País
Definen poner 1.800 cámaras en colectivos y usar botones antipánico
10 de abril de 2023
El gobernador, Axel Kicillof, acordó hoy con las empresas transportistas de pasajeros poner a transmitir 1.800 cámaras en colectivos que ya cuentan con ese dispositivo y mientras se extiende ese sistema dotar de botones antipánico a los choferes que conduzcan unidades que carezcan de los mecanismos de visualización.
«Acordamos poner en marcha una mesa de trabajo y el primer gran objetivo es, sobre 1.800 cámaras ya instaladas, ponerlas a transmitir en los próximos días. Hablamos con Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), para usar un chip 4G para que la Central de Monitoreo en La Matanza pueda recibir esas imágenes», explicó el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, al término de la reunión en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata.
Remarcó que se trabajará para «seguir multiplicando las cámaras tanto para identificar al agresor como un elemento disuasivo y en el mientras tanto instrumentar en aquellas unidades sin cámara botones antipánico».
Kicillof encabezó una reunión de trabajo con representantes gremiales y autoridades de cámaras empresariales vinculadas al transporte, junto al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el jefe de Asesores, Carlos Bianco, y los ministros de Transporte, D’Onofrio, y de Seguridad, Sergio Berni.
Participaron en representación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el secretario general, Roberto Fernández, y Jorge Kiener; por la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Roberto Rodríguez, Luciano Mesina y Damián Andrieu; por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo y Daniel Guolo; por la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Mario Vacca; por la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), Luis Brusca y Fabio Ferreira, y por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro y Mauro Coglianese.
También estuvieron los subsecretarios de Transporte Terrestre, Julio Perdiguero, y Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Transporte, Ignacio Cingolani.
D´Onofrio precisó que la mesa de trabajo evaluará «el stock de cámaras, quiénes son los proveedores y cómo instrumentamos la compra lo más rápido posible».
«La provincia de Buenos Aires hizo un esfuerzo importante, hay una cantidad importante de cámaras ya instaladas, no las que hubiésemos querido tener al día de hoy», precisó el ministro, y aclaró que la reunión «no tiene que ver con establecer responsabilidades o intimar a alguien, sino con cómo vamos a instrumentar las cámaras».
Puntualizó que el Gobierno bonaerense «no va a pagar dos veces por lo mismo», en alusión al subsidio otorgado a muchas empresas para que doten sus unidades de transporte de cámaras y el incumplimiento por parte de ese sector con ese compromiso.
José Troilo explicó que «la voluntad del sector está. Personalmente me voy conforme de la reunión, la atención desde su máxima autoridad y su compromiso me parece importante».
Por su parte, Berni confirmó que concurrirá mañana a la reunión de seguridad en Nación ya que «tengo las mejores de las expectativas de poder contar con cualquier tipo de apoyo en esta situación crítica de personal que no es ahora; cuando el gobernador asumió gestionó una reunión con el Presidente (Alberto Fernández) en el 2020 y desde el 2020 estamos esperando esa respuesta ansiada».
«Tenemos una postura receptiva, cualquier ayuda de la que solicitamos al asumir es bienvenida», insistió.
En su rol de titular del área de Seguridad bonaerense, Berni afirmó que «hacemos todos los esfuerzos, por mejorar el sistema policial».
«Todos los que crean que el tema del delito es discutir un patrullero más o menos, están mirando el problema por el ojo de la cerradura. Nadie quiere discutir la génesis del delito. Es un problema que va a costar resolverlo pero mientras los que tienen alguna responsabilidad se hagan los distraídos será un problema que costará resolverlo», puntualizó.
Con respecto al cacheo de pasajeros de colectivos del fin de semana último, Berni aclaró que «un cacheo similar se hace en las canchas y nadie levantó la voz. Me parece que un fin de semana largo que no había noticias, cualquier noticia es buena para generar debate y no estamos para generar debate sino llevar definiciones».
Sobre la investigación del asesinato del colectivero Daniel Barrientos, el ministro destacó que «a una semana (del crimen) no tenemos los avances que me gustaría tener. El 95 por ciento de los homicidios se resuelve en las primeras 23 horas pero estamos ante un hecho habitual que no responde a patrones habituales».
Consultado sobre sus declaraciones en las que comparó el ataque sufrido el lunes pasado por parte de colectivero con el crimen del joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, Berni precisó que «las motivaciones fueron distintas, no se puede comparar, pero la mecánica cobarde, artera, es absolutamente la misma. Para el Código Penal la mecánica fue la misma».
El Gobierno de la provincia, a través de un subsidio, giró un total de 2.500 millones de pesos a las empresas de transporte para la instalación de las cámaras, pero apenas se colocaron unos dos mil aparatos.
En enero y febrero pasados la administración bonaerense había intimado a las compañías a que instalaran los dispositivos, pero el asesinato del colectivero Barrientos, ocurrido el lunes pasado en La Matanza, hizo más visible esa urgencia.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
