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Violencia escolar: acuerdo de prevención y resguardo a docentes bonaerenses
16 de mayo de 2023
Autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), del Ministerio de Trabajo y del Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, se informó hoy.
Esta acción de la DGCyE se suma a la Resolución 2672/15 y la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, se informó en un comunicado.
El documento, que lleva la firma de los ministros Alberto Sileoni y Walter Correa y los secretarios generales de los gremios de educadores que integran el FUDB, establece medidas preventivas ante diversas circunstancias en donde las y los docentes bonaerenses atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral.
El acuerdo paritario establece que “en el marco de la prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo docente, se busca proteger al trabajador docente y a otras personas que integran la misma actividad que sean objeto de amenazas y/o comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia o acoso por razón de género”.
“Hay un Estado presente que, ante una situación de gran complejidad, de extrema violencia, continúa trabajando para resguardar a sus docentes, directivos y principalmente a las y los niños y adolescentes que estudian en nuestras instituciones educativas”, señaló Sileoni
En esa línea, destacó: «Reiteramos, insistimos, que todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia, real o simbólica, de discriminación, de falta de respeto al semejante, donde no tengan lugar los discursos de odio»; y completó que “hay que alentar una educación bonaerense humanista, que construya la necesidad del otro, que enseñe el valor de la verdad, que enseñe a preferir la ley y la convivencia en paz».
Por su parte, Correa indicó que «este acuerdo paritario surge de un abordaje integral que comenzamos con los trabajadores de la educación en conjunto con Ministerio de Educación; es para resguardar y reparar situaciones de violencias que se padecen en las instituciones educativas, no sólo como modo de cuidar las y los docentes, sino también a los niños, niñas y el proceso educativo en su conjunto».
En el marco de los acuerdos, además, se indicó que la DGCyE se compromete a seguir capacitando en Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela.
Además, se promoverá la conformación y funcionamiento regular de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas que afectan las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, el cuidado de niños, niñas y adolescentes y el normal desarrollo de las actividades educativas.
Se informó que, en el supuesto que trabajadores o trabajadoras docentes que hubieran sido imputados resultaren absueltos, la DGCyE garantizará actos de reparación; y se aseguró que se arbitrarán las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad, para que en los casos en que deban intervenir las fuerzas policiales, no interfieran en la actividad escolar, garantizando el resguardo del funcionamiento institucional preservando a las niñas y niños, a docentes y trabajadores auxiliares de acciones disruptivas del cotidiano escolar.
Por último, se indicó que la información que requiera el Poder Judicial será canalizada a través de las autoridades educativas y se garantizará la protección de los derechos, evitando la difusión de datos filiatorios de denunciantes, afectadas y afectados.
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Senado: legisladores cobrarán $ 9 millones mensuales
El Senado acordó este lunes un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.
Desde la Presidencia del Senado trascendió que la vice, Victoria Villarruel, no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se “desengancharan del aumento”.
El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1º de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1º de agosto.
“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.
A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso.
"Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos”, manifestaron.
Las fuentes insistieron en que “es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no”.
La resolución lleva la firma de las autoridades de la secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo y el secretario parlamentario Agustín Giustinian, y por Diputados la secretaria administrativa Laura Oriolo y el secretario general Diego Molina Gómez, con los sectores sindicales.
También firman la resolución Norberto Di Próspero y Fabián Zacardi por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roig de UPCN.
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Diputados retoma discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expondrán desde las 14 sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrollará una nueva ronda con especialistas invitados.
Participarán de la reunión informativa el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; el diputado nacional y neurólogo Facundo Manes; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
Además de analizarse esta iniciativa del Gobierno, fueron convocados para defender sus propios proyectos los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Agustina Propato (Unión por la Patria), Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Roxana Reyes y Fabio Quetglas (UCR).
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En este último caso,la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.
“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.
No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
Y se puntualiza que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
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Desregulan el mercado del gas
La Secretaría de Energía desreguló el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas, por lo que desde ahora se podrán fijar libremente sin tener que adecuarse a un tope.
El área que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo decidió desregular los precios de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que incluyen los valores de referencia de las garrafas, mediante la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de continuar estableciendo únicamente ‘Precios de Referencia’, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.
Al explicar la finalidad de la decisión, el texto oficial precisó que “la presente medida tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”.
Además, remarcó que “la desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.
La medida forma parte de las disposiciones en materia de desregulación fijadas en el DNU 70/2023 en el que se estableció “como objetivo de política nacional el funcionamiento libre de los mercados energéticos en todos sus alcances”, por lo que en relación al GLP se determinó que “los criterios normativos vinculados al sector deben armonizarse con los objetivos de política nacional que habrán de regir el sector energético en su integralidad”.
En este marco y bajo la renovada denominación, Energía también actualizó el “precio de referencia” de las garrafas de 10 kg en $8.500, la de 12 kg a un valor de $10.200 y la de 15 kg a $12.750, incluyendo impuestos.
Asimismo, derogó “los apartamientos máximos permitidos”, un cálculo que se hacía por jurisdicción con el fin de fijar el precio de las garrafas para los hogares según el costo logístico para las distintas zonas del país.
La desregulación de los precios de las garrafas abarca al Programa Hogar, que consiste en un subsidio otorgado por la secretaría energética y ANSES que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kg.
