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Declaran la emergencia agropecuaria en zonas de la Provincia

8 de febrero de 2023

El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia agropecuaria en diversos distritos de las provincias de Buenos Aires y Jujuy, para las explotaciones agrícolas afectadas por sequia, heladas, lluvias y vientos intensos; e inundaciones, según corresponda.

Lo hizo a través de las resoluciones 55/2023, 56/2023, 57/2023 y 58/2023, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Todas las declaraciones parten de la presentación tanto de Jujuy como de Buenos Aires de diversos decretos provinciales de emergencia a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, a los efectos que se aplique lo contemplado en la Ley 26.509.

Las diversas disposiciones de hoy declaran el estado de emergencia, de forma retroactiva, del 1° de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en las circunscripciones V, VI, VIII, IX y XI del partido bonaerense de Hipólito Irigoyen.

Por el mismo motivo, aunque por el periodo del 1° de abril de 2022 hasta el 30 de septiembre de dicho año, se declara la emergencia en los Partidos de Pehuajó y Bolívar y en las Circunscripciones II, VI, VII, VIII, IX y X del Partido de Carlos Casares; mientras que también se declara en tal estado del 1° de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022 a los afectados en el Partido de General Villegas.

Por otro lado, por la sequia, se dispuso declarar en emergencia agropecuaria a diversos partidos bonaerenses, en periodos que finalizaron el 31 de diciembre pasado, con fechas de inicio que varían según el caso.

Para los partidos de San Pedro, Arrecifes y Suipacha, la emergencia comenzó el 1° de junio pasado; para Rojas, Ramallo, Alberti, Lobos, San Vicente y Magdalena, el 1° de octubre; para Salto, el 1° de septiembre; y para Junín, Dolores y Chascomús, el 1° de julio.

También se dispuso la emergencia entre 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022 en el Partido de Tordillo.

Debido a las lluvias y vientos intensos, también se declaró bajo dicha condición a los productores afectados de las circunscripciones II, III y IV del Partido de Florencio Varela, en el periodo del 20 de enero de 2022 al 30 de junio de ese año.

Por último, en la provincia de Jujuy se dispuso el estado de emergencia desde el 1° de diciembre pasado al 30 de noviembre de 2023 a las explotaciones vitivinícolas y frutícolas afectadas por heladas en los Departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

Las disposiciones de hoy indican que, para recibir los beneficios, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.

Los gobiernos provinciales remitirán a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos.

La asistencia para las zonas en emergencia contempla, por un lado, la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a su finalización de la emergencia.

Asimismo, contempla la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados; y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire la emergencia.

Además, se prevé la deducción en el balance impositivo del impuesto a las Ganancias del 100% de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

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El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas



El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, destacó la cosecha récord de granos registrada durante la campaña 2025/2026 y, según él, “el boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”.


Según el Indec, el Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,7% respecto del mes anterior.
El Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo
De acuerdo con Iraeta, la cosecha de trigo superará las estimaciones previas y alcanzará una producción récord de más de 27 millones de toneladas. Además, señaló que el girasol marcó un registro histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%.

Por otra parte, Iraeta se refirió al contexto internacional generado por la guerra en Medio Oriente. “Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”. Además, “para el Gobierno el campo es prioritario, y comparado con otras administraciones la diferencia es paradigmática”, sostuvo. Asimismo, ratificó que “la reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”.

“El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros, que es lo que se viene haciendo desde que empezó la gestión”. En ese sentido, ponderó la eliminación de derechos de exportación para diversos productos agroindustriales y de las economías regionales, como lácteos, productos de vaca y la cadena porcina.

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Oficializan la baja de las retenciones para el agro


El Gobierno oficializó la baja de retenciones para el agro. El beneficio alcanza de manera inmediata, a partir de este jueves 4 de junio al trigo y la cebada, como también sus subproductos. En tanto, formalizó el esquema gradual desde el 1 de enero de 2027 para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, incluidos sus subproductos. Incluyó retenciones cero para biocombustibles que no se produzcan con los principales granos.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial y busca alentar la liquidación de divisas, pero también implicará un costo fiscal de US$32 millones hasta fin de año, según los cálculos del Palacio de Hacienda.


“Resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”, justificó el Gobierno.

El decreto diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Las reducciones inmediatas responden “a la proximidad de las decisiones de siembra” de la fina, es decir trigo y cebada. Para los cultivos de verano, como la soja y el maíz, en cambio, se estableció un esquema gradual con un cronograma que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027.

El Gobierno también aplicó modificaciones para los biocombustibles. Fijó una alícuota de 0% para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa.

Cómo quedan las alícuotas

Con el esquema diferenciado que diseñó el Gobierno, la baja de retenciones de dos puntos para el trigo y la cebada comenzará a regir desde el 4 de junio, mientras la reduccion gradual para alícuotas de la soja, el maíz, girasol y sorgo iniciará desde enero de 2027.

A continuación cómo quedan las alícuotas de las retenciones del campo:

Trigo y cebada: la alícuota de aplicación inmediata pasará del 7,5% al 5,5% para los granos. Para sus derivados (harina, sémola, malta y otros subproductos industriales) con tasas que van desde 0% hasta 5,5%, según la mercadería.

Soja: el esquema prevé una reducción gradual de retenciones. El poroto pasará de una alícuota del 24% en 2026 al 21% desde diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.

Maíz y sorgo: algunos derivados tributarán retenciones cero, mientras otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

Girasol: el Gobierno fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones. El aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.


Por su parte, el Gobierno fijó retenciones cero para el biodiesel elaborado con carinata, camelina, cártamo o colza. En tanto, el biodiésel de soja seguirá alcanzado por derechos de exportación, aunque con una reducción gradual del 21% actual al 13% en diciembre de 2028. (TN)

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CARBAP exige la eliminación de las retenciones por ley

Semanas atrás el Gobierno nacional anunció una serie de rebajas en las retenciones agropecuarias que comenzarán por el trigo y la cebada, desde este mes de junio, y seguirán con soja, maíz, girasol y sorgo a partir de 2027. En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) destacó que “la reducción de retenciones es el camino”, pero “la eliminación debe ser el objetivo”.


En un comunicado, CARBAP señaló que “valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX)”.

De ese modo, “la decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión”.


Agregaron: “Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

Y resaltaron que “la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.


No obstante, insistieron: “El cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación”. Ya que “si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”.

Argumentaron desde CARBAP que “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento”.

Por ello, “consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Del mismo modo, entendemos que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país”.


“Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país”, argumentaron.

Y señalaron: “Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina”. Porque “más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”.

“Un sistema tributario que incentive la producción”
“Desde CARBAP seguiremos acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino”, afirmaron.

“El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla”, cerraron desde CARBAP.

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