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Violencia escolar: acuerdo de prevención y resguardo a docentes bonaerenses
16 de mayo de 2023
Autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), del Ministerio de Trabajo y del Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, se informó hoy.
Esta acción de la DGCyE se suma a la Resolución 2672/15 y la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, se informó en un comunicado.
El documento, que lleva la firma de los ministros Alberto Sileoni y Walter Correa y los secretarios generales de los gremios de educadores que integran el FUDB, establece medidas preventivas ante diversas circunstancias en donde las y los docentes bonaerenses atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral.
El acuerdo paritario establece que “en el marco de la prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo docente, se busca proteger al trabajador docente y a otras personas que integran la misma actividad que sean objeto de amenazas y/o comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia o acoso por razón de género”.
“Hay un Estado presente que, ante una situación de gran complejidad, de extrema violencia, continúa trabajando para resguardar a sus docentes, directivos y principalmente a las y los niños y adolescentes que estudian en nuestras instituciones educativas”, señaló Sileoni
En esa línea, destacó: «Reiteramos, insistimos, que todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia, real o simbólica, de discriminación, de falta de respeto al semejante, donde no tengan lugar los discursos de odio»; y completó que “hay que alentar una educación bonaerense humanista, que construya la necesidad del otro, que enseñe el valor de la verdad, que enseñe a preferir la ley y la convivencia en paz».
Por su parte, Correa indicó que «este acuerdo paritario surge de un abordaje integral que comenzamos con los trabajadores de la educación en conjunto con Ministerio de Educación; es para resguardar y reparar situaciones de violencias que se padecen en las instituciones educativas, no sólo como modo de cuidar las y los docentes, sino también a los niños, niñas y el proceso educativo en su conjunto».
En el marco de los acuerdos, además, se indicó que la DGCyE se compromete a seguir capacitando en Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela.
Además, se promoverá la conformación y funcionamiento regular de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas que afectan las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, el cuidado de niños, niñas y adolescentes y el normal desarrollo de las actividades educativas.
Se informó que, en el supuesto que trabajadores o trabajadoras docentes que hubieran sido imputados resultaren absueltos, la DGCyE garantizará actos de reparación; y se aseguró que se arbitrarán las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad, para que en los casos en que deban intervenir las fuerzas policiales, no interfieran en la actividad escolar, garantizando el resguardo del funcionamiento institucional preservando a las niñas y niños, a docentes y trabajadores auxiliares de acciones disruptivas del cotidiano escolar.
Por último, se indicó que la información que requiera el Poder Judicial será canalizada a través de las autoridades educativas y se garantizará la protección de los derechos, evitando la difusión de datos filiatorios de denunciantes, afectadas y afectados.
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Malvinas: ‘No puede haber decisiones unilaterales’
El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la intimación argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y detalló por qué se fijó un plazo de dos semanas. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa, y con la decisión oficial de llevar el caso ante una instancia internacional.
En una entrevista con A24, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. También destacó que el país presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.
Quirno sostuvo que el reclamo argentino se apoya en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, señaló al describir la estrategia. Según planteó, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. El Gobierno otorgó dos semanas para que responda antes de avanzar con el procedimiento previsto.
El funcionario explicó que ese período no es arbitrario, sino que responde a los pasos requeridos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”, afirmó. De ese modo, la Argentina ofrece al Reino Unido la opción de detener las operaciones.
Quirno también cuestionó la participación de las compañías involucradas en la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país. El planteo oficial busca marcar que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales.
Consultado por un encuentro en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Dijo que el diálogo sobre el tema es intenso y aludió al respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.
La postura de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje, mientras continúan las gestiones con Londres y Santiago.
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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte
El Gobierno le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.
Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas y en el que se detalló: “Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”.
Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”
Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
