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El campo pide modificar resolución que encarece los juicios laborales
12 de julio de 2023
La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) solicitaron hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22. Asimismo, reclamaron que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad.
Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.
La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas.
Y es que la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
La tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT. Así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación. Esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes.
A su vez, también viola el art. 75 inc. 12 en tanto únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo. Y, finalmente, también se violenta el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero nunca y en ningún caso la modificación de las leyes. Por último, al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad.
Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.
Como conclusión, SRA, CAME y CONINAGRO expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.
Cabe destacar que la presentación de las tres entidades se acompañó de un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, que ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Milei sale en auxilio de los bomberos
El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos
| Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.  “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad. Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno. “Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución. Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son: |
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YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones
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Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.
Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.
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Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.
“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.
Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.
Call con Preska
Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6G6LUGHR6JEQJINQIHSTHX2RHI.jpg%20420w)
La jueza de Nueva York Loretta Preska
Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.
Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.
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Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores
El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.
“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.
Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.
Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.
Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.
La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.
En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.
Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.
Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.
Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.
