20 de mayo de 2023

La crítica situación humanitaria en la zona fronteriza entre Perú y Chile, ha originado que alrededor de 200 personas, entre las que hay menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, se encuentren varadas y a la ‘buena de Dios’. Es que las autoridades peruanas no les están permitiendo el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta.

«No hay respuestas de las autoridades y es imposible acercarse a las ventanillas (migratorias) para hacer un trámite», cuenta Lorena Zambrano, vocera de la  Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) en Tarapacá, Chile.

Ante la desesperación y falta de soluciones, en los últimos días ha habido una serie de enfrentamientos entre la policía fronteriza y los migrantes, quienes han bloqueado el paso de camiones y vehículos en la carretera con el fin de presionar para que les brinden ayuda.

En un reporte, AMPRO denuncia que la gente recibió «golpizas» por parte de las fuerzas de seguridad. Son varias organizaciones de migrantes que piden crear un corredor migratorio. «Que les permita regresar a casa, tengan la nacionalidad que tengan, sin queden fichados y luego puedan volver, si lo desean, cumpliendo las leyes de cada país», sostiene Zambrano

Por un lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó días atrás el Estado de Emergencia en sus fronteras. Esto permitirá que policías y militares realicen operaciones para intentar controlar la migración.

En Perú hay censados más de 1,4 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).

«Estas medidas nos permitirán regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral», dijo Boluarte al hacer el anuncio.

A la vez, también desde Perú, han dicho que el presidente de Chile, Gabriel Boric, debe asuimir el control de las fronteras de su país.

La presión aumentó aún más luego de que se denunciara que militares chilenos estaban ayudando a migrantes a cruzar por pasos ilegales hacia Perú.

La acusación -dada a conocer por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión- generó múltiples reacciones en ambos países y obligó al Ejército chileno a abrir una investigación al respecto.

«Lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú muestra el límite de los espacios de cooperación entre los países», le cuenta a BBC Mundo Mayra Feddersen, profesora de la Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora principal del núcleo Milenio MIGRA

Con todo, el canciller chileno Alberto van Klaveren aseguró que se están conversando con el país vecino con el objetivo de darle una salida diplomática al problema.

«La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta», agrega Feddersen.

Salir y volver por la crisis

En los últimos años y como fruto de la crisis económica y social que vive su país, más de 7,1 millones de venezolanos han emigrado, según cifras de ONU. Su destino principal ha sido la vecina Colombia pero, en busca de una mejora en su vida, han llegado a otros países de la región.

Uno de sus destinos fue Chile, donde, según datos de 2020, había cerca de 500.000 venezolanos, un tercio del censo de extranjeros.

Pero ahora, como ocurre con muchas de las personas varadas en la frontera colindante con Perú, decidieron irse de la nación liderada por Gabriel Boric ante la falta de oportunidades y el aumento de la rigidez en sus políticas migratorias.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) -que se ha dedicado a estudiar el tema migratorio en Chile en la última década-, desde 2021 ha habido más salidas que entradas de venezolanos al país. En 2021, por ejemplo, entraron alrededor de 40.000 venezolanos y salieron más de 70.000.

Ignacio (nombre ficticio para resguardar su identidad) fue uno de los que fue a Chile y se regresó.

Ignacio viajó en 2016 en busca de una vida mejor. «En Venezuela no podíamos comprar nada, no había nada», se lamenta en una llamada con BBC Mundo.

Pero 6 años después decidió regresar porque las condiciones económicas y su situación personal cambió.

«El arriendo nos subió un 200 %, el mercado laboral se dañó. Personalmente, tuvimos un hijo al que le diagnosticaron autismo y buscamos un colegio público, pero nunca obtuvimos cupo. Y es muy costoso un colegio privado», cuenta.

También siente que cambió el modo de ser de la gente. «Después de las protestas de 2017, la actitud de la gente cambió. Además de aumentar las agresiones en la calle, todo el rato me señalaban por ser extranjero, me decían que no podía opinar, que me fuera del país».

Ignacio pudo salir en avión gracias al apoyo económico de su familia y a que en 2016 los trámites migratorios eran más sencillos y obtuvo su permiso de residencia y trabajo a los pocos meses de llegar. Pero muchos no tienen la capacidad económica ni los documentos para salir.

Más control, más miedo

Con la llegada de más migrantes a Chile en lo últimos años, el gobiermo de Boric ha impuesto estrictas medidas de control, incluida la militarización de la frontera norte del país desde febrero de este año.

Boric explicó que estas medidas apuntan a «combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas».

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control».

«No solo faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, facultades legales y faltaba presupuesto», dijo Tohá al anunciarse la militarización de la frontera norte chilena.

Además, desde mediados de abril, las fiscalías de todo Chile tienen la orden de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito, sin importar la gravedad de éste, cuya identidad no pueda ser acreditada.

Lo anunció el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la muerte del un tercer policía en servicio en menos de un mes. Dijo que la prisión preventiva se mantendrá cuando «la identidad (del detenido) no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente y hasta que se pueda establecer su identidad».

Lo anterior se suma a una serie de leyes aprobadas por el Parlamento que hacen más expeditas las expulsiones administrativas de los migrantes.

Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, estas medidas son un «retroceso en los derechos de las personas migrantes» y tienen una «intención de persecución a quienes no tienen documentos chilenos».

«La narrativa instalada en Chile estigmatiza y criminaliza a los extranjeros, les echa la culpa de problemas estructurales como la seguridad», le explica Rojas a BBC Mundo.

La migración está siendo un fuerte desafío para la nación sudamericana. Se han tomado medidas contrarerloj para adecuar las políticas de integración pero, también, los trámites para postular a una visa son cada vez más difíciles.

Esto, en parte, ha hecho que haya entradas y salidas por lo que llaman «caminos no habilitados. Rechazan los permisos, los trámites son muy largos y ni siquiera le están dando curso a las solicitudes de refugio», apunta Feddersen.

«Por eso, muchos optan por entrar de manera clandestina. El problema es que tampoco pueden regularizar su situación y es muy complejo».

Y ahora, con la nueva ley de prisión preventiva, el escenario es aún más complejo. «Tienen temor a ser detenidos y privados de libertad», dice Fedders

El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas, como el no poder acceder a trabajos o a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos.

BBC Mundo.

Foto portada Pablo Rojas Madariaga