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Corte bonaerense suspendió ley jubilatoria del Bapro
14 de marzo de 2023
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó hoy, a través de una medida cautelar, que a partir del 1° de junio próximo la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) suspenda la aplicación del régimen establecido por el gobierno de María Eugenia Vidal, que elevó la edad jubilatoria y redujo el monto de los haberes a cobrar por los trabajadores retirados de esa entidad.
Además, el máximo tribunal provincial dispuso un recupero progresivo de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema anterior.
La ley vigente hasta ahora, la 15.008, elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que regía, bajo el argumento de que ese sistema llevaba a la caja a una situación deficitaria.
Esa medida generó la presentación de más de 5.000 medidas cautelares en la Justicia y entre quienes acudieron a los tribunales estuvo la Asociación Bancaria (AB).
En el fallo al que tuvo acceso Télam, el tribunal sustentó la decisión en la necesidad de evitar perjuicios «de difícil reparación ulterior».
La resolución -adoptada por unanimidad- se encuadra en la causa colectiva conformada a partir de acciones declarativas de inconstitucionalidad contra la ley 15.008, promovidas por la AB, la Asamblea Permanente de Jubilados del Banco Provincia y la Unión de Jubilados del Banco Provincia.
Con antelación, el Procurador General había dictaminado que el régimen de movilidad establecido en la norma constituía una disposición regresiva que afectaba los derechos de los jubilados.
La AB celebró el fallo y dijo que «se logró que la Justicia dictaminara a nuestro favor e hiciera lugar a la medida cautelar».
«Esta medida favorece a más de 15.000 jubilados y 10.000 activos del Banco Provincia; es sin dudas un gran logro que habla de la justeza del reclamo y la fuerza de convicción de un sindicato, en defensa de los derechos previsionales de nuestros compañeros y compañeras», afirmó el gremio en un comunicado firmado por su conducción nacional, encabezada por Sergio Palazzo.
En tanto, el secretario general de la seccional La Plata de la AB, Federico Bach, también destacó el fallo de la Corte provincial.
Ratificó que «se restablece el 82%, la movilidad en la paritaria bancaria y se restablece el cobro de jubilación y pensión en los casos que se tenga cobrar» y destacó que «se restablece que la provincia de Buenos Aires está obligada a sobreponer el déficit de la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se había anulado con la ley 15.008 de Vidal», lo cual deberá ser incluido en el «presupuesto de acá hacia adelante».
El tribunal sostuvo que desde la vigencia de la Ley 15.008 al presente la movilidad de los pasivos del Banco Provincia -que ya no se calcula de acuerdo a variables propias de la remuneración relativa al cargo base- quedó librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha afectado el derecho de quienes gozaban del beneficio previsional.
En ese sentido, detalló que, en los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley promovida por Vidal se produjo una merma en los haberes jubilatorios que, en la liquidación del mes de diciembre de 2022, es del orden del 30% y acumulativamente supera el 40%.
La decisión importa recuperar -de modo secuencial y progresivo- hasta un 86% de la cuantía de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema que rigiera con anterioridad a la reforma cuestionada.
Lo resuelto, expresó la Corte, se extenderá hasta la sentencia de fondo. Los jueces también tuvieron presente la necesidad de contar con una normativa sobre esta materia.
Con respecto a ello, exhortaron al Poder Legislativo para que arribe este año a una solución «sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional», conforme a los principios de la decisión adoptada.
Entre los fundamentos para adoptar la decisión, la Corte ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de los litigios, el resultado negativo de las gestiones de diálogo promovidas por el propio tribunal y la reciente pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley en la materia.
En tanto, aclaró que lo establecido «difiere de las pretendidas por las entidades demandantes en sus planteos de fondo, aunque guarda una razonable equivalencia con ellas», y precisó que es también «menor que lo que hubiera podido resultar de aprobarse el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo».
Asimismo, consideró que la tutela provista se fundamenta en la verificación preliminar de una «diferencia significativa» en los haberes actualmente abonados, producto del reemplazo del régimen de movilidad preexistente por el contemplado en el artículo 41 de la Ley 15.008.
El gobernador Axel Kicillof pidió en la última apertura del periodo de sesiones ordinarias que se avance en el tratamiento del proyecto para reformar la Ley 15.008 que rige la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la entidad.
La iniciativa no pudo ser sancionada el año pasado, pese a que se trabajó en comisiones con el gremio bancario y con todos los bloques de la oposición tras una solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
La ley de Vidal subió a 65 los años necesarios para que los empleados y empleadas del banco accedieran a la jubilación y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad, en lugar del 82% que regía. Entonces se argumentó que ese sistema llevaba a la caja a una situación deficitaria.
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Al borde del colapso
Diversas cooperativas eléctricas advirtieron sobre la incertidumbre financiera que enfrentan ante el inicio, a mitad de año, del pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La mayoría de las 200 que funcionan en el interior bonaerense están en alerta.
En un encuentro en Olavarría, los dirigentes cooperativistas plantearon un escenario complejo de cara a junio y julio, cuando deberán comenzar con el pago de las 72 cuotas de la deuda que, en total, asciende a más de 1.000 millones de dólares. Es porque las empresas no abonaron cuando las tarifas estaban congeladas y ahora abonarán a lo largo de seis años con la condición de realizar inversiones.
De acuerdo al panorama de Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (Apeba), la complejidad económica que se avecina para los próximos meses hará que estas entidades sufran una asfixia en sus cuentas.
Mientras Oreste Binetti (Luján) describió un escenario “muy difícil” por el arrastre de deudas acumuladas desde la pandemia y que “no saben cómo van a llegar” a abonar esas cuotas, Walter Vázquez (Usina Popular de Tandil) aseguró que el riesgo pasa porque muchas dejarán de hacer inversiones e inclusive tomarán deuda con el proveedor de energía.
“Nunca hemos tenido deudas con nuestra proveedora de energía, que es Cammesa. Sin embargo, en los últimos 5 años, a partir de la pandemia, no hemos podido cubrir los gastos, ni el pago a Cammesa”, dijo Binetti. Y agregó: “Algunos tenemos que empezar a pagar en junio, otros en julio y estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy venimos muy con lo justo y no alcanza”.
Cabe recordar que el año pasado, a través del DNU 186/25, publicado en el Boletín Oficial, se les otorgó un plazo de gracia de hasta 12 meses y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación. En ese momento, se informó que la deuda corresponde a 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa y sumaba en total 2,35 billones de pesos. De esos, unos $ 1,14 billón ya había tenido acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $ 111.684 millones durante 2024. Por eso lo que quedó sin normalizar fueron unos $ 1,4 billón.
Para que sirva como ejemplo, la cooperativa de Tandil enfrenta una deuda cercana a los $18 mil millones, mientras que en Balcarce asciende a unos $22 mil millones.
Hay varias entidades del interior que enfrentan altos niveles de morosidad por parte de los usuarios y conexiones irregulares, lo que agrava la situación financiera. A esto se suma, según Ignacio Aramburu, presiente de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría, factores locales que profundizan la complejidad, como la extensión de la red rural y la situación del sector de canteras
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Declaran organización terrorista al cártel Jalisco Nueva Generación
n una acción conjunta que involucró a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la SIDE, el Gobierno clasificó formalmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.
La resolución se apoya en informes de inteligencia que exponen una red de actividades ilícitas transnacionales y, lo que es más alarmante, vínculos estrechos con otras organizaciones terroristas globales. El objetivo primordial: proteger el sistema financiero argentino de ser utilizado como lavadero o combustible para el crimen organizado.
El CJNG no es un actor nuevo, pero sí uno de los más letales. Surgido en 2010 como un desprendimiento del Cártel de Sinaloa, logró en poco más de una década posicionarse como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta. Con operaciones consolidadas en Estados Unidos y presencia en al menos 40 países, su sombra llegó hace tiempo a las fronteras argentinas.
En México, la organización es señalada como la responsable del último gran caos social y delictivo, un período marcado a fuego por el asesinato de su principal cabecilla, lo que desató una ola de violencia sin precedentes.
De Puerto Madero al mundo
La lupa de la SIDE y la Justicia argentina logró detectar huellas económicas directas del cártel en suelo porteño. Según los datos que fundamentan la medida: El foco: se detectaron actividades económicas sospechosas vinculadas a un local comercial en la exclusiva zona de Puerto Madero.
La cronología: si bien los registros iniciales datan del período 2009-2010, el salto cuantitativo ocurrió en 2016.
El desembarco: ese incremento notable en la actividad financiera coincidió con la llegada a Argentina de un familiar directo del líder del cártel.
Con esta declaración, el Estado argentino habilita herramientas de congelamiento de activos y una vigilancia extrema sobre cualquier movimiento que pueda alimentar la estructura de este gigante del narcocrimen.
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El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita
El Gobierno nacional retiró la réplica del histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que colgaba en la antesala del Salón Eva Perón de la Casa Rosada. La medida también incluyó el desmontaje de un ploteo del glaciar Perito Moreno inspirado en la obra del artista Helmut Ditsch.
Fuentes allegadas a Casa Rosada a Infobae revelaron que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, impulsó la decisión. El Ejecutivo justificó la medida por problemas estructurales en los soportes de exhibición y por el riesgo de deterioro ante los cambios de temperatura en el pasillo del ala noreste del primer piso.
Según explicaron desde el gobierno, los técnicos detectaron fallas en la estructura que sostenía las piezas. También advirtieron que el uso de aire acondicionado en la zona podía afectar la conservación de las obras.
El Ejecutivo envió las piezas al Museo del Bicentenario para iniciar un proceso de preservación. Las autoridades buscan resguardar tanto la copia del cuadro de Numa Ayrinhac como la intervención basada en la obra de Ditsch.
El antecedente más cercano remite a 2020, cuando especialistas realizaron estudios técnicos sobre la obra original de Ayrinhac, pintor oficial de la familia Perón, con el objetivo de avanzar en su restauración.
En la Casa Rosada analizan distintas alternativas para ocupar el espacio vacío. Entre las opciones, aparecen próceres como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.
Sin embargo, en las últimas horas ganó fuerza la posibilidad de colocar una imagen de Lionel Messi. La iniciativa responde a la intención de incorporar figuras contemporáneas con alta valoración social.
En paralelo, el gobierno también evalúa reemplazar el ploteo del glaciar por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú del lado argentino. La propuesta busca mantener una referencia paisajística y se vincula con la cercanía del despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, capital de la provincia de Misiones.
La decisión se inscribe en una serie de cambios impulsados por la actual gestión en edificios públicos. En 2024, el Ministerio de Capital Humano ordenó retirar imágenes y bustos vinculados a Eva Perón y Néstor Kirchner de dependencias de Anses.
