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Crece demanda de inquilinos

2 de agosto de 2023

Organizaciones y entidades dedicadas a la problemática habitacional aseguraron que el porcentaje de hogares alquilados en la Argentina es del 20 por ciento, según el último censo de 2022, un 4 por ciento más que en el anterior relevamiento nacional del 2010, es decir que, en la actualidad, son más de 2 millones de viviendas y alrededor de 8 millones de personas.

Así lo señaló Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien aseguró que la problemática involucra «a un montón de gente como para no tener en cuenta en una política habitacional».

Bercovich también compartió un trabajo realizado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) junto al CELS y la Unsam (Universidad Nacional de San Martín) en el que se destacó que el 32% de los inquilinos encuestados destina «más de la mitad de su salario para pagar el alquiler» y que «el 63% de las personas que alquilan están endeudadas, ya sea con familiares, con amigos o con entidades financieras».

El 77% de las personas que alquilan establecen porcentajes de aumentos de «antemano», es decir, por afuera de la ley de alquileres, lo que demuestra un bajo porcentaje del cumplimiento de esta normativa.

Un dato que se mostró como preocupante es el crecimiento de la vivienda ociosa y de alquileres turísticos: entre 2018 y 2023 aumentaron en un 45% y pasaron de 118 mil a casi 200 mil, mientras que hay muchas viviendas destinadas a alquileres temporarios.

Ante esta situación, las organizaciones proponen llevar a cabo un programa que aplique el artículo 17 de la Ley Nacional de Alquileres y que el mismo sea «sustentable en términos financieros y contar con mecanismos de financiamiento que garanticen su sustentabilidad y, al mismo tiempo, guíen la inversión privada en vivienda en alquiler».

La propuesta contempla «restricciones tributarias al suelo urbano ocioso (vivienda vacías y baldíos); regulaciones a nivel provincial y local del alquiler temporario (cobro de tasas y límites por zona); aplicación de los instrumentos de captación de plusvalías urbanas (propiciar el cobro en metros cuadrados)», entre otras.

Estos datos se desprenden de estimaciones del Observatorio Federal Urbano, basadas en datos del Censo Nacional realizado en 2010, material con el que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la organización Techo realizaron un diagnóstico de situación sobre el acceso al hábitat y la vivienda.

Durante la presentación del trabajo en conjunto, María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec, aseguró: «Estamos a 40 años del inicio de la democracia, tenemos esta deuda pendiente, que es muy fuerte, muy acuciante y nos afecta la calidad de vida a todos y todas».

Por otra parte, Boix remarcó que «uno de cada tres hogares en Argentina no cuenta con una vivienda adecuada» e hizo hincapié en que la definición «de vivienda no es solo la de la RAE» (Real Academia Española), sino que «una vivienda adecuada tiene también acceso a servicios, hay infraestructuras, instalaciones, material de calidad, pisos, techos, paredes, seguridad de la tenencia, o sea, que no te van a venir a desalojar o que no vas a tener un problema con un familiar el día de mañana».

El diagnóstico de situación realizado por las organizaciones afirma que son 4 millones de familias las que no cuentan con una vivienda adecuada y que 1.300.000 necesitan directamente una nueva, sea porque es compartida o porque la situación estructural en la que se encuentra es muy vulnerable.

En tanto, los 2.700.000 restantes necesitan «ampliaciones y/o mejoras críticas», como techos, paredes o el acceso a algún derecho básico.

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Ventas minoristas pyme bajan 5,2% interanual en diciembre

En diciembre, el comercio minorista pyme experimentó un retroceso del 5,2% interanual a precios constantes. En contrapartida, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%. Con estos valores, el índice de todo el 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%. 
El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos.
Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%).
La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.  En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual.
Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.  Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Bazar y decoración (-15%) y Perfumerías (-9,8%).
En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una suba del 0,8%.  En resumen, diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%.
El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo. 
De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda. 
Informe CAME
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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40

El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas

El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.

El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.

La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.

El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.

Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.

En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.

Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.

El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.

El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.

El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.

Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.

En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.

El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.

Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.

“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.

La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.

En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.El incendio forestal mantiene enEl incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.

Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.

Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN

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Megaproyectos minerales

En el marco de la presentación de megaproyectos minerales para la Argentina, el presidente Javier Milei recibió este jueves a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, en la provincia de San Juan.

La empresa incluye una alianza de dos gigantes de la minería como BHP -la más grande del mundo- y Lundin Mining, y aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los depósitos Josemaria y Filo del Sol.

Ahora, busca que el Gobierno lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para proteger jurídicamente su actividad y destinar unos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.

El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá a lo largo de este año.

En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.

En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$ 400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.

Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.

Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.

Según se comunicó, "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras".

Entre ellas está la adaptación de la "Ley de Glaciares", cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero.

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