Funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires recibieron hoy a los representantes de los gremios de trabajadores estatales y de los docentes para iniciar formalmente la discusión sobre aumentos salariales, en el marco de las paritarias de 2023, informaron fuentes oficiales.

Se trató de un primer acercamiento que buscó cumplir con el compromiso asumido de iniciar las negociaciones colectivas durante enero, por lo que no hubo propuesta salarial.

Los encuentros se iniciaron a las 10 con los maestros y continuaron a las 14 con los estatales de la administración pública, en las oficinas que el Ministerio de Trabajo posee en las calles 7 y 39 de La Plata.

El Frente de Unidad, que integran SUTEBA, UTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA, demandó durante la reunión "aumento y actualización salarial por medio de cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación", expresaron los gremios en un comunicado.

En esa línea, plantearon que para el primer semestre se debe hacer el cálculo con base enero 2023, y el segundo semestre estará basado en el cálculo de junio.

Las reuniones continuaron con representantes de los trabajadores de la Ley 10.430 -ATE, UPCN y FEGEPPBA, quienes, en línea con los docentes, solicitaron continuar con la recuperación del poder adquisitivo y mejorar la calidad del salario.

Además, solicitaron pases a planta permanente, un tratamiento especial para elevar los salarios más bajos, eliminar los topes en las asignaciones familiares y un Convenio Colectivo de Trabajo que jerarquice y dignifique la tarea los estatales", indicaron

La paritaria 2022 del Gobierno bonaerense con los trabajadores docentes, judiciales y de la Ley 10.430 cerró el 29 de diciembre con una suba salarial adicional de 7 puntos, que garantizó un piso de aumento de 97% para todos los regímenes de la administración pública provincial.

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa y por cuyo crimen se conocerá el jueves próximo el veredicto del juicio, pidió que la madre de su nieto y la pareja reciban "una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios", y reclamó que "sean separadas", ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal.

"Tengo muchas ansias, no pasan las horas para que llegue el día jueves. Para muchos es pasado mañana, para nosotros es eterno lo largo que se nos hacen los días para saber la culpabilidad de estas asesinas. Las expectativas son que para que esto no vuelva a suceder tiene que ser una condena ejemplar”, dijo Ramón Dupuy en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.

El hombre reclamó que ambas sean condenadas "a prisión perpetua, sin beneficios y que sean separadas de una vez por todas”, aunque admitió que lo que resuelva la justicia "no reparará nada, porque a Lucio no me lo devuelven con ninguna condena, no me lo devuelve más nadie por más que reciban condena, a Lucio lo asesinaron”.

En declaraciones a Radio Con Vos, el abuelo de Lucio explicó que, a su criterio, "la sociedad está pidiendo que ilumine a los jueces para que no vuelvan a suceder casos como el de Lucio. Es lo más lógico, porque no se espera que un ser humano haga las atrocidades que hicieron estas asesinas con el cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver un chiquito asesinado".

Luego, el hombre volvió a recordar el hecho y se lamentó: “Hasta el día de hoy me sigo preguntando el por qué, por qué lo asesinaron".

También Ramón Dupuy reclamó a la Justicia por no haber intervenido a tiempo y haberle entregado la tenencia de su nieto a la madre y a su pareja.

"No entiendo por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó (a la madre Espósito Valenti y a su pareja Páez), por qué nos revocó la tenencia si Lucio había nacido acá en General Pico, se había criado durante cuatro años acá, tenía todo acá, no le encuentro explicación hasta el día de hoy".

"A Espósito el título de madre le queda enorme, para cualquier ciudadano común, madre es una palabra sagrada, ella es una progenitora o la que lo pario digamos así nomás”, dijo el abuelo del niño asesinado, quien insistió en que su nieto "no era un auto que vos chocás y hacés un acuerdo para arreglar los daños, Lucio era una vida, un ser humano, si esta jueza hubiese actuado acorde a la ley… ella se basa en que hubo un acuerdo, se lo reconozco que hubo, pero…¿por qué sucedió? por seis falsas denuncias y una amenaza por teléfono, comprobadas eh, no lo digo yo, está comprobado en el expediente”.

“Si hubiese actuado acorde a la ley, a Lucio tendrían que haberle hecho por lo menos a estas asesinas un socio ambiental; preguntarles dónde lo iban a llevar a vivir a Lucio, con qué le iban a dar de comer a Lucio, con quién iba a estar Lucio, lo sacaron de acá de General Pico y me lo llevaron a 140 kilómetros, al año y 3 meses me lo trajeron muerto”, recordó.

El jueves próximo, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante".

La pena no se dará a conocer el jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras de evasión impositiva y previsional en una cadena de panaderías en localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe.

Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que la firma omitió declarar ventas por al menos $29 millones anuales. El operativo desplegado en esa provincia fue llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los procedimientos de la DGI y la DGRSS se focalizaron en seis establecimientos dedicados a la venta de productos de panadería con servicio de mesa para desayunos y meriendas y en la fábrica donde se elaboran las pastas, panes y bizcochos que luego se comercializan en los locales comerciales. Los inspectores constataron que la cadena emitía comprobantes truchos no avalados por la AFIP. En ese sentido, tampoco contaban con terminales de pago para el abono mediante tarjetas de crédito o débito, a tal punto que en la caja figuraba un cartel que advertía que se aceptaba “Sólo Efectivo” para abonar las compras.

A partir de esta fiscalización presencial, las áreas especializadas del organismo estimaron que la empresa ocultó al menos unos 29 millones de pesos anuales en ventas no declaradas y que quedaban registradas en anotaciones informales fuera de toda norma regulatoria, según pudieron comprobar los agentes que realizaron el relevamiento. El organismo realizará los cálculos para determinar el ajuste sobre los impuestos evadidos tanto en IVA como en Ganancias.

En cuanto a la planta laboral del contribuyente titular del emprendimiento, los inspectores encontraron a 22 trabajadores no declarados, a los cuales les abonaba el salario con parte del dinero evadido.

La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará las sanciones correspondientes. Los trabajadores y trabajadoras precarizados deberán ser registrados ante el organismo.

Mediante estas acciones de fiscalización y control, el organismo potencia las herramientas con las que busca impulsar la inclusión de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral formal para que accedan a los beneficios sociales que le corresponden como el aporte jubilatorio y la cobertura de salud. Estos controles apuntan a desarticular maniobras de evasión y reducir los altos índices de informalidad.