrar?”.
Además, en las paredes de la capital de la provincia grafitis, esténciles y otras intervenciones urbanas recordaban su figura con versiones modificadas de un famoso retrato de la fotógrafa Helen Zout.
Intervención urbana en La Plata durante la marcha por Jorge Julio López el 17 de septiembre de 2010. DIB | Marcelo Metayer
Uno de los esténciles, pintado hacia 2009, afirmaba: “Ya me olvidarás”.
Esténcil de Julio López en diagonal 73, La Plata. DIB | Marcelo Metayer
Dos décadas después de aquella mañana misteriosa en Los Hornos, ese olvido parece que quiere llevar a López a su tercera desaparición. DIB. PorMarcelo Metayer
Foto :Una placa con la cara de Jorge Julio López, elaborada con baldosas por la fábrica Zanon, reclamándole al gobierno de Néstor Kirchner la aparición de Jorge Julio López, en la Pirámide de Mayo.
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ATENCIÓN! Modifican el sistema de control de la AUH
El Gobierno nacional modificó el sistema utilizado para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y amplió el mecanismo de verificación automática de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial. La medida se conoce horas después que el Gobierno mandara el Presupuesto 2027 al Congreso y entre su articulado está la intención de eliminar los aumentos automáticos de las asignaciones familiares y la AUH.
Hasta ahora, la Ley 24.714 establecía que el 80% de la asignación se abonaba mensualmente y que el 20% restante quedaba retenido hasta que el titular acreditara el cumplimiento de determinadas condiciones.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, debían comprobarse los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio, mientras que para los niños y adolescentes en edad escolar también debía acreditarse la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.
En los considerandos de la flamante normativa, el Gobierno recordó que mediante la Resolución 1170/2025 se había implementado un mecanismo de verificación automática únicamente para los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años. Ahora, se decidió ampliar ese sistema "tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios de dicha prestación".
Los cambios en la AUH
La principal modificación establece que "el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática a través del intercambio de información segura entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
La resolución mantiene, sin embargo, una vía alternativa para aquellos casos en los que la información no esté disponible en las bases oficiales. En esos casos, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".
Según el nuevo esquema, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños de hasta cuatro años, "el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación".

