País
La nueva moratoria previsional es ley
28 de febrero de 2023
El oficialismo logró finalmente sancionar la ley que establece una nueva moratoria previsional para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria puedan cancelar deuda de aportes y acceder a una jubilación mínima. Tras ocho meses trabado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos pudo aprobar el proyecto con la ayuda de aliados y después de haber conseguido el quórum con lo justo.
La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo desde el Senado y aprobada allí en junio del año pasado, establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos.
En ese aspecto, el nuevo sistema es similar a la moratoria que rigió entre 2014 y el año pasado, aunque ahora se agrega la posibilidad de pagar los años faltantes con 10 años de anticipación para aquellas personas que todavía no tienen edad de jubilarse pero saben que no cuentan con llegarán con la cantidad de aportes.
El bloque de diputados del Frente de Todos empujó el proyecto con el argumento de que más de 800.000 personas quedarían este año impedidas de acceder a la jubilación mínima y consiguió el apoyo de los bloques más chicos de la oposición para aprobar la ley con 134 votos a favor y 107 en contra.
La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la nueva ley y sostuvo que el oficialismo sigue «emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados». Los diputados subrayaron que «hoy sólo uno de cada cuatro jubilados que obtuvo el beneficio previsional lo hizo cumpliendo todos los requisitos» y que «el verdadero problema es la altísima informalidad del mercado laboral».
¿cómo se podrá acceder a la jubilación con la nueva ley?
Con la nueva ley, las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años que no tengan los 30 años de aportes exigidos por el régimen general podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.
Para ello, contarán con un plan de pagos en hasta 120 cuotas que serán descontadas de forma directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
La novedad de la ley es que permitirá a las mujeres que tengan entre 50 y 59 años y a los hombres de entre 55 y 64 años y que saben que no llegarán a la edad jubilatoria con la cantidad mínima de aportes anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber.
En estos casos, se podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios, y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración. La idea que plantea la ley es mantener una correspondencia con lo que aportan al sistema de seguridad social los trabajadores en actividad y en blanco.
La ley establece que este sistema de precancelación de la deuda previsional servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme vaya avanzando en la cancelación de unidades y se vaya acercando su edad de retiro.
Entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hubo una coincidencia: todos entienden que el problema de fondo es la informalidad del mercado laboral argentino, aunque esto no se trasladó a la votación. Y es que en Juntos por el Cambio varios diputados, entre ellos Ricardo López Murphy, le atribuyeron al peronismo la responsabilidad de no haber hecho las reformas que requiere el sistema.
Por el oficialismo, Carlos Heller señaló que del total de los jubilados del país el 65% tienen que ver con las moratorias. «Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo», subrayó el diputado y afirmó que esta situación se debe a la informalidad que hace que «muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes».
«Hay qué preguntarse por un trabajador que estuvo toda la vida en negro o una ama de casa: ¿qué es lo injusto, que se pueda jubilar o que no se pueda jubilar?», reflexionó Itaí Hagman, otro de los diputados del Frente de Todos que defendió la ley.
Por su parte, Luciano Laspina de Juntos por el Cambio consideró que cada moratoria muestra «el fracaso de la legislación» y que la nueva ley representa «un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa», al tiempo que la calificó como una medida electoral que busca «regalar plata que no tenemos».
«Venimos a sostener una posición incómoda, difícil, porque creemos que no se puede seguir especulando electoralmente con este tema», indicó Silvia Lospennato para justificar la postura de la principal bancada opositora, al tiempo que pidió revisar el llamado «régimen general» porque allí solo «se jubilan 1 de cada 4 personas».
Quien salió al cruce de la calificación del proyecto como «electoralista» fue Máximo Kirchner, que tomó la palabra sobre el final del debate y señaló: «Sería muy tonto pensar que las personas van a elegir al Frente de Todos por esta ley, sería subestimar la inteligencia de la gente».
El Frente de Todos logró el quórum para sesionar con lo justo: 129 presencias. Lo consiguió con la ayuda de los 4 diputados del Frente de Izquierda, 3 de Provincias Unidas (aliados habituales del oficialismo) y 4 de los 8 que integran el Interbloque Federal.
El objetivo del oficialismo, más allá de la aprobación de la ley, fue romper con el «bloqueo» que llevó a cabo Juntos por el Cambio durante todo el período de sesiones extraordinarias al negarse a facilitar el quórum mientras avanzara el juicio político. Recién cuando el Frente de Todos logró abrir la sesión la principal bancada opositora bajó al recinto.
Con la aprobación de la nueva moratoria previsional el Frente de Todos logró aprobar uno de los 28 proyectos que el presidente Alberto Fernández incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias y lo hizo en el último día de ese período y horas antes de que el mandatario asista al Congreso para inaugurar el nuevo año parlamentario. Fuente IPROFESIONAL
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
