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Preocupa ajuste en políticas sociales
21 de enero de 2023
Bajo el titulo ‘Presupuesto 2023: el Ejecutivo desconoció el aumento del Congreso para políticas sociales’ , la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dio a conocer un comunicado por el cual reseña que “ el pasado 9 de enero, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto (mediante la Decisión Administrativa 4/23) el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por inconstitucional e ilegal”
Y agrega “en octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así, en la Ley de Presupuesto, se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”
“ De esos fondos- prosigue el comunicado- , la mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego. Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución.
Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso quien debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes y constituye una afrenta al sistema republicano de gobierno.
Por otra parte – se informa- la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. En efecto, el hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados. Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado. A modo de ejemplo, las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia.
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Provincia autorizó una fuerte suba en la tarifa eléctrica
El gobierno de Axel Kicillof autorizó en las últimas horas un nuevo aumento del servicio de energía eléctrica, que se agrega al del 118% a los usuarios residenciales y de hasta el 413% a pequeños comercios realizado el pasado 23 de febrero.
Este jueves, a través de la Resolución 284/2024 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de la provincia de Buenos Aires aprobó otro incremento que modificará los cuadros tarifarios y se convierte en un nuevo golpe al bolsillo, en medio de una fuerte recesión e inflación.
La autorización del gobierno bonaerense de incorporar una actualización del valor agregado de distribución, recae en las empresas de energía Edea (con cobertura en Mar del Plata y localidades vecinas), Edelap, Eden y Edes.
En la resolución, se indica que los aumentos en los costos del cargo fijo en la categoría R1 (usuarios residenciales) es del 270% y del 172% en los cargos variables en la misma categoría. Es decir, un usuario que pagaba $514,54 el cargo fijo en febrero, pagará 1.903,82 en marzo. En tanto que el cargo variable, pasó de $30,98 el kilowatt/hora (kwh) en febrero, pagará $84,49 en marzo.
En tanto, los usuarios residenciales que consuman más de 400 kwh por mes (categoría R3), el cargo fijo en febrero era de $1.079,55 por mes y los variables de $33,53 por kwh. En marzo, pasó a valer $3.994,35 y de $92,61 por kwh.
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El Senado rechazó el DNU de Milei, pero por ahora seguirá vigente
La Cámara alta debatió el controvertido decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
El megadecreto emitido por el presidente Javier Milei en diciembre pasado obtuvo este miércoles 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones en el Senado nacional. La Libertad Avanza (LLA) había propuesto pasar la discusión para fin de mes, pero la Cámara alta se opuso. El tratamiento del polémico DNU pasó a Diputados.
Unión por la Patria (UP) hizo pesar la fortaleza de su posición en el Senado: con 33 legisladores, solo necesitaba cuatro votos para alcanzar la mayoría parlamentaria. Y logró ocho acompañamientos.
También fue determinante el malestar que provocó recientemente Milei en la región patagónica, en el marco de la puja con los gobernadores sureños tras la caída de la ley ómnibus.
El voto restante fue el de Martín Lousteau, quien quedó prácticamente en soledad (lo acompañó la chubutense Edith Terenzi) pese a su rol de presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), desde donde había emitido un comunicado partidario instando a sus compañeros de bloque a rechazar el DNU.
El resto de los que buscaron la aprobación del decreto de Milei fueron los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.
Además, se abstuvieron la cordobesa Alejandra Vigo (alineada con el gobernador Martín Llaryora) y los dos senadores que responden al gobernador de Misiones, que cambiaron de posición tras judicializar y dar marcha atrás con el artículo del DNU que eliminaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Respecto de Santa Fe, los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron a favor del megadecreto, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski lo rechazó.
Milei viene de bajar el tratamiento de la ley ómnibus y ahora el rechazo cosechado en el Senado por el DNU implica su primer revés a través del voto legislativo.
El escenario en Diputados es distinto: pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario (99 legisladores), su posición no es igual de sólida en la Cámara baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría.
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Kicillof envía policías a Rosario para combatir el narcotráfico
El gobernador de Buenos Aires, Axe Kicillof, le brindará a Rosario 400 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que legarían en las próximas 48 horas.
La provincia de Buenos Aires enviará policías a Santa Fe para ayudar a combatir el narcotráfico y el ministro de seguridad confirmó que viajarían en las próximas 48 horas.
El gobernador Axel Kicillof le dará a Rosario 400 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas con la idea de sumar personal para disminuir los delitos que atemorizan a los vecinos.
“Buenos Aires y Rosario es una ruta caliente en la que trabajamos y tenemos previsto en el próximo mes elevar a 7.000 el número de policías de las fuerzas de operaciones especiales”, detalló Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.
El funcionario explicó que “hay centenares de causas de narcomenudeo, que terminan con allanamientos en Rosario”.
“Damos este auxilio porque la política de seguridad requiere cantidad de policías con doctrina, con entrenamiento, medios logísticos, inteligencia y comunicaciones integradas. Si no tiene esos elementos, no puede tener éxito en una lucha de persecución criminal”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la grave situación que padece la ciudad dentro de poco puede ocurrir en otros lugares: "Lo que pasa en Rosario tarde o temprano repercute en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires, y si se descontrola, se va a agravar la situación de toda la región”.h
