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El Presidente envía más fuerzas federales a Rosario
7 de marzo de 2023
El presidente Alberto Fernández anunció hoy una serie de medidas destinadas a la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, que incluyen el refuerzo de las Fuerzas Federales «hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles» en una primera etapa y la participación del Ejército, a través de la Compañía de Ingenieros, para «la urbanización de los barrios populares» de esa ciudad santafesina.
«Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema», sostuvo el Presidente en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, en el que anunció una serie de medidas para combatir el narcotráfico.
En ese sentido, anunció «el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar, en esta etapa, los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario» y dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, «estará mañana en la ciudad poniendo en operaciones» ese refuerzo.
Luego, el mandatario dio a conocer que ordenó que el Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros participe «en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución».
«Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional», aseveró el mandatario.
Asimismo, anunció que mañana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, «firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) el convenio para instalar una delegación en Rosario», de manera de «tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico».
El Presidente también recordó que el Gobierno nacional ya firmó con la provincia de Santa Fe» el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del Renaper, que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad».
«También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario», apuntó el mandatario.
En su mensaje, Fernández dijo que «el sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales».
El jefe de Estado había realizado declaraciones públicas la semana pasada mostrando su preocupación por el recrudecimiento del accionar narco, hecho que quedó evidenciado en el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi, la semana pasada, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda que lo mató en la madrugada del domingo, cuando participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.
Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.
«Enfrentamos un problema real, complejo y que anuda delitos de distinta escala y tipología, por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y todos», afirmó en su mensaje de hoy.
Si bien el Gobierno nacional ya había desplegado fuerzas federales en la ciudad santafesina, Fernández dijo que había que hacer «algo más» y, desde ese momento, se intensificaron las comunicaciones con el gobernador Perotti y con el intendente local, Pablo Javkin.
En su discurso de hoy, Fernández señaló todo lo realizado en diversas áreas, pero calificó a la problemática como de larga data, y manifestó su decisión de hacer que «Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad».
«Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas», dijo.
Durante la mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se había referido también a la situación en Rosario al afirmar que «no se puede sostener más» y que «hay que ir al hueso».
Para eso, dijo, se continuarán «profundizando» las tareas para detener «a aquellos que corresponda», en relación a quienes están detrás de la venta de estupefacientes y las amenazas mafiosas de los últimos días.
«Todas las semanas se revisa el mapa del delito y se distribuyen las zonas para estar atento. En este caso (el crimen de Máximo Jerez, de 11 años) no estaba en la zona de Gendarmería. Son situaciones que no se pueden sostener más y tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso», sostuvo esta mañana el funcionario en declaraciones a la prensa.
«El esfuerzo que estamos haciendo es poder prestar un trabajo mucho más profundo» en Rosario, donde la venta de drogas y las amenazas narcos «lleva muchos años», agregó el funcionario nacional, a cargo de la cartera de Seguridad.
El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, -oriundo de la provincia de Santa Fe- sumó su voz y dijo que el Gobierno nacional «no va a bajar los brazos» en la lucha contra el crimen organizado en Argentina y el narcotráfico en Rosario y ratificó el compromiso «inclaudicable» del Poder Ejecutivo de «devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos».
«Tenemos el compromiso inclaudicable de combatir el crimen organizado en todo el país y específicamente el narcotráfico en Rosario. Queremos devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos», afirmó Rossi a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter poco después del discurso del presidente Alberto Fernández.
El funcionario remarcó: «Sin importar las circunstancias, no vamos a bajar los brazos».
En su mensaje, Alberto Fernández había cuestionado además «el juego político que hacen algunos para sacar provecho de la situación» que vive la ciudad santafecina, mientras apuestan a la «manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional».
Esas actitudes, dijo, «solo merecen el rechazo democrático», y agregó: «Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad, pero sobre todo vamos a hacer justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad».
Fernández recordó que la ciudad «ocupa un lugar neurálgico» de la geografía nacional, un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina.
«Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, pueden ser usadas en favor del crimen organizado para que puedan seguir desarrollando sus delitos», detalló, y dijo que Rosario «es mucho más que los problemas que hoy atraviesa» y se mostró esperanzado en que «va a salir adelante».
«Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido en defensa de su tierra y de su vida en comunidad», concluyó
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
