País
Sequia: medidas para el campo
1 de febrero de 2023
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvieron un encuentro con la Mesa de Enlace y la Mesa Agroalimentaria Argentina, con el fin de mitigar las consecuencias que está afrontando el país a causa de los daños provocados por la falta de lluvias.
Las reuniones previas permitieron alcanzar consensos con una mirada integral sobre la realidad del sector. Por este motivo, la conformación de las mesas de trabajo estuvieron integradas por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el Administrador Federal de la AFIP, Carlos Castagneto; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; y funcionarios de Aduana e INTA.
Massa señaló que «tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos para llevarle alivio al campo y ayudarlos a superar esta circunstancia climática».
«El campo es un actor central de la economía a la hora de discutir problemáticas, de tender una mano y usar todas las herramientas que tiene el Estado cuando nos encontramos con productores agropecuarios en dificultades», destacó Sergio Massa.
«Saber que de la mesa del diálogo y del trabajo podamos sacar resultados en la emergencia es muy importante. Esto nos tiene que enseñar que tenemos que trabajar juntos. La Argentina tiene en el campo a uno de los motores de la economía», resaltó el Ministro de Economía.
En tanto que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, poneró «el esfuerzo presupuestario y fiscal que hace el Gobierno Nacional, marcando claramente una decisión política de apoyar, apuntalar y acompañar al sector que más divisas genera en nuestra economía a través de sus diversas actividades y sus diversas cadenas de valor».
«El Banco Nación acompañará con una refinanciación -a tasa de origen- a quienes acrediten la emergencia, tendrá disponibles otros 20 mil millones de pesos para nuevos créditos hacia el sector e implementará un diferimiento de plazos de financiamiento para no ahogar la liquidez de los productores», detalló la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, quien agregó que, por ejemplo, «también habrá una nueva línea para arrendatarios a tasas bonificadas».
Las medidas anunciadas por el Ministro alcanzarán a más de 51.000 productores los cuales corresponden a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Estas provincias declararon la emergencia agropecuaria en el 100% de su territorio. Mientras que las Córdoba, Buenos Aires y Salta declararon la emergencia de manera parcial, por lo tanto las medidas contemplan solo a los productores que tengan emitido el certificado de emergencia agropecuaria.
Las decisiones adoptadas son:
- Fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, los mismos se harán a través de convenios con Provincias, Municipios y/o Cooperativas Agropecuarias para llegar con asistencia a los pequeños productores.
- Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias.
- Suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de Cuentas Corrientes.
- Desafectar del cálculo de impuestos a las ganancias a los productores que hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.
- Refinanciación de pasivos bajo las mismas condiciones en que fueron otorgados los créditos.
- Nuevas líneas crediticias con tasas subsidiadas para atender compromisos comerciales y capital de trabajo, y el pago de arrendamientos para la próxima campaña.
- Derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja.
- Homologación de los pedidos de emergencia en trámite en el Ministerio de Economía.
Del anuncio participaron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren; el subdirector de Recaudación, José Bianchi; el director General de Aduana, Guillermo Michel; el presidente del BICE, Mariano De Miguel; el titular de la Unidad de Coordinación Federal Agropecuaria, Jorge Solmi; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Manuel Fernández Arocena; el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero; el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Luciano Zarich; el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez: los presidentes de CONINAGRO, Elbio Laucirica; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; el representante de FECOFE, Silvio Antinoni; el presidente de FONAF, Ricardo Sirotiuk; el director General de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura de Córdoba, Germán Font; el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, Hugo Ballay; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
