2 de julio de 2023

La Iglesia católica pidió hoy trabajar por «una democracia participativa» y con «pluralidad», sin «claudicar» ante los sectores que cuestionan el sistema democrático, y reclamó «bienestar para el pueblo» con «tierra, techo y trabajo», en el cierre de la Semana Social que organiza anualmente la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Mar del Plata.

Al mismo tiempo, en un documento con fuerte tono político, advirtió que «el fin del estado de bienestar no puede resolverse con leyes represivas, que no consideran los fundamentos sociales de tales problemáticas» ; reclamó por las «deudas en la calidad de formación» educativa y alertó sobre los «golpes de Estado blandos» en Latinoamérica.

«Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, con la correspondiente pluralidad. Hay sectores que hoy cuestionan el sistema democrático, pero no debemos claudicar, es el marco y estilo de vida que hemos elegido tener», destacó el mensaje final.

La lectura del texto de cierre del encuentro de tres días estuvo encabezada por monseñor Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien junto a los obispos Pedro María Laxague y Ernesto Giobando subrayaron que «ninguna solución basada en la eliminación del otro puede ser un buen camino para re-crear la democracia».

«Es necesario recuperar la pertenencia a la patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todos, no dejando a nadie afuera», puntualizó la Iglesia, y llamó a luchar «para recuperar la vigencia y el protagonismo popular en las instituciones sociales y políticas».

En ese sentido, expresó: «Hablamos de una democracia que signifique la construcción de ciudadanía plena, de ejercicio de derechos, que asegure condiciones para el bienestar de nuestro pueblo, que supere la fragmentación, con sensibilidad social, con tierra, techo y trabajo que garantice igualdad de oportunidades, con independencia económica».

El mensaje final de este encuentro, que se desarrolló como cada año en el Hotel 13 de Julio marplatense, subrayó además que hubo una «expresión casi unánime de todos los participantes sobre la relevancia de un compromiso transversal para lograr consensos en materia de políticas públicas sostenidas para proyectar la educación, el empleo, la justicia y el desarrollo económico con inclusión».

Destacó en ese sentido las reflexiones surgidas a lo largo de los tres días de trabajo, en los que intervinieron dirigentes como el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; su par de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la titular de Educación porteña, Soledad Acuña, entre otros.

En esa línea, el pronunciamiento resaltó las intervenciones que apuntaron a la «necesidad de mayor industrialización y políticas de agregación de valor a las materias primas para la generación de empleo» y a «lograr los acuerdos necesarios para combatir la inflación y sostener el crecimiento en una coyuntura que se presenta con optimismo en los tiempos económicos que vienen».

A la vez, la Iglesia resaltó la necesidad de «mejorar el acceso a la justicia y avanzar contra la impunidad», y expresó que «el fin del estado de bienestar no puede resolverse con leyes represivas, que no consideran los fundamentos sociales de tales problemáticas».

En cuanto a la educación, puntualizó que «si bien se atravesó el crecimiento de la inclusión educativa» desde la recuperación democrática, «se registran deudas en la calidad de formación, rescatándose la escuela como espacio de paz, de amor a la patria y convivencia social».

El texto advirtió sobre «golpes de Estado blandos» que se registran en América Latina, que pretenden «desconocer la voluntad popular», y subrayó «la necesidad de sostener las políticas de derechos humanos construidas desde 1983 hasta la fecha como políticas de estado».

«Necesitamos un análisis sereno, reflexivo, profundo, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir», indicó además, y llamó «una vez más a ponernos la patria al hombro».