El presidente Javier Milei salió al cruce de los senadores luego de confirmarse que pasarán a cobrar cerca de 9 millones de pesos en bruto, en el marco de un reciente aumento de 6,5% que percibirán en dos tramos.

“EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO”, encabezó el posteo en X el mandatario.

Siguió: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. Por qué? Porque ésta administración entiende que  el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”.

“Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”; continuó Milei.

En esa línea, preguntó: “¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos".

“No sé quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, completó.

En otro tuit, Milei apuntó contra Martín Lousteau, quien en el anterior aumento que se aprobaron a mano alzada los legisladores de la Cámara Alta, se había quejado que "un senador no puede ganar lo mismo que un cajero de banco".

“PREGUNTA ¿Tanto gana un cajero de banco o estamos frente a un tremendo hipócrita mentiroso?”, aseveró el jefe de Estado.

CÓMO SERÁ EL AUMENTO

El primer tramo del aumento se aplicará en un 3,5%retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se efectuará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.

“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo.No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron. 

A su vez, explicaron a NA que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo,Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso. 

El Senado acordó este lunes un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

Desde la Presidencia del Senado trascendió que la vice, Victoria Villarruel, no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se “desengancharan del aumento”.

El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1º de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1º de agosto.

“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.

A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso.

"Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos”, manifestaron.

Las fuentes insistieron en que “es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no”.

La resolución lleva la firma de las autoridades de la secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo y el secretario parlamentario Agustín Giustinian, y por Diputados la secretaria administrativa Laura Oriolo y el secretario general Diego Molina Gómez, con los sectores sindicales.

También firman la resolución Norberto Di Próspero y Fabián Zacardi por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roig de UPCN.

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expondrán desde las 14 sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrollará una nueva ronda con especialistas invitados.

Participarán de la reunión informativa el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; el diputado nacional y neurólogo Facundo Manes; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario  de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner. 

A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.

Además de analizarse esta iniciativa del Gobierno, fueron convocados para defender sus propios proyectos los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Agustina Propato (Unión por la Patria), Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Roxana Reyes y Fabio Quetglas (UCR).

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.

En este último caso,la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.

“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.

No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. 

Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. 

Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.

En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

Y se puntualiza que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.