País
Crece demanda de inquilinos
2 de agosto de 2023
Organizaciones y entidades dedicadas a la problemática habitacional aseguraron que el porcentaje de hogares alquilados en la Argentina es del 20 por ciento, según el último censo de 2022, un 4 por ciento más que en el anterior relevamiento nacional del 2010, es decir que, en la actualidad, son más de 2 millones de viviendas y alrededor de 8 millones de personas.
Así lo señaló Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien aseguró que la problemática involucra «a un montón de gente como para no tener en cuenta en una política habitacional».
Bercovich también compartió un trabajo realizado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) junto al CELS y la Unsam (Universidad Nacional de San Martín) en el que se destacó que el 32% de los inquilinos encuestados destina «más de la mitad de su salario para pagar el alquiler» y que «el 63% de las personas que alquilan están endeudadas, ya sea con familiares, con amigos o con entidades financieras».
El 77% de las personas que alquilan establecen porcentajes de aumentos de «antemano», es decir, por afuera de la ley de alquileres, lo que demuestra un bajo porcentaje del cumplimiento de esta normativa.
Un dato que se mostró como preocupante es el crecimiento de la vivienda ociosa y de alquileres turísticos: entre 2018 y 2023 aumentaron en un 45% y pasaron de 118 mil a casi 200 mil, mientras que hay muchas viviendas destinadas a alquileres temporarios.
Ante esta situación, las organizaciones proponen llevar a cabo un programa que aplique el artículo 17 de la Ley Nacional de Alquileres y que el mismo sea «sustentable en términos financieros y contar con mecanismos de financiamiento que garanticen su sustentabilidad y, al mismo tiempo, guíen la inversión privada en vivienda en alquiler».
La propuesta contempla «restricciones tributarias al suelo urbano ocioso (vivienda vacías y baldíos); regulaciones a nivel provincial y local del alquiler temporario (cobro de tasas y límites por zona); aplicación de los instrumentos de captación de plusvalías urbanas (propiciar el cobro en metros cuadrados)», entre otras.
Estos datos se desprenden de estimaciones del Observatorio Federal Urbano, basadas en datos del Censo Nacional realizado en 2010, material con el que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la organización Techo realizaron un diagnóstico de situación sobre el acceso al hábitat y la vivienda.
Durante la presentación del trabajo en conjunto, María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec, aseguró: «Estamos a 40 años del inicio de la democracia, tenemos esta deuda pendiente, que es muy fuerte, muy acuciante y nos afecta la calidad de vida a todos y todas».
Por otra parte, Boix remarcó que «uno de cada tres hogares en Argentina no cuenta con una vivienda adecuada» e hizo hincapié en que la definición «de vivienda no es solo la de la RAE» (Real Academia Española), sino que «una vivienda adecuada tiene también acceso a servicios, hay infraestructuras, instalaciones, material de calidad, pisos, techos, paredes, seguridad de la tenencia, o sea, que no te van a venir a desalojar o que no vas a tener un problema con un familiar el día de mañana».
El diagnóstico de situación realizado por las organizaciones afirma que son 4 millones de familias las que no cuentan con una vivienda adecuada y que 1.300.000 necesitan directamente una nueva, sea porque es compartida o porque la situación estructural en la que se encuentra es muy vulnerable.
En tanto, los 2.700.000 restantes necesitan «ampliaciones y/o mejoras críticas», como techos, paredes o el acceso a algún derecho básico.
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
