País
Jornada piquetera
7 de febrero de 2023
Organizaciones sociales de izquierda agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) realizaron hoy movilizaciones y cortes de tránsito en varios accesos a la ciudad de Buenos Aires y puntos neurálgicos en distintas partes del país, en rechazo a las «casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo», entre otras demandas.
Las protestas generaron un gran caos vehicular para los conductores, en plena hora pico del ingreso del tránsito vehicular a la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de lo que las organizaciones denominaron un «Piquetazo nacional», las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal se concretaron en las inmediaciones a los Puente Pueyrredón, Puente La Noria, en el Acceso Oeste, y las autopistas Panamericana y La Plata-Buenos Aires.
La protesta fue en demanda por las «casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo» por parte del Gobierno y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios «se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad» a Internet, según informó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a Télam que «todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación» que tuvo el programa en los últimos meses.
«No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos», remarcaron los voceros de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.
En ese sentido, agregaron: «A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo».
La UP está integrada por el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL , el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.
Los reclamos de los piqueteros de izquierda contó además con el apoyo de la Federación Nacional Territorial de la CTA (FeNaT-CTA), que conduce Omar Giuliani.
La FeNaT emitió un pronunciamiento donde afirmó que «el recorte de los pagos a beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo se parece mucho a un clásico programa de ajuste neoliberal».
«Desde la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA) repudiamos enérgicamente la decisión del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la ministra (Victoria) Tolosa Paz, de hacer un brutal recorte sobre los ingresos que perciben miles de trabajadores y trabajadoras del Programa Potenciar Trabajo y llamamos a que se replantee esta medida de manera urgente», solicitaron.
Voceros del Ministerio de Desarrollo Social insistieron hoy en que «no hay un recorte ni bajas» de los programas «Potenciar Trabajo, y recordaron que «hubo un largo proceso de revalidación de datos para poder administrar correctamente la asignación» de ese beneficio, en respuesta a las protestas que en distintos puntos del país realizan las organizaciones sociales nucleadas en el bloque de la Unidad Piquetera (UP).
«Las organizaciones de la UP no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los (beneficiarios) que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie», apuntaron a Télam, fuentes de la cartera social.
En ese sentido remarcaron además que «estamos acompañando a todos para que para no pierdan el programa, si es que les corresponde».
«¿Cómo es posible que luego de un proceso que comenzó en el mes de noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo? ¿Las unidades de gestión certificaban entonces los servicios de casi 150 mil personas que en realidad no iban a cumplir con su contraprestación?», plantearon como interrogantes desde Desarrollo Social.
En ese sentido, indicaron que «si UP tuviera una auténtica preocupación por transparentar los procesos (del Potenciar Trabajo) estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas».
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
