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Estudian suspender la ley de alquileres
4 de abril de 2023
El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres, dijeron hoy a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.
La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar «el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida».
«Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley», sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que «los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes».
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres «debe cambiar, pero no de cualquier manera».
«Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades», señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso «necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad», ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
«Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción», explicaron desde la entidad inmobiliario,
Por eso, solicitó que se traduzca «no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos» en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
«La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad», completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que «la ley de alquileres – sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional».
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que «los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados».
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El Gobierno tildó de ‘político’ el paro universitario
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1.° de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el este miércoles 12 de agosto.
En un comunicado, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".
También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.
"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.
En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.
"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.
La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.
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Universidades: el Gobiernio busca destrabar conflicto salarial
Docentes y no docentes de las universidades nacionales paralizarán las actividades este miércoles 12 de agosto. El Ejecutivo confirmó una reunión salarial para el 1° de septiembre y cuestionó la protesta. Los sindicatos reclaman recomposición de ingresos, fondos para el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas tendrá un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto, cuando docentes y trabajadores no docentes realicen un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La medida fue ratificada por las organizaciones gremiales pese a que el Ministerio de Capital Humano confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 1° de septiembre.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionaron la huelga y aseguraron que la convocatoria salarial forma parte del cronograma establecido previamente.
El Gobierno sostuvo además que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó de acuerdo con la normativa vigente y las decisiones judiciales, y calificó el paro como una medida de “carácter político”.
Los sindicatos rechazan esa interpretación y aseguran que permanecen pendientes reclamos salariales y presupuestarios que justifican la continuidad del plan de lucha.
Los gremios hablan de una deuda salarial del 28,5%
Uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Las organizaciones universitarias estiman que existe una deuda salarial acumulada del 28,5% hasta junio y reclaman que ese porcentaje sea incorporado a los salarios.
También exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y los recursos previstos para los hospitales universitarios.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales venía reclamando desde julio una convocatoria urgente a negociación paritaria ante el deterioro salarial.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025.
La norma tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema universitario público y establece mecanismos para actualizar las partidas presupuestarias y recuperar los ingresos de los trabajadores del sector.
El conflicto por su implementación llegó a la Justicia y durante junio la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar distintos aspectos de la ley mientras continúa la discusión judicial de fondo.
Ese antecedente es uno de los argumentos utilizados por los gremios para reclamar una actualización mayor de los salarios y las partidas universitarias.
El Gobierno, en cambio, sostiene que viene cumpliendo las obligaciones establecidas y que no existe un incumplimiento que justifique la medida de fuerza.
El antecedente del aumento otorgado en junio
En junio, luego de varios meses de conflicto, el Gobierno había dispuesto una recomposición para el sector universitario.
El esquema contempló un aumento salarial del 24,33%, compuesto por una actualización del 21,33% y otro incremento posterior del 3%.
También se anunció una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos adicionales destinados a hospitales universitarios.
Las organizaciones gremiales consideraron que las medidas resultaban insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada y mantuvieron el reclamo por la aplicación completa de la ley.
Ese desacuerdo es el que ahora vuelve a expresarse con el paro nacional del miércoles.
Docentes y no docentes paralizan las universidades
La medida tendrá alcance nacional y comprende tanto al personal docente como al no docente.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió realizar el paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la CONADU Histórica profundizará el plan de lucha: además de adherir a la protesta del 12 de agosto, convocó a un paro nacional entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.
La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una recomposición de los ingresos.
Las organizaciones sindicales también comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria si el conflicto no encuentra una salida.
La discusión continuará en septiembre
Con posiciones todavía enfrentadas, la próxima instancia formal será la reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.
El Gobierno considera que esa convocatoria demuestra que el proceso de negociación permanece abierto y sostiene que el paro del miércoles no responde a un incumplimiento de su parte.
Los sindicatos, en cambio, señalan que esperar hasta septiembre prolongaría una pérdida salarial que consideran pendiente y reclaman respuestas inmediatas.
Así, a dos días de la nueva medida de fuerza, el paro universitario continúa firme y la confirmación de la paritaria no logró desactivar el conflicto
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Inflación de julio será apenas una décima por arriba de junio
En el Gobierno esperan que la inflación de julio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá el próximo jueves, se ubique cuando mucho apenas una décima por arriba de la de junio, en un nivel mucho menor al último dato de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,9%.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde por el Banco Central y que concentra proyecciones de proyecciones de 33 economistas y 13 bancos, el próximo IPC será de entre 1,9% y 2%, casi en línea con 1,9% del mes anterior.
El REM destaca que la inflación a nivel nacional seguirá en baja, en octubre y noviembre 1,6%, y una suba a 1,8% en diciembre, que habitualmente es un mes inflacionario.
Desde el BCRA destacaron que, según sus cálculos, no hubo aumento de la inflación, porque miden la subyacente, que quita componentes como alquileres y frutas, que son volátiles.
Ese indicador excluye la variación de precios estacionales, promedió un aumento mensual de 2,1% en el trimestre y llegó a 1,6% en junio, un registro comparable con los valores observados en 2017.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo en conferencia de prensa que “esta evolución confirma que la reducción de la inflación no se debe solo a factores transitorios, sino que responde a un proceso difundido atribuible a los determinantes profundos del régimen macroeconómico”.
Hay muchas expectativas por la difusión del próximo IPC nacional, teniendo en cuenta el salto de la inflación en CABA, que dio 2,9% en julio, como informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, contra el 1,8% de junio en el distrito porteño.
Según ese índice los rubros que más subieron en la ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y cultura, con un alza de 5,8%; seguido por Restaurantes y hoteles, con 5,3%; y Transporte, que subió 3,1%.
El avance de los dos primeros rubros se debe principalmente a factores estacionales, en coincidencia con las vacaciones de invierno. Mientras que el segundo se explica por los aumentos en transporte público, como el aumento del boleto de las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad, cuyas tarifas escalaron 3,9%. Sumado a los ajustes en los pasajes de avión.
Entre las variables que incidirían en un leve aumento de la inflación de julio a nivel nacional están el impacto de las vacaciones de invierno, que generan remarcaciones de precios en turismo, en recreación.
Esto se suma a cierto traslado del aumento del dólar, por la suba de $100 entre fines de junio y principios de julio, algo habitual en las vacaciones de invierno. ( TN)

