País
Más familias se endeudan para pagar alimentos y remedios
5 de junio de 2023
Más de la mitad de los hogares argentinos (el 53,4%) se endeuda de distintas formas y el 63,8% utiliza los préstamos solicitados para costear gastos en comida y medicamentos, un porcentaje que asciende al 65,4% en el caso de los hogares cuyo principal sostén son mujeres. Esas son algunas de las conclusiones más notables de una encuesta que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Ministerio de Economía argentino.
La Encuesta de Financiamientos y Medios de Pago se realizó entre octubre y noviembre del año pasado, con más de 3500 casos. Según el relevamiento, el 46,6% de las personas no habían solicitado créditos o préstamos en el último mes, mientras que el 53,4% sí lo había hecho. De ese porcentaje, el 30,8% había tomado préstamos formales (incluyen créditos bancarios o de financieras, de la Anses, tarjetas de crédito o el financiamiento otorgado por fintechs a través de aplicaciones móviles) e informales (incluyen los préstamos de familiares o amigos, el fiado en comercios, los préstamos de empleadores o prestamistas, entre otros), el 14,1%, solo préstamos informales y el 8,5%, solo créditos formales.
En tanto, si se analiza la situación laboral del principal sostén del hogar, los encabezados por trabajadores formales solicitan menos préstamos: el 46,1% de quienes se encontraban en la formalidad laboral habían solicitado algún tipo de financiamiento en el último mes, contra los trabajadores informales, grupo en el cual la cifra ascendía al 63,7%.
“Esta diferencia es aún mayor al observar a los hogares según sexo. En ambos casos (ocupación formal o informal), los hogares sostenidos por mujeres solicitaron en mayor medida algún tipo de financiamiento durante el último mes, especialmente las mujeres que trabajan en la informalidad. El 69,2% de las trabajadoras informales solicitó algún tipo de financiamiento en el último mes, en tanto que entre las mujeres con puestos formales la proporción fue del 49,5%”, indicó el informe dado a conocer por el diario La Nación
Los residentes de la ciudad de Buenos Aires son los que menos solicitan créditos o préstamos: solo el 40,4% lo había hecho en el último mes. En el extremo opuesto se ubican las personas del noreste argentino: el 66,9% recurrió a algún tipo de financiamiento, y una gran proporción (44,2%) recurrió tanto a fuentes formales como informales.
Aun con estas diferencias regionales, el uso de préstamos informales es elevado en todo el país: más del 14% de quienes viven en la Argentina recurre solo a préstamos de familiares o amigos, fiado, préstamos de empleadores o prestamistas.
Según el estudio, el uso de los préstamos se puede agrupar en dos grandes categorías: saldar deudas o realizar nuevos gastos. “En general, estos gastos no están asociados a la adquisición de bienes de capital ni de larga duración sino, a la inversa, están orientados a los consumos más básicos: el 63,8% de los hogares dijo utilizar el crédito/préstamo solicitado para costear gastos en comida y salud, sobre todo medicamentos. Este porcentaje asciende al 65,4% en el caso de los hogares cuyo principal sostén son mujeres y, en los hogares sostenidos por mujeres y con responsabilidad de cuidados de niños y/o adolescentes, 7 de cada 10 de quienes se endeudan, lo hacen para comprar comida”, puntualizó el informe.
ALTO ENDEUDAMIENTO
“Se habla mucho del boom de consumo, restaurantes llenos, economía barrani. Se habla poco de los altísimos niveles de endeudamiento, en donde además las mujeres son las más afectadas: 65% de los hogares a cargo de mujeres están endeudados para comprar comida y medicamentos”, afirmó la economista y exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro.
Le sigue en orden la utilización del crédito tomado para costear expensas/servicios/impuestos (el 40,8% del total de hogares declara este destino) y, en menor medida, gastos para arreglos de la casa, el auto o la compra de computadoras o celulares (34,2%), gastos de alquiler (29,5%) y cuota del colegio o medicina prepaga (24,7%).
Con relación al uso de nuevo financiamiento para saldar deudas, el 39,9% de los hogares declara utilizarlo para cubrir deudas de cuotas o de compras fiadas en comercios. Este porcentaje asciende al 40,7% en el caso de hogares sostenidos principalmente por mujeres y al 51,9% si además tienen responsabilidades de cuidado. Entre los hogares que destinan el financiamiento a saldar deuda, le siguen aquellos que lo usan para devolver préstamos previos (37,9% del total de hogares dentro de los que destaca el 47,7% del total de hogares con responsabilidad de cuidados sostenidos por mujeres) y, finalmente, quienes usan estos montos para pagar deudas de tarjetas de crédito atrasadas (34,7% del total de hogares).
Según el economista y director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, Ignacio Carballo, usar deuda para pagar deudas, para comer o por temas de salud es “el peor endeudamiento posible, reflejo de una economía del hogar en crisis”. “Aun cuando no hayan solicitado financiamiento en el último mes, muchos hogares acumulan deudas. Solo el 39,1% de los hogares no tiene pagos atrasados y el 60,9% de los hogares no se encuentra al día en el pago de servicios del hogar”, apuntó.
Para esto se implementó una encuesta novedosa sobre Financiamientos y Medios de Pago, dónde se estudian fuentes formales e informales.
“Cruzando quienes tienen deudas y quienes sacan préstamos, más del 80% de quienes tienen retrasos en deudas o servicios han tenido que solicitar nuevos financiamientos en el último mes. Es el reflejo de la vulnerabilidad financiera de Argentina”, agregó.
Por último, Carballo dijo que la radiografía es crítica. “En los hogares de menores ingresos, solo el 9,7% no tiene pagos atrasados o deudas, mientras que el 34,3% dijo utilizar casi todos sus ingresos para saldar deudas y el 15,1% manifestó que no le alcanzan los ingresos para realizar estos pagos”, cerró.
Por María Julieta Rumi
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Senado: legisladores cobrarán $ 9 millones mensuales
El Senado acordó este lunes un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.
Desde la Presidencia del Senado trascendió que la vice, Victoria Villarruel, no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se “desengancharan del aumento”.
El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1º de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1º de agosto.
“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.
A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso.
"Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos”, manifestaron.
Las fuentes insistieron en que “es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no”.
La resolución lleva la firma de las autoridades de la secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo y el secretario parlamentario Agustín Giustinian, y por Diputados la secretaria administrativa Laura Oriolo y el secretario general Diego Molina Gómez, con los sectores sindicales.
También firman la resolución Norberto Di Próspero y Fabián Zacardi por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roig de UPCN.
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Diputados retoma discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expondrán desde las 14 sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrollará una nueva ronda con especialistas invitados.
Participarán de la reunión informativa el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; el diputado nacional y neurólogo Facundo Manes; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
Además de analizarse esta iniciativa del Gobierno, fueron convocados para defender sus propios proyectos los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Agustina Propato (Unión por la Patria), Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Roxana Reyes y Fabio Quetglas (UCR).
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En este último caso,la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.
“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.
No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
Y se puntualiza que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
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Desregulan el mercado del gas
La Secretaría de Energía desreguló el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas, por lo que desde ahora se podrán fijar libremente sin tener que adecuarse a un tope.
El área que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo decidió desregular los precios de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que incluyen los valores de referencia de las garrafas, mediante la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de continuar estableciendo únicamente ‘Precios de Referencia’, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.
Al explicar la finalidad de la decisión, el texto oficial precisó que “la presente medida tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”.
Además, remarcó que “la desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.
La medida forma parte de las disposiciones en materia de desregulación fijadas en el DNU 70/2023 en el que se estableció “como objetivo de política nacional el funcionamiento libre de los mercados energéticos en todos sus alcances”, por lo que en relación al GLP se determinó que “los criterios normativos vinculados al sector deben armonizarse con los objetivos de política nacional que habrán de regir el sector energético en su integralidad”.
En este marco y bajo la renovada denominación, Energía también actualizó el “precio de referencia” de las garrafas de 10 kg en $8.500, la de 12 kg a un valor de $10.200 y la de 15 kg a $12.750, incluyendo impuestos.
Asimismo, derogó “los apartamientos máximos permitidos”, un cálculo que se hacía por jurisdicción con el fin de fijar el precio de las garrafas para los hogares según el costo logístico para las distintas zonas del país.
La desregulación de los precios de las garrafas abarca al Programa Hogar, que consiste en un subsidio otorgado por la secretaría energética y ANSES que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kg.
