Sociedad
CRISIS HUMANITARIA
20 de mayo de 2023
La crítica situación humanitaria en la zona fronteriza entre Perú y Chile, ha originado que alrededor de 200 personas, entre las que hay menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, se encuentren varadas y a la ‘buena de Dios’. Es que las autoridades peruanas no les están permitiendo el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta.
«No hay respuestas de las autoridades y es imposible acercarse a las ventanillas (migratorias) para hacer un trámite», cuenta Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) en Tarapacá, Chile.
Ante la desesperación y falta de soluciones, en los últimos días ha habido una serie de enfrentamientos entre la policía fronteriza y los migrantes, quienes han bloqueado el paso de camiones y vehículos en la carretera con el fin de presionar para que les brinden ayuda.
En un reporte, AMPRO denuncia que la gente recibió «golpizas» por parte de las fuerzas de seguridad. Son varias organizaciones de migrantes que piden crear un corredor migratorio. «Que les permita regresar a casa, tengan la nacionalidad que tengan, sin queden fichados y luego puedan volver, si lo desean, cumpliendo las leyes de cada país», sostiene Zambrano
Por un lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó días atrás el Estado de Emergencia en sus fronteras. Esto permitirá que policías y militares realicen operaciones para intentar controlar la migración.
En Perú hay censados más de 1,4 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).
«Estas medidas nos permitirán regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral», dijo Boluarte al hacer el anuncio.
A la vez, también desde Perú, han dicho que el presidente de Chile, Gabriel Boric, debe asuimir el control de las fronteras de su país.
La presión aumentó aún más luego de que se denunciara que militares chilenos estaban ayudando a migrantes a cruzar por pasos ilegales hacia Perú.
La acusación -dada a conocer por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión- generó múltiples reacciones en ambos países y obligó al Ejército chileno a abrir una investigación al respecto.
«Lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú muestra el límite de los espacios de cooperación entre los países», le cuenta a BBC Mundo Mayra Feddersen, profesora de la Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora principal del núcleo Milenio MIGRA
Con todo, el canciller chileno Alberto van Klaveren aseguró que se están conversando con el país vecino con el objetivo de darle una salida diplomática al problema.
«La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta», agrega Feddersen.
Salir y volver por la crisis
En los últimos años y como fruto de la crisis económica y social que vive su país, más de 7,1 millones de venezolanos han emigrado, según cifras de ONU. Su destino principal ha sido la vecina Colombia pero, en busca de una mejora en su vida, han llegado a otros países de la región.
Uno de sus destinos fue Chile, donde, según datos de 2020, había cerca de 500.000 venezolanos, un tercio del censo de extranjeros.
Pero ahora, como ocurre con muchas de las personas varadas en la frontera colindante con Perú, decidieron irse de la nación liderada por Gabriel Boric ante la falta de oportunidades y el aumento de la rigidez en sus políticas migratorias.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) -que se ha dedicado a estudiar el tema migratorio en Chile en la última década-, desde 2021 ha habido más salidas que entradas de venezolanos al país. En 2021, por ejemplo, entraron alrededor de 40.000 venezolanos y salieron más de 70.000.
Ignacio (nombre ficticio para resguardar su identidad) fue uno de los que fue a Chile y se regresó.
Ignacio viajó en 2016 en busca de una vida mejor. «En Venezuela no podíamos comprar nada, no había nada», se lamenta en una llamada con BBC Mundo.
Pero 6 años después decidió regresar porque las condiciones económicas y su situación personal cambió.
«El arriendo nos subió un 200 %, el mercado laboral se dañó. Personalmente, tuvimos un hijo al que le diagnosticaron autismo y buscamos un colegio público, pero nunca obtuvimos cupo. Y es muy costoso un colegio privado», cuenta.
También siente que cambió el modo de ser de la gente. «Después de las protestas de 2017, la actitud de la gente cambió. Además de aumentar las agresiones en la calle, todo el rato me señalaban por ser extranjero, me decían que no podía opinar, que me fuera del país».
Ignacio pudo salir en avión gracias al apoyo económico de su familia y a que en 2016 los trámites migratorios eran más sencillos y obtuvo su permiso de residencia y trabajo a los pocos meses de llegar. Pero muchos no tienen la capacidad económica ni los documentos para salir.
Más control, más miedo
Con la llegada de más migrantes a Chile en lo últimos años, el gobiermo de Boric ha impuesto estrictas medidas de control, incluida la militarización de la frontera norte del país desde febrero de este año.
Boric explicó que estas medidas apuntan a «combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas».
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control».
«No solo faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, facultades legales y faltaba presupuesto», dijo Tohá al anunciarse la militarización de la frontera norte chilena.
Además, desde mediados de abril, las fiscalías de todo Chile tienen la orden de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito, sin importar la gravedad de éste, cuya identidad no pueda ser acreditada.
Lo anunció el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la muerte del un tercer policía en servicio en menos de un mes. Dijo que la prisión preventiva se mantendrá cuando «la identidad (del detenido) no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente y hasta que se pueda establecer su identidad».
Lo anterior se suma a una serie de leyes aprobadas por el Parlamento que hacen más expeditas las expulsiones administrativas de los migrantes.
Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, estas medidas son un «retroceso en los derechos de las personas migrantes» y tienen una «intención de persecución a quienes no tienen documentos chilenos».
«La narrativa instalada en Chile estigmatiza y criminaliza a los extranjeros, les echa la culpa de problemas estructurales como la seguridad», le explica Rojas a BBC Mundo.
La migración está siendo un fuerte desafío para la nación sudamericana. Se han tomado medidas contrarerloj para adecuar las políticas de integración pero, también, los trámites para postular a una visa son cada vez más difíciles.
Esto, en parte, ha hecho que haya entradas y salidas por lo que llaman «caminos no habilitados. Rechazan los permisos, los trámites son muy largos y ni siquiera le están dando curso a las solicitudes de refugio», apunta Feddersen.
«Por eso, muchos optan por entrar de manera clandestina. El problema es que tampoco pueden regularizar su situación y es muy complejo».
Y ahora, con la nueva ley de prisión preventiva, el escenario es aún más complejo. «Tienen temor a ser detenidos y privados de libertad», dice Fedders
El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas, como el no poder acceder a trabajos o a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos.
BBC Mundo.
Foto portada Pablo Rojas Madariaga
Sociedad
León XIV volvió a cuestionar la eutanasia en su visita a Francia
El papa León XIV volvió a pronunciarse contra la eutanasia durante su visita a Francia y defendió la protección de la vida como uno de los principios centrales de su mensaje.
En la homilía que brindó ante 150 mil personas en Lourdes, el sumo pontífice puso el foco en las personas enfermas y en quienes atraviesan situaciones de dolor. Sostuvo que las dificultades físicas y el sufrimiento no deben ser considerados obstáculos y llamó a acompañar a quienes atraviesan esos momentos con respeto y solidaridad.
El mensaje se produjo pocos días después de que cuestionara, durante su primer discurso ante las autoridades francesas en el Palacio del Elíseo, la posibilidad de recurrir a una "muerte programada". En esa oportunidad, incluyó a la eutanasia entre las prácticas que, según su visión, pueden surgir cuando los avances científicos y tecnológicos no están guiados por criterios éticos.
En Francia, el debate sobre el final de la vida cobró especial relevancia luego de la aprobación de una legislación que establece un derecho a la ayuda para morir. La posición expresada por León XIV se inscribe en la postura tradicional de la Iglesia Católica, que rechaza la eutanasia y sostiene la defensa de la vida.
En este contexto, el papa hizo referencia a las heridas provocadas por conductas inadecuadas cometidas dentro de la Iglesia y llamó a avanzar en un proceso de reparación.
Además, durante su encuentro con los obispos franceses, destacó las medidas adoptadas para enfrentar los abusos sexuales y pidió mantener la vigilancia: "Debemos continuar por el camino que hemos emprendido", expresó al referirse a las acciones vinculadas con la escucha de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
Por otra parte, durante la celebración religiosa, León XIV pidió a los fieles rezar durante octubre para que terminen las guerras y se alcance la paz entre los pueblos en conflicto. Además, reclamó acompañar esa oración con acciones concretas vinculadas al diálogo y la reconciliación.
La Conferencia Episcopal Argentina habilitó la etapa de preinscripción para todos los fieles que deseen sumarse como voluntarios durante la esperada llegada del papa León XIV al país. Quienes colaboren en las jornadas religiosas deberán cumplir una pauta estricta y excluyente vinculada a la edad y la residencia legal dentro del territorio nacional.
De cara a la histórica Visita Apostólica que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Iglesia argentina lanzó una convocatoria inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas, invitando a la comunidad a comprometerse con el bien común. Sin embargo, para formar parte del equipo operativo se fijó un filtro ineludible: los aspirantes sólo podrán ser argentinos o extranjeros con residencia formal en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.
Francia. Foto: Vatican Media
País
Milei negó la recesión, denunció ‘7 intentos de golpe de Estado’ y dijo ‘deportar a 20 mil terroristas’
En una nueva entrevista grabada con el periodista Luis Majul tras su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dejó varias definiciones económicas y políticas que rápidamente acapararon la atención pública, destacándose especialmente por cifras y afirmaciones de tinte disparatado sobre la historia argentina, la situación internacional y la dinámica local.
Uno de los pasajes más llamativos de la charla se dio cuando el mandatario repasó las supuestas trabas institucionales que debió enfrentar la historia reciente y su administración, combinando datos inverosímiles sobre seguridad nacional e internacional.
"Una de las cosas que yo expliqué es que en 40 intentos de proyectos de intentar derrumbar el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicios políticos que fueron siete intentos de golpes de Estado, los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil", expresó Milei.
La afirmación sobre las deportaciones masivas de "terroristas" generó inmediato desconcierto, ya que no estuvieron apoyados en registros oficiales ni antecedentes de operativos migratorios o de seguridad de semejantes dimensiones en la historia del país, despertando alguna sorpresa incluso en el periodista.
Consultado sobre la contracción de la actividad en ciertos rubros de la economía doméstica, el Presidente rechazó tajantemente que el país atraviese una recesión y graficó el momento económico con una polémica analogía sobre el cambio tecnológico. "Hay una desaceleración del ritmo de expansión", sostuvo.
"Cuando hay cambios estructurales hay sectores que se expanden y otros que se contraen. Suponga que está yendo a la quiebra una fábrica de televisores en blanco y negro, ¿usted se quejaría de eso y quisiera salvar ese sector? Es un disparate. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando, que la economía está cambiando y una parte se queda atrás", argumentó el Presidente.
Por otra parte, Milei defendió el rumbo macroeconómico y aseguró que la actividad se encuentra en niveles históricos elevados, atribuyendo los cuestionamientos o datos negativos a una supuesta intencionalidad política de sus detractores.
"Vamos a estar promediando cuatro o cinco veces más que la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Qué parte es que la Argentina no crece? Entiendo que cuando aparezca un número malo vayan y lo festejen por el odio que le tienen a este Gobierno, el odio que les genera que se equivocaron, pero además la deshonestidad intelectual, porque hoy el mundo sufre un shock de oferta negativo", aseguró el libertario.
De este modo, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta económica y minimizó los indicadores adversos, en un reportaje que volvió a dejar fuertes cruces discursivos y frases para el debate político.
ESPAÑA
Acampe en el centro de Madrid en demanda de vivienda
Unas 500 personas acamparon en la noche del sábado en Puerta del Sol, la histórica plaza de Madrid, en reclamo por el derecho a la vivienda y luego de que se desalojara a una mujer de 87 años que no pudo pagar el alquiler ante el desmedido aumento. En la noche del domingo se preparaban para continuar el acampe y más gente se sumaba al reclamo.
"Ni una Maricarmen más", es el lema de la manifestación, que tomó el nombre de la mujer que sufrió el desalojo y que sirvió de disparador para expresar el enojo en España por la crisis de la vivienda.
Maricarmen Abascal llevaba 71 años viviendo en una casa alquilada del barrio madrileño de Retiro. Durante años pagó 500 euros mensuales de alquiler, pero en la última renovación le pidieron 2.650 euros. Maricarmen percibe una pensión de algo más de 1.400 euros. Finalmente, el pasado miércoles sufrió el desahucio.
“Estoy aquí porque la situación de la vivienda es insostenible. Estamos todas en la calle porque ya estamos hartas”, declaró una manifestante que pasó la noche del sábado en una carpa en Puerta del Sol, donde más personas se sumaron este domingo para un segundo día de protestas.
Los manifestantes exigen medidas de protección para los inquilinos, para combatir el fraude y la prohibición de desalojos cuando no haya una alternativa habitacional.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que encabezó las protestas, dijo: “Tenemos la ola de indignación y rabia que se ha desatado, es ya imparable”,
Del Río aseguró que el acampe se mantendrá hasta que el gobierno apruebe nuevas leyes, incluidos contratos de alquiler indefinidos, y detenga desalojos como el de Maricarmen. Se espera que el gobierno español anuncie nuevas medidas en su reunión semanal del Consejo de Ministros el próximo martes.
Maricarmen, que tras ser desalojada fue trasladada en ambulancia a un hospital en el que permanece internada, difundió un video: “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, sostuvo.
Las imágenes del desalojo se difundieron ampliamente por toda España, alimentando la indignación y las críticas a las autoridades públicas y a las empresas de inversión inmobiliaria acusadas de expulsar a los residentes de sus hogares al encarecerlos.
"Maricarmen ha sido un poco la gota que ha despertado este malestar social, pero ya venimos hace mucho tiempo atrás con toda esta historia porque al final lo que no puede ser es que los fondos buitres estén comprando casas y echando familias enteras", sostuvo un manifestante.

