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Denuncian a pesquera por subfacturar exportaciones de merluza a Brasil
15 de junio de 2023
La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una pesquera luego de que agentes especializados del organismo detectaran que había subfacturado en un 30% exportaciones de 719.797 kilogramos de merluza a Brasil, entre enero de 2021 y diciembre de 2022.
La investigación realizada por el organismo constató que la firma pesquera apeló a «triangulaciones indebidas para ahuecar la base imponible de la operatoria y faltar a la debida liquidación de divisas en nuestro país», señaló hoy la DGA en un comunicado dado a conocer por la agencia de noticias TELAM.
Al respecto, detalló que, mientras la empresa documentó 30 exportaciones de merluza congelada por US$ 2.058.431,75 en la Argentina, las importaciones en Brasil fueron registradas a un valor de US$ 2.686.667,88 y «de esa manera, US$ 628.236,13 no ingresaron a nuestro país».
Asimismo, mediante intercambios de información aduanera, el organismo que dirige Guillermo Michel descubrió que la firma exportadora trianguló las exportaciones a Brasil a través de intermediarios radicados en Estados Unidos y Uruguay.
«La pesquera simuló ventas a los intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil», remarcó la Aduana, que también precisó que «estas terceras firmas emitieron otras facturas al importador brasileño por un valor 30% mayor al declarado en Argentina».
Ante ello, la DGA solicitó explicaciones al exportador, pero «la información presentada por éste no logró justificar el accionar llevado», indicó.
«Tampoco se observa ningún valor agregado tangible aportado por los intermediarios para justificar los márgenes de refacturación», aseguró.
En consecuencia, la DGA denunció a la pesquera por declaración inexacta y puntualizó que «el procedimiento contencioso se centra en 30 permisos de embarque, por transgresión al artículo 954 del Código Aduanero (incisos A y C)», por lo que se pretende una multa mínima de US$ 607.993,45.
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Portada digital del día 5/8/2026
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Puja judicial por Mogotes
La audiencia convocada en el marco del conflicto por el futuro del complejo de balnearios de Punta Mogotes concluyó este martes sin un acuerdo entre la Municipalidad y la Provincia. No obstante, ambas partes manifestaron su voluntad de continuar con las negociaciones y la Justicia fijó una nueva audiencia para el próximo 18 de agosto.
La audiencia se desarrolló desde el mediodía en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del juez Simón Isacch, como continuidad de la realizada el 30 de junio. Participaron el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli; la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, segun fuentes consultadas por LoquePasa.
Las partes buscan avanzar, en una primera etapa, en un acuerdo que garantice el funcionamiento de los 24 balnearios durante la próxima temporada de verano. Paralelamente, pretenden trabajar en conjunto en la elaboración de un master plan y en el futuro llamado a licitación del complejo.
Ante la falta de consenso, el magistrado resolvió convocar a una nueva audiencia y mantener suspendidos los plazos procesales, una medida que permite congelar el trámite judicial mientras continúan las mesas de trabajo políticas y técnicas.
El conflicto se originó tras la presentación de una medida cautelar por parte del Municipio para frenar la licitación de los balnearios impulsada por la Provincia. Además, la comuna promovió una demanda principal con el objetivo de cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) y avanzar con el traspaso del complejo a la órbita municipal.
La APM administra Punta Mogotes desde hace más de cuatro décadas y está integrada en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio. En mayo de este año, el Gobierno bonaerense anunció un proceso de transferencia del complejo turístico, aunque supeditado a la ejecución previa de obras de modernización mediante una nueva licitación. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo local, que recurrió a la Justicia para suspender ese proceso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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