Sociedad
CRISIS HUMANITARIA
20 de mayo de 2023
La crítica situación humanitaria en la zona fronteriza entre Perú y Chile, ha originado que alrededor de 200 personas, entre las que hay menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, se encuentren varadas y a la ‘buena de Dios’. Es que las autoridades peruanas no les están permitiendo el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta.
«No hay respuestas de las autoridades y es imposible acercarse a las ventanillas (migratorias) para hacer un trámite», cuenta Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) en Tarapacá, Chile.
Ante la desesperación y falta de soluciones, en los últimos días ha habido una serie de enfrentamientos entre la policía fronteriza y los migrantes, quienes han bloqueado el paso de camiones y vehículos en la carretera con el fin de presionar para que les brinden ayuda.
En un reporte, AMPRO denuncia que la gente recibió «golpizas» por parte de las fuerzas de seguridad. Son varias organizaciones de migrantes que piden crear un corredor migratorio. «Que les permita regresar a casa, tengan la nacionalidad que tengan, sin queden fichados y luego puedan volver, si lo desean, cumpliendo las leyes de cada país», sostiene Zambrano
Por un lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó días atrás el Estado de Emergencia en sus fronteras. Esto permitirá que policías y militares realicen operaciones para intentar controlar la migración.
En Perú hay censados más de 1,4 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).
«Estas medidas nos permitirán regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral», dijo Boluarte al hacer el anuncio.
A la vez, también desde Perú, han dicho que el presidente de Chile, Gabriel Boric, debe asuimir el control de las fronteras de su país.
La presión aumentó aún más luego de que se denunciara que militares chilenos estaban ayudando a migrantes a cruzar por pasos ilegales hacia Perú.
La acusación -dada a conocer por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión- generó múltiples reacciones en ambos países y obligó al Ejército chileno a abrir una investigación al respecto.
«Lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú muestra el límite de los espacios de cooperación entre los países», le cuenta a BBC Mundo Mayra Feddersen, profesora de la Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora principal del núcleo Milenio MIGRA
Con todo, el canciller chileno Alberto van Klaveren aseguró que se están conversando con el país vecino con el objetivo de darle una salida diplomática al problema.
«La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta», agrega Feddersen.
Salir y volver por la crisis
En los últimos años y como fruto de la crisis económica y social que vive su país, más de 7,1 millones de venezolanos han emigrado, según cifras de ONU. Su destino principal ha sido la vecina Colombia pero, en busca de una mejora en su vida, han llegado a otros países de la región.
Uno de sus destinos fue Chile, donde, según datos de 2020, había cerca de 500.000 venezolanos, un tercio del censo de extranjeros.
Pero ahora, como ocurre con muchas de las personas varadas en la frontera colindante con Perú, decidieron irse de la nación liderada por Gabriel Boric ante la falta de oportunidades y el aumento de la rigidez en sus políticas migratorias.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) -que se ha dedicado a estudiar el tema migratorio en Chile en la última década-, desde 2021 ha habido más salidas que entradas de venezolanos al país. En 2021, por ejemplo, entraron alrededor de 40.000 venezolanos y salieron más de 70.000.
Ignacio (nombre ficticio para resguardar su identidad) fue uno de los que fue a Chile y se regresó.
Ignacio viajó en 2016 en busca de una vida mejor. «En Venezuela no podíamos comprar nada, no había nada», se lamenta en una llamada con BBC Mundo.
Pero 6 años después decidió regresar porque las condiciones económicas y su situación personal cambió.
«El arriendo nos subió un 200 %, el mercado laboral se dañó. Personalmente, tuvimos un hijo al que le diagnosticaron autismo y buscamos un colegio público, pero nunca obtuvimos cupo. Y es muy costoso un colegio privado», cuenta.
También siente que cambió el modo de ser de la gente. «Después de las protestas de 2017, la actitud de la gente cambió. Además de aumentar las agresiones en la calle, todo el rato me señalaban por ser extranjero, me decían que no podía opinar, que me fuera del país».
Ignacio pudo salir en avión gracias al apoyo económico de su familia y a que en 2016 los trámites migratorios eran más sencillos y obtuvo su permiso de residencia y trabajo a los pocos meses de llegar. Pero muchos no tienen la capacidad económica ni los documentos para salir.
Más control, más miedo
Con la llegada de más migrantes a Chile en lo últimos años, el gobiermo de Boric ha impuesto estrictas medidas de control, incluida la militarización de la frontera norte del país desde febrero de este año.
Boric explicó que estas medidas apuntan a «combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas».
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control».
«No solo faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, facultades legales y faltaba presupuesto», dijo Tohá al anunciarse la militarización de la frontera norte chilena.
Además, desde mediados de abril, las fiscalías de todo Chile tienen la orden de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito, sin importar la gravedad de éste, cuya identidad no pueda ser acreditada.
Lo anunció el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la muerte del un tercer policía en servicio en menos de un mes. Dijo que la prisión preventiva se mantendrá cuando «la identidad (del detenido) no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente y hasta que se pueda establecer su identidad».
Lo anterior se suma a una serie de leyes aprobadas por el Parlamento que hacen más expeditas las expulsiones administrativas de los migrantes.
Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, estas medidas son un «retroceso en los derechos de las personas migrantes» y tienen una «intención de persecución a quienes no tienen documentos chilenos».
«La narrativa instalada en Chile estigmatiza y criminaliza a los extranjeros, les echa la culpa de problemas estructurales como la seguridad», le explica Rojas a BBC Mundo.
La migración está siendo un fuerte desafío para la nación sudamericana. Se han tomado medidas contrarerloj para adecuar las políticas de integración pero, también, los trámites para postular a una visa son cada vez más difíciles.
Esto, en parte, ha hecho que haya entradas y salidas por lo que llaman «caminos no habilitados. Rechazan los permisos, los trámites son muy largos y ni siquiera le están dando curso a las solicitudes de refugio», apunta Feddersen.
«Por eso, muchos optan por entrar de manera clandestina. El problema es que tampoco pueden regularizar su situación y es muy complejo».
Y ahora, con la nueva ley de prisión preventiva, el escenario es aún más complejo. «Tienen temor a ser detenidos y privados de libertad», dice Fedders
El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas, como el no poder acceder a trabajos o a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos.
BBC Mundo.
Foto portada Pablo Rojas Madariaga
Deportes
La Selección se mide ante Honduras
La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.
La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.
Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.
La "Albiceleste", que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.
El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.
El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.
Las posibles formaciones
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.
Estadio: Kyle Field
Árbitro: a confirmar
Hora: 21. TV: TyC Sports y Telefe
Sociedad
Máxima acreditación para Ingeniería en Informática e Ingeniería Ambiental
La Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA acreditó por el período máximo de seis años las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería Ambiental, según fue informado recientemente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo nacional encargado de evaluar y acreditar las carreras universitarias en Argentina.
Este resultado representa un importante reconocimiento al compromiso sostenido de la Facultad con la calidad académica, la mejora continua y el desarrollo institucional, fruto de un trabajo colectivo desarrollado durante varios años.
La acreditación obtenida refleja, además, el camino iniciado en 2018 con el programa “Innovando en la formación de ingenieros”, un proceso que impulsó la actualización de los planes de estudio y una transformación del paradigma didáctico de las carreras de ingeniería. Asimismo, los informes de evaluación reconocen aspectos vinculados con la actualización curricular, el fortalecimiento de las actividades de investigación y extensión, la implementación de programas de tutorías académicas y el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con cada disciplina.
Desde la institución destacaron especialmente la labor de los equipos académicos y de gestión que participaron activamente en el proceso de autoevaluación y acreditación, así como el trabajo articulado de docentes, directivos, investigadores y personal administrativo de la Facultad y del Rectorado.
El Esp. Ing. Roberto Giordano Lerena, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, expresó: “estas resoluciones de acreditación por seis años de ambas carreras son fruto de un gran trabajo en equipo, articulado, comprometido y sostenido durante varios años, así como de un proceso muy interesante de migración de paradigma pedagógico conforme a los nuevos estándares, que comenzó el mismo día en que CONFEDI presentó el Libro Rojo en 2018.”
“Aun con la pandemia y las complicaciones que trajo aparejadas, nunca interrumpimos nuestro planeamiento estratégico y el proceso se cumplió, con alguna demora, pero con el compromiso pleno de todos los claustros y de un equipo de gestión magnífico, con una genuina vocación por la innovación y la mejora”, resaltó Giordano Lerena.
“Quiero agradecer a todos los que llevaron adelante este proceso, liderado por nuestra vicedecana, el secretario académico, los directores de carrera, las secretarias de investigación, extensión y administración, y todo el equipo en general. Representantes de los tres claustros participaron activamente del proceso. También agradezco a las áreas de Rectorado, que siempre acompañaron y brindaron el apoyo y los insumos necesarios para la elaboración de los informes. Es un logro de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Mi reconocimiento a cada uno”, concluyó el decano.
La acreditación otorgada por la CONEAU por el período máximo de seis años certifica el cumplimiento de los más altos estándares educativos. A su vez, consolida el posicionamiento de la Facultad de Ingeniería y reafirma su compromiso con la formación de profesionales de excelencia, preparados para responder a los desafíos tecnológicos, ambientales y sociales de la actualidad
Ciudad
UCIP reclama a Senadores por Zona Fría
Con el Senado de la Nación próximo a votar el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, UCIP escala su posición con carácter de urgencia: presentó esta semana una carta formal ante la Cámara alta con los datos del comercio marplatense y la exigencia de un voto informado.
Los datos son propios. El relevamiento de ventas minoristas del DESE de UCIP correspondiente a abril de 2026 registró una caída del 2,6% interanual en unidades físicas. El comercio formal de Mar del Plata ya absorbe una contracción de la demanda. Sobre ese piso, reducir el beneficio tarifario de 250.000 hogares marplatenses agrava el escenario: cada peso que las familias destinan al pago de tarifas más altas es un peso que no circula en los locales de la ciudad.
"No le pedimos al Senado que haga política energética. Le pedimos que vote sabiendo lo que pasa en el comercio de Mar del Plata. Nuestros datos son claros: el consumo ya está contenido. Un nuevo impacto sobre el ingreso disponible de los hogares lo profundiza", afirmó Blas Taladrid, presidente de UCIP.
UCIP lleva cinco años pidiendo que el beneficio de Zona Fría se extienda a las actividades comerciales e industriales. Advirtió en 2025 sobre el impacto de una quita. Salió públicamente en mayo de 2026 con los datos del DESE. Y ahora presenta su posición formal ante el Senado. La exigencia es la misma: el beneficio debe mantenerse para los hogares bonaerenses y ampliarse para los locales comerciales e industriales que también soportan costos de calefacción que impactan en el precio final de los productos y en la viabilidad de las pymes locales.
