País
El Presidente envía más fuerzas federales a Rosario
7 de marzo de 2023
El presidente Alberto Fernández anunció hoy una serie de medidas destinadas a la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, que incluyen el refuerzo de las Fuerzas Federales «hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles» en una primera etapa y la participación del Ejército, a través de la Compañía de Ingenieros, para «la urbanización de los barrios populares» de esa ciudad santafesina.
«Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema», sostuvo el Presidente en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, en el que anunció una serie de medidas para combatir el narcotráfico.
En ese sentido, anunció «el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar, en esta etapa, los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario» y dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, «estará mañana en la ciudad poniendo en operaciones» ese refuerzo.
Luego, el mandatario dio a conocer que ordenó que el Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros participe «en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución».
«Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional», aseveró el mandatario.
Asimismo, anunció que mañana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, «firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) el convenio para instalar una delegación en Rosario», de manera de «tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico».
El Presidente también recordó que el Gobierno nacional ya firmó con la provincia de Santa Fe» el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del Renaper, que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad».
«También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario», apuntó el mandatario.
En su mensaje, Fernández dijo que «el sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales».
El jefe de Estado había realizado declaraciones públicas la semana pasada mostrando su preocupación por el recrudecimiento del accionar narco, hecho que quedó evidenciado en el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi, la semana pasada, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda que lo mató en la madrugada del domingo, cuando participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.
Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.
«Enfrentamos un problema real, complejo y que anuda delitos de distinta escala y tipología, por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y todos», afirmó en su mensaje de hoy.
Si bien el Gobierno nacional ya había desplegado fuerzas federales en la ciudad santafesina, Fernández dijo que había que hacer «algo más» y, desde ese momento, se intensificaron las comunicaciones con el gobernador Perotti y con el intendente local, Pablo Javkin.
En su discurso de hoy, Fernández señaló todo lo realizado en diversas áreas, pero calificó a la problemática como de larga data, y manifestó su decisión de hacer que «Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad».
«Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas», dijo.
Durante la mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se había referido también a la situación en Rosario al afirmar que «no se puede sostener más» y que «hay que ir al hueso».
Para eso, dijo, se continuarán «profundizando» las tareas para detener «a aquellos que corresponda», en relación a quienes están detrás de la venta de estupefacientes y las amenazas mafiosas de los últimos días.
«Todas las semanas se revisa el mapa del delito y se distribuyen las zonas para estar atento. En este caso (el crimen de Máximo Jerez, de 11 años) no estaba en la zona de Gendarmería. Son situaciones que no se pueden sostener más y tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso», sostuvo esta mañana el funcionario en declaraciones a la prensa.
«El esfuerzo que estamos haciendo es poder prestar un trabajo mucho más profundo» en Rosario, donde la venta de drogas y las amenazas narcos «lleva muchos años», agregó el funcionario nacional, a cargo de la cartera de Seguridad.
El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, -oriundo de la provincia de Santa Fe- sumó su voz y dijo que el Gobierno nacional «no va a bajar los brazos» en la lucha contra el crimen organizado en Argentina y el narcotráfico en Rosario y ratificó el compromiso «inclaudicable» del Poder Ejecutivo de «devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos».
«Tenemos el compromiso inclaudicable de combatir el crimen organizado en todo el país y específicamente el narcotráfico en Rosario. Queremos devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos», afirmó Rossi a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter poco después del discurso del presidente Alberto Fernández.
El funcionario remarcó: «Sin importar las circunstancias, no vamos a bajar los brazos».
En su mensaje, Alberto Fernández había cuestionado además «el juego político que hacen algunos para sacar provecho de la situación» que vive la ciudad santafecina, mientras apuestan a la «manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional».
Esas actitudes, dijo, «solo merecen el rechazo democrático», y agregó: «Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad, pero sobre todo vamos a hacer justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad».
Fernández recordó que la ciudad «ocupa un lugar neurálgico» de la geografía nacional, un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina.
«Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, pueden ser usadas en favor del crimen organizado para que puedan seguir desarrollando sus delitos», detalló, y dijo que Rosario «es mucho más que los problemas que hoy atraviesa» y se mostró esperanzado en que «va a salir adelante».
«Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido en defensa de su tierra y de su vida en comunidad», concluyó
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Milei sale en auxilio de los bomberos
El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos
| Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.  “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad. Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno. “Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución. Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son: |
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YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones
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Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.
Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.
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Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.
“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.
Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.
Call con Preska
Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6G6LUGHR6JEQJINQIHSTHX2RHI.jpg%20420w)
La jueza de Nueva York Loretta Preska
Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.
Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.
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Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores
El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.
“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.
Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.
Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.
Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.
La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.
En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.
Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.
Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.
Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.
