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Alquileres: buscan derogar la ley
21 de agosto de 2023
El problema de acceso a la vivienda parece haberse agravado aún mas luego de la devaluación post PASO y la consecuente suba de precios en un preocupante contexto inflacionario. La Ley de Alquileres no solo no ha logrado solucionar este problema, sino que ha generado rechazo tanto en inquilinos como propietarios. En este marco, la oposición buscará la semana próxima modificar o derogar la norma sancionada en 2020.
Diputados de los bloques de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Juntos por Río Negro mantuvieron una reunión vía Zoom para analizar las posibilidad de conseguir el quórum suficiente para sesionar el miércoles 23 de agosto y discutir el tema en la Cámara Baja. Las bancadas opositoras mantienen diferencias con respecto a la legislación aprobada hace tres años.
El pasado 5 de julio legisladores opositores buscaron tratar sobre tablas la derogación de la Ley de Alquileres, sin embargo el intento fracasó y ahora Juntos por el Cambio y los demás bloques de la oposición reclaman una sesión para la semana próxima.
En el encuentro virtual, los diputados Mario Negri de la Unión Cívica Radical; Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Agustín Domingo, de Juntos por Rio Negro, comenzaron a evaluar las posibilidades que tienen para reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos.
El oficialismo tiene la decisión de mantener los ejes centrales de la actual ley, que establece tres años de convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual de los valores que se acuerden entre las partes. Desde el FDT aún no definieron si darán quórum, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender ese despacho, en el que se incluyen beneficios impositivos para los propietarios que destinen unidades para alquiler. Enfatizaron que la solución pasa por sumar incentivos para mejorar la oferta de viviendas. Mientras que entre los bloques opositores no logran resolver si buscarán la reforma de la norma o impulsarán la derogación de la misma, como reclama gran parte de JxC.
No obstante, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen de minoría donde propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. En el bloque opositor hay legisladores que cuestionan el plazo de ajuste fijado para los alquileres, mientras que en otros espacios estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.
Los diferentes bloques definirán cuántos legisladores pueden aportar para la posible sesión de la semana próxima y la postura que asumirán frente a la legislación. Frente al escenario incierto, este jueves habrá un nuevo encuentro entre los referentes de los espacios opositores.
“Estamos muy preparados y organizándonos para el próximo miércoles 23 para tratar la modificación o derogación de alquileres, tal como pedimos en la última sesión que tuvimos. Ese es nuestro objetivo”, manifestó este miércoles Pablo Tonelli. El diputado del PRO señaló que confía y tiene “la esperanza” de alcanzar el quórum “y la mayoría para tratar las modificaciones o la derogación” de la norma.
Luego de las elecciones PASO el coletazo impactó en el acceso a la vivienda y se hizo sentir con fuerza dentro de un escenario que ya venía complejo: al comienzo de esta semana, se registran aumentos de 20% mensual para quienes firmaron un contrato nuevo o extensión, otros acuerdos se dolarizaron y por fuera de la Ley de Alquileres se pactan actualizaciones cada 3 meses.
Hoy, un departamento de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de unos $250.000 por mes, un número alto para un asalariado que también sufre por una nueva devaluación desde el lunes.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, destacó a este medio que “estamos perdiendo clientes, porque muchos propietarios terminan pactando con sus inquilinos prórrogas o hacen nuevos contratos. Estamos muy preocupados y la realidad es que cuando hay malas leyes hay malos resultados”.
Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), dijo que “estamos muy preocupados y esperamos que el miércoles que viene en el Congreso Nacional se dé el primer paso para corregir lo que está mal. Creemos que los contratos deben volver a dos años de duración y encontrar otro tipo de ajuste que no perjudique tanto al bolsillo de los inquilinos”.
Qué dicen los inquilinos
Semanas atrás, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó que “volver a dos años de contratos sería una locura. Habría que reformar el artículo 14 de la ley y tratar de generar condiciones para que los propietarios sean seducidos para que vuelvan a destinar sus inmuebles en locación tradicional”.
Por su parte, Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, comentó que “volver a contratos a dos años es una regresión en derechos que vulnera la estabilidad en la tenencia de los hogares inquilinos sin que nadie, al día de hoy, pueda demostrar ni ofrecer garantías de cómo eso mejoraría la oferta del mercado, mientras la problemática está ligada con otros factores macroeconómicos que no van a cambiar milagrosamente. Es un simple intento de desregular para dar carta blanca a los abusos inmobiliarios a cambio de nada”.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
