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Juicio Lucio Dupuy: revelan torturas y horrores más atroces de la violencia infantil
20 de enero de 2023
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el menor de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes a La Pampa a fines de noviembre de 2021, uno de los casos más espeluznantes de violencia infantil que se haya visto en la Argentina, tendrá sus sentencias el próximo jueves 2 de febrero. Ese día, serán los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, del Tribunal de Santa Rosa, quienes resuelvan la condena de las acusadas, la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Durante los alegatos finales, que se extendieron durante casi seis horas, el Ministerio Público Fiscal pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” y condenadas a prisión perpetua. A su vez, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género».
Del otro lado, las defensas plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte. El abuelo del niño de 5 años apuntó sin dudarlo: “A Lucio lo matan por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en la relación entre ellas”.
Las palabras de Ramón Dupuy, el abuelo del nene, han apuntado con dureza a las acusadas, y este jueves contó que «cuando llegué, una de las asesinas, la novia (se refería a Abigail Pérez, la pareja de madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar».
Las críticas del abuelo de Lucio apuntan por supuesto a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que les dio la tenencia a la madre y su pareja ignorando las denuncias de la familia paterna del nene, decisión que terminó en el asesinato del menor, pero además cuestiona también al presidente Alberto Fernández, que «cuando vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley Lucio en la primera sesión y lamentablemente la cajoneó», comentó el hombre. «Además ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo», agregó.
Las torturas y el peor final
Como se sabe, el pequeño Lucio vivía en La Pampa y recibió las más salvajes torturas físicas y abusos imaginales por parte de su madre y su pareja durante dos años. Nunca, en ese lapso que el menor asistía al colegio con distintas lesiones, hubo un seguimiento oficial del infierno que el menor vivía en su casa.
El peor final fue cuando Lucio Dupuy murió en noviembre 2021 en un hospital de La Pampa. El asesinato conmocionó a la Argentina. La muerte del pequeño de 5 años ocurrió el viernes 26 de noviembre por la noche y se debió a los golpes que recibió por parte de su madre y la novia de ella.
La autopsia reveló que el niño de La Pampa fue maltratado en reiteradas ocasiones e, incluso, también fue víctima de abuso sexual. Los ataques fueron recientes, pero además de «larga data», indicaron los forenses en el informe.
Luego se supo que según la historia clínica de Lucio, el niño había sido atendido por traumatismos varias veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, pero no existió un seguimiento integral de esos antecedentes. Finalmente, la violencia que sufría le costó la vida.
El reclamo del papá
“La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realice. Hoy pagó mi hijo, pero no solo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio”, denunció Christian Dupuy, padre de la víctima, a través de su Facebook.
Es que el hombre venía pidiendo la tenencia de su hijo pero la Justicia no se la dio. “Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo, te digo: ‘descansa en paz, hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia’. Te amo, Lucio Abel Dupuy”, agregó.
“Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. No lo podían tener y (con su pareja) decidieron dárselo a mi hijo mayor, ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, indicó Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, otro de los familiares que venían reclamando la tenencia y encabezó la lucha de justicia por el crimen.
Según reveló la autopsia del nene, presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data.
Lucio Dupuy también sufrió abuso sexual, según confirmó el perito forense, Juan Carlos Toulouse, quien presentó el informe final de la autopsia practicada al cuerpo del niño.
El juicio comenzó en diciembre donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal. El relato más destacado y que generó enojo fue el de Abigail: «Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho», dijo, lo que generó una fuerte indignación en la sociedad.
En tanto, la mamá de Lucio también tuvo la oportunidad de dar testimonio: «Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad», expresó.
A menos de 14 días de conocerse el veredicto por el crimen de Lucio, el abuelo del menor contó que en una de las audiencias del juicio fue provocado por una de las acusadas, quien le sonrió y le guiñó un ojo.
“Cuando llegué, una de las asesinas, la novia (de la madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, relató Ramón Dupuy, quien además y en diálogo con diversos medios volvió a reclamar justicia y criticó al Gobierno nacional porque no se avanzó con la aprobación de la Ley Lucio.
El abuelo de Lucio Dupuy reclamó a Alberto Fernández una ley y la falta de apoyo de colectivos de DDHH
«Cuando el Presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó», comentó el hombre. Al ser consultado sobre el veredicto que se conocerá el próximo 2 de febrero, el abuelo del niño sostuvo que la familia está «muy consternada» porque «vivimos con el mismo dolor del primer día. La estamos pasando mal, pero tenemos fe que Dios va a iluminar a los jueces y van a dictar la sentencia que corresponde».
El hombre lamentó que «ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo», pero aclaró que “el Estado provincial siempre estuvo presente”. «A Lucio lo vejaron. Le quebraron su cadera. Tenía muchas costillas quebradas, como también la clavícula. Tenía sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban», relató.
Ahora solo resta saber qué dictarán los jueces en torno a este caso que desde un comienzo conmovió a todo el país y que generó la ceración de la Ley Lucio que consta en establecer capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que entren en contacto con niños y adolescentes y así poder notar si los mismos son víctimas de abusos o agresiones.
Fuentes: Perfil/Telam/LN
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
