Sociedad
CRISIS HUMANITARIA
20 de mayo de 2023
La crítica situación humanitaria en la zona fronteriza entre Perú y Chile, ha originado que alrededor de 200 personas, entre las que hay menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, se encuentren varadas y a la ‘buena de Dios’. Es que las autoridades peruanas no les están permitiendo el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta.
«No hay respuestas de las autoridades y es imposible acercarse a las ventanillas (migratorias) para hacer un trámite», cuenta Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) en Tarapacá, Chile.
Ante la desesperación y falta de soluciones, en los últimos días ha habido una serie de enfrentamientos entre la policía fronteriza y los migrantes, quienes han bloqueado el paso de camiones y vehículos en la carretera con el fin de presionar para que les brinden ayuda.
En un reporte, AMPRO denuncia que la gente recibió «golpizas» por parte de las fuerzas de seguridad. Son varias organizaciones de migrantes que piden crear un corredor migratorio. «Que les permita regresar a casa, tengan la nacionalidad que tengan, sin queden fichados y luego puedan volver, si lo desean, cumpliendo las leyes de cada país», sostiene Zambrano
Por un lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó días atrás el Estado de Emergencia en sus fronteras. Esto permitirá que policías y militares realicen operaciones para intentar controlar la migración.
En Perú hay censados más de 1,4 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).
«Estas medidas nos permitirán regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral», dijo Boluarte al hacer el anuncio.
A la vez, también desde Perú, han dicho que el presidente de Chile, Gabriel Boric, debe asuimir el control de las fronteras de su país.
La presión aumentó aún más luego de que se denunciara que militares chilenos estaban ayudando a migrantes a cruzar por pasos ilegales hacia Perú.
La acusación -dada a conocer por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión- generó múltiples reacciones en ambos países y obligó al Ejército chileno a abrir una investigación al respecto.
«Lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú muestra el límite de los espacios de cooperación entre los países», le cuenta a BBC Mundo Mayra Feddersen, profesora de la Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora principal del núcleo Milenio MIGRA
Con todo, el canciller chileno Alberto van Klaveren aseguró que se están conversando con el país vecino con el objetivo de darle una salida diplomática al problema.
«La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta», agrega Feddersen.
Salir y volver por la crisis
En los últimos años y como fruto de la crisis económica y social que vive su país, más de 7,1 millones de venezolanos han emigrado, según cifras de ONU. Su destino principal ha sido la vecina Colombia pero, en busca de una mejora en su vida, han llegado a otros países de la región.
Uno de sus destinos fue Chile, donde, según datos de 2020, había cerca de 500.000 venezolanos, un tercio del censo de extranjeros.
Pero ahora, como ocurre con muchas de las personas varadas en la frontera colindante con Perú, decidieron irse de la nación liderada por Gabriel Boric ante la falta de oportunidades y el aumento de la rigidez en sus políticas migratorias.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) -que se ha dedicado a estudiar el tema migratorio en Chile en la última década-, desde 2021 ha habido más salidas que entradas de venezolanos al país. En 2021, por ejemplo, entraron alrededor de 40.000 venezolanos y salieron más de 70.000.
Ignacio (nombre ficticio para resguardar su identidad) fue uno de los que fue a Chile y se regresó.
Ignacio viajó en 2016 en busca de una vida mejor. «En Venezuela no podíamos comprar nada, no había nada», se lamenta en una llamada con BBC Mundo.
Pero 6 años después decidió regresar porque las condiciones económicas y su situación personal cambió.
«El arriendo nos subió un 200 %, el mercado laboral se dañó. Personalmente, tuvimos un hijo al que le diagnosticaron autismo y buscamos un colegio público, pero nunca obtuvimos cupo. Y es muy costoso un colegio privado», cuenta.
También siente que cambió el modo de ser de la gente. «Después de las protestas de 2017, la actitud de la gente cambió. Además de aumentar las agresiones en la calle, todo el rato me señalaban por ser extranjero, me decían que no podía opinar, que me fuera del país».
Ignacio pudo salir en avión gracias al apoyo económico de su familia y a que en 2016 los trámites migratorios eran más sencillos y obtuvo su permiso de residencia y trabajo a los pocos meses de llegar. Pero muchos no tienen la capacidad económica ni los documentos para salir.
Más control, más miedo
Con la llegada de más migrantes a Chile en lo últimos años, el gobiermo de Boric ha impuesto estrictas medidas de control, incluida la militarización de la frontera norte del país desde febrero de este año.
Boric explicó que estas medidas apuntan a «combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas».
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control».
«No solo faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, facultades legales y faltaba presupuesto», dijo Tohá al anunciarse la militarización de la frontera norte chilena.
Además, desde mediados de abril, las fiscalías de todo Chile tienen la orden de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito, sin importar la gravedad de éste, cuya identidad no pueda ser acreditada.
Lo anunció el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la muerte del un tercer policía en servicio en menos de un mes. Dijo que la prisión preventiva se mantendrá cuando «la identidad (del detenido) no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente y hasta que se pueda establecer su identidad».
Lo anterior se suma a una serie de leyes aprobadas por el Parlamento que hacen más expeditas las expulsiones administrativas de los migrantes.
Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, estas medidas son un «retroceso en los derechos de las personas migrantes» y tienen una «intención de persecución a quienes no tienen documentos chilenos».
«La narrativa instalada en Chile estigmatiza y criminaliza a los extranjeros, les echa la culpa de problemas estructurales como la seguridad», le explica Rojas a BBC Mundo.
La migración está siendo un fuerte desafío para la nación sudamericana. Se han tomado medidas contrarerloj para adecuar las políticas de integración pero, también, los trámites para postular a una visa son cada vez más difíciles.
Esto, en parte, ha hecho que haya entradas y salidas por lo que llaman «caminos no habilitados. Rechazan los permisos, los trámites son muy largos y ni siquiera le están dando curso a las solicitudes de refugio», apunta Feddersen.
«Por eso, muchos optan por entrar de manera clandestina. El problema es que tampoco pueden regularizar su situación y es muy complejo».
Y ahora, con la nueva ley de prisión preventiva, el escenario es aún más complejo. «Tienen temor a ser detenidos y privados de libertad», dice Fedders
El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas, como el no poder acceder a trabajos o a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos.
BBC Mundo.
Foto portada Pablo Rojas Madariaga
Sociedad
La deuda de la ciencia con las mujeres
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia invita a visibilizar vocaciones y trayectorias históricamente relegadas. En ese marco, especialistas advierten que, además de las brechas en cargos jerárquicos, salarios y condiciones laborales, persisten desigualdades vinculadas a la forma en que se produce el conocimiento científico.
Hoy se señala la necesidad de ampliar esa mirada y revisar qué preguntas se formulan, desde qué perspectivas, con qué supuestos y qué experiencias quedan representadas en la producción científica. Ejemplos recientes ponen en evidencia estas limitaciones.
“Tras la vacunación contra el COVID-19, muchas personas menstruantes reportaron cambios en su ciclo, un fenómeno sobre el cual la ciencia no tenía respuestas claras debido a la falta de investigaciones previas que contemplaran esta variable” explica Vilda Discacciati, coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Salud de la Universidad Hospital Italiano.
La exclusión de mujeres o la falta de perspectiva de género en la investigación tiene consecuencias concretas: enfermedades que afectan mayoritariamente a mujeres continúan poco estudiadas; la infertilidad masculina fue históricamente sub investigada; la anticoncepción se desarrolló casi exclusivamente sobre cuerpos gestantes; y las tareas de cuidado permanecen escasamente contempladas en las políticas de salud.
Discacciati, que también se desempeña como Médica Especialista en Medicina Familiar en el Hospital Italiano, sostiene que “aumentar la participación de mujeres en la ciencia es necesario, pero insuficiente si no se revisan los enfoques de investigación. La perspectiva de género no depende del sexo de quien investiga, sino de la capacidad de cuestionar supuestos y ampliar variables. El sesgo es estructural y puede reproducirse incluso en equipos diversos”.
En este contexto, el debate sobre mujeres y niñas en la ciencia también interpela a los modelos de éxito que se promueven, las disciplinas que se jerarquizan y aquellas que se desvalorizan. No es casual que las ciencias sociales y las humanidades —fundamentales para analizar impactos, contextos y dimensiones éticas— hayan sido históricamente consideradas secundarias frente a áreas tradicionalmente asociadas a la productividad.
A estas desigualdades se suma la brecha salarial: en áreas STEM, las mujeres perciben ingresos significativamente menores que sus pares varones y enfrentan menor visibilidad y reconocimiento, fenómeno conocido como “efecto Matilda”. Estas condiciones no solo afectan trayectorias individuales, sino que condicionan qué ciencia se puede hacer y quiénes pueden sostenerla.
Frente a este escenario, se destaca el rol de las instituciones científicas, las universidades y el Estado en la implementación de políticas activas de equidad, financiamiento y participación en los espacios de decisión. En la Universidad Hospital italiano se trabaja activamente en cuestiones de género, tanto en el área de investigación como desde Extensión Universitaria y el Observatorio Social Universitario.
Promover la participación de niñas y jóvenes en la ciencia implica habilitar preguntas, legitimar la curiosidad y construir entornos más colaborativos.
“Incorporar la diversidad de cuerpos, experiencias y miradas no es una concesión, sino una condición necesaria para una ciencia más rigurosa, inclusiva y socialmente relevante” concluyen desde la Universidad Hospital Italiano.
Acerca de la Universidad Hospital Italiano: Es una institución de gestión privada creada en 2000 por la Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su misión es formar profesionales íntegros, promover la investigación, la educación continua, la vinculación con la comunidad y el desarrollo sostenible. Su propuesta formativa se desarrolla en el Hospital Italiano, que ofrece un entorno real, especializado y de alta complejidad, junto a docentes y profesionales altamente calificados.
Por mayor información: Agencia PAMPA
Visitá nuestra página www.agenciapampa.com.ar o encontranos en Instagram como @agenciapampa.
Aldana Forte - [email protected] — Lisa Issolio - [email protected]
Sociedad
Incendios forestales y los desafíos para su prevención
En un contexto marcado por la preocupación social ante los incendios que afectan al sur del país, la Ingeniera Ambiental graduada de la Universidad Fasta y directora de la Licenciatura en Higiene y Seguridad a distancia de la institución, Micaela Lambertini, dio su mirada técnica sobre la problemática.
Lambertini explicó los factores ambientales y climáticos que influyen para que un incendio se vuelva tan severo y difícil de controlar: “un incendio se vuelve severo cuando confluyen factores climáticos y ambientales desfavorables. Entre los factores climáticos se destacan los vientos intensos, que aceleran la propagación del fuego y generan focos secundarios; las sequías prolongadas, que reducen la humedad de la vegetación y del suelo; y las altas temperaturas, que favorecen la ignición y aumentan la intensidad del incendio”.
“Desde el punto de vista ambiental, la presencia de material vegetal seco, como ramas, hojas, etc, actúa como combustible, incrementando la carga de fuego disponible. A esto se suma el tipo de relieve, y las condiciones del suelo, entre otros. La combinación de estos factores vuelve al incendio más intenso y difícil de controlar”, afirmó.
Además, indicó que en muchos casos los focos tienen origen antrópico, ya sea por acciones intencionales, prácticas productivas inadecuadas, negligencia o accidentes, y advirtió que la falta de prevención y planificación territorial favorece que estos episodios escalen en magnitud.
Herramientas científicas y tecnológicas para prevenir y mitigar incendios
En relación con las herramientas disponibles para prevenir y anticipar incendios forestales, Lambertini destacó que: “actualmente se dispone de diversas herramientas científicas y tecnológicas para la gestión del riesgo de incendios entre ellas se destacan los sistemas de monitoreo satelital y sensores remotos, que permiten la detección y el seguimiento de incendios activos”.
También la ingeniera señaló que: “se pueden utilizar modelos climáticos y modelos de comportamiento del fuego, que integran variables meteorológicas, topográficas y de vegetación para estimar la probabilidad de ocurrencia y la posible propagación de un incendio”.
En este sentido, también explicó el rol de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estos “resultan fundamentales para el análisis espacial del riesgo, ya que permiten identificar zonas vulnerables, planificar usos del suelo, diseñar cortafuegos y apoyar la toma de decisiones”. No obstante, advirtió que: “la eficacia de estas herramientas depende de una fuerte estrategia de prevención y planificación”.
Consecuencias en la vegetación
Por último, la especialista se refirió a las consecuencias ambientales de los incendios de gran magnitud y sostuvo que: “un incendio genera impactos profundos y multidimensionales en el ecosistema, cuya gravedad depende de la intensidad del fuego, su duración, la frecuencia con que se repite y el estado previo del ambiente”.
“Suele producirse una pérdida significativa de biodiversidad, con afectación de la flora y la fauna, destrucción de hábitats, mortandad directa de especies y alteración de las cadenas tróficas, a lo que se suma el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y de material particulado, con efectos sobre la fotosíntesis y la salud de los seres vivos” informó.
“La recuperación efectiva del ecosistema depende de la implementación de estrategias de restauración ecológica, el control de especies invasoras, el manejo del suelo y una adecuada planificación del uso del territorio”, concluyó.
Prensa FASTA Lic. Natanael Procopio
Sociedad
Puesta en valor
En la plaza Estrada, se ejecutaron tareas de poda, corte de pasto y recuperación de mobiliario. Los trabajos incluyeron la erradicación de microbasurales y reparación de los sectores recreativos.
La Municipalidad través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), finalizó un operativo integral de puesta en valor en la Plaza José Manuel Estrada, delimitada por las calles Acevedo, Sagastizabal, Gorriti y Joaquín V. González.

En este espacio público, el personal municipal realizó el corte de pasto y desmalezamiento de pastizales en todo el predio. Asimismo, se llevó a cabo una intervención sobre el arbolado urbano que incluyó tareas de poda general y el retiro de ejemplares con riesgo de caída.
En cuanto a la infraestructura y servicios, se procedió al despeje de luminarias para mejorar la visibilidad y se realizaron trabajos de herrería y pintura en los arcos de juego. Complementariamente, el personal del Ente trabajó en el arreglo y mantenimiento de los bancos de la plaza, aplicando tareas de pintura para su preservación.

Por último, se efectuó un operativo de higiene urbana para el retiro de microbasurales tanto en el perímetro de la plaza como en las zonas aledañas.

