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El avión de los ‘vuelos de la muerte’ es patrimonio nacional
26 de junio de 2023
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, valoró que la recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado en los llamados «vuelos de la muerte» durante la última dictadura cívico militar, sirva para «contrarrestar los discursos de odio», mientras familiares de «Los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz» reclamaron la sanción de una ley «contra el negacionismo».
«Tiene un símbolo muy grande, por este avión pasaron nuestras Madres de Plaza de Mayo y demuestra la perversidad de esa dictadura militar. La repatriación se puede dar por toda la política de Memoria y Verdad y Justicia», destacó Pietragalla Corti a la prensa tras el acto que encabezaron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, en el Aeroparque Jorge Newbery.
El funcionario destacó la «decisión política» del Poder Ejecutivo para repatriar la aeronave que había sido vendida por Carlos Menem en la década del ’90 y remarcó que su adquisición es «para contrarrestar los discursos de odio y al negacionismo».
Massa y Cristina Kirchner estuvieron acompañados por Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, y Mabel Careaga, hija de Esther Careaga, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, arrojadas desde el avión Skyvan PA-51 junto con otras 10 personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.
En ese vuelo también estaban la Madre de Plaza de Mayo María Eugenia Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
«Las emociones son encontradas porque es un logro que esté en Argentina, es un logro que sea una prueba más del horror de este país, y sin embargo la tristeza que me da pensar que fue el último lugar de mi mamá con vida y que de este avión la tiraron», resaltó Cecilia De Vincenti a Télam.
Con el avión de fondo, De Vincenti y Careaga respondieron preguntas de la prensa dándoles la espalda también a la costa del Río de la Plata, donde eran arrojadas con vida las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
«Me cuesta, por eso prefiero tenerlo a mis espaldas y no mirarlo porque no puedo separar la idea de que mi mamá la última vez que estuvo con vida fue arriba de este avión», dijo emocionada Careaga a Télam, que mientras atendía a la prensa también recibía las consultas de su nieta pequeña sobre el avión.
Los sentimientos encontrados primaron durante la jornada y fueron compartidos por Carlos Oviedo, hermano de Patricia Oviedo, otras de las integrantes de «Los 12 de la Santa Cruz», desaparecida.
Oviedo dijo a Télam que la recuperación del avión es muestra de la «continuidad de las políticas de compromiso del Estado argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia» y también destacó del «esfuerzo de los familiares de buscarlo insistentemente y hoy poder entregarlo a la ESMA para mostrarla a la sociedad y al mundo el horror de la dictadura militar».
«Fuimos con Mabel Careaga a ver a varios ministros y finalmente Sergio Massa nos dio bolilla, lo compró y lo trajo», resaltó De Vincenti sobre la gestión de Economía.
Reiteró el pedido de una «ley contra el negacionismo» porque, dijo, «hay muchos nuevos candidatos que dicen que no eran 30 mil (desaparecidos), que no pasó lo de las torturas o que no pasó lo de los aviones», y explicó que esa norma sería «para que nadie pueda decir que la historia horrorosa de nuestro país es una mentira».
«Este es el único avión del que se pudo probar fehacientemente que un grupo secuestrado por la ESMA, el grupo de la Santa Cruz, es el que voló sobre las aguas del océano Atlántico y arrojó a este grupo a las profundidades», resaltó la sobreviviente de la dictadura y Defensora del Público Miriam Lewin, que explicó que en esas fechas «no hay otro vuelo» y por eso mismo se «pudo constatar minuciosamente entrecruzando información que es este y no otro el avión».
El fotógrafo Giancarlo Ceraudo consideró «muy simbólico» que el avión «haya vuelto a la Argentina» y valoró «que esté para las generaciones futuras».
«Importantísimo, compartir con todas y todos este avión que es la prueba evidente de lo que estamos llevando y reclamando hace añares ¡A ver qué dicen ahora los negacionistas», enfatizó la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
