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El campo pide modificar resolución que encarece los juicios laborales
12 de julio de 2023
La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) solicitaron hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22. Asimismo, reclamaron que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad.
Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.
La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas.
Y es que la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
La tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT. Así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación. Esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes.
A su vez, también viola el art. 75 inc. 12 en tanto únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo. Y, finalmente, también se violenta el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero nunca y en ningún caso la modificación de las leyes. Por último, al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad.
Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.
Como conclusión, SRA, CAME y CONINAGRO expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.
Cabe destacar que la presentación de las tres entidades se acompañó de un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, que ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Malvinas: ‘No puede haber decisiones unilaterales’
El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la intimación argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y detalló por qué se fijó un plazo de dos semanas. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa, y con la decisión oficial de llevar el caso ante una instancia internacional.
En una entrevista con A24, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. También destacó que el país presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.
Quirno sostuvo que el reclamo argentino se apoya en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, señaló al describir la estrategia. Según planteó, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. El Gobierno otorgó dos semanas para que responda antes de avanzar con el procedimiento previsto.
El funcionario explicó que ese período no es arbitrario, sino que responde a los pasos requeridos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”, afirmó. De ese modo, la Argentina ofrece al Reino Unido la opción de detener las operaciones.
Quirno también cuestionó la participación de las compañías involucradas en la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país. El planteo oficial busca marcar que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales.
Consultado por un encuentro en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Dijo que el diálogo sobre el tema es intenso y aludió al respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.
La postura de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje, mientras continúan las gestiones con Londres y Santiago.
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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte
El Gobierno le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.
Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas y en el que se detalló: “Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”.
Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”
Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
