JUDICIALES
Otros dos acusados rompieron el silencio
18 de enero de 2023
Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, declararon hoy durante el juicio por el hecho que «en ningún momento» le pegaron a la víctima y que no existió «un plan» para matarlo.
El primero en romper el silencio en la última jornada de recepción de pruebas, que coincidió con el tercer aniversario del homicidio, fue Lucas Pertossi (23), quien en una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dijo: «Siento mucha pena por todo lo que pasó. Quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, ni lo toque, ni participé en un plan para asesinarlo».
Sobre su rol en la puerta del boliche «Le Brique», contó: «Veo que a un amigo mío lo estaban agarrando del pie y lo están tirando al piso. ‘Soltalo’, le pego dos patadas, y me voy caminando a la esquina».
Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp «Los delBoca3» que compartía con el resto de los acusados, en el que señalaba que «caducó» en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado.
«‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó’, me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Y mando lo que él me había relatado», dijo el acusado.
Según él, tras ese comentario, les preguntó a sus amigos: «¿Sabe alguien? Un desconocido me dijo que caducó un pibe», a lo que los demás le respondieron: «Quédate tranquilo, nos peleamos pero volvimos».
También aseguró que solía registrar distintas escenas en video con su celular y que por eso lo apodaban «croniquita» e «intento de influencer», y de ese modo justificó la grabación tanto del momento de la expulsión del boliche como del inicio del ataque.
Tras esa declaración, pidió hablar ante el tribunal Cinalli (21), quien expresó: «Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol.»
Al referirse al episodio, y mientras se exhibía un video en el que ve cómo patea a un amigo de Fernando, Tomás D´Alessandro, Cinalli explicó con un puntero en la mano que ese joven estaba «tacleando» y había «agarrado del pie» presuntamente a uno de sus amigos.
«Le grito ‘soltalo’, ‘soltalo’, y ahí me agarra a mí del pie, me iba a tirar, y cuando puedo zafar le tiro una patada», dijo.
El acusado también manifestó que «estaba muy borracho» al momento del hecho y si bien dijo que no recordaba haber estado entre quienes rodearon a Fernando, a partir de los videos exhibidos a pedido de la fiscalía, aseguró finalmente: «Puede ser que estuve medianamente cerca».
A su vez, Pertossi enfatizó en distintos tramos de su declaración que habían bebido antes de ingresar a «Le Brique», que habían cargado «una heladerita con alcohol a la playa», que habían estado «tomando», que llevaron «más alcohol» a «una previa» a que la habían sido invitados y que había perdido a un juego de cartas «a ver quién tomaba más».
A diferencia de Pertossi, Cinalli aceptó responder preguntas, pero solo de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ya que acusó al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, de faltarle el respeto.
Y en ese sentido pidió reproducir un video en el que el letrado se refiere a los acusados con términos como «son cagones en serio», «hijos de puta», «conchudos», «asesinos que merecen morir en la cárcel», «representan residuos escatológicos», «atacaron como unos cagones en manada».
«Esto es lo que viví durante tres años, una falta de respeto para mí y mi familia, muy poco profesional», dijo y aclaró además que sólo no respondería sobre ninguna otra persona que no fuera él.
Ante una pregunta sobre cómo se sentía, dijo: «Mal, en el momento no pensé que había pasado todo eso. Obviamente estoy mal. Me lastimó demasiado todo lo que pasó».
Ambos imputados señalaron que intervinieron tras «un tumulto», luego de que sus amigos resultaron presuntamente agredidos tras ser expulsados del boliche.
Cinalli se refirió, además, a los rastros compatibles con su perfil genético hallados en un dedo de la víctima: «Por la pericia pude ver que Fernando Báez Sosa tenía ADN mío en el meñique. Nunca le pegué a él, no sabía quién era. Supongo que la persona con la que tuve el encuentro (en el boliche) era él. Pero en ningún momento le pegué».
La audiencia concluyó mientras se escuchaban en el interior del recinto los gritos de «asesinos» desde el exterior, donde numerosas personas se congregaron para darle apoyo a los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes presenciaron las declaraciones de Pertossi y Cinalli.
Antes de finalizar la jornada, el tribunal informó que 25 de enero serán los alegatos de la fiscalía y el particular damnificado, y el 26, los del defensor Hugo Tomei.
Los padres de Fernando, quienes llegaron a los tribunales vestidos con una remera con la foto de ambos con su hijo estampada y una frase que dice «nos tenemos», optaron por retirarse de la sala de audiencias para no escuchar en detalle la descripción de los forenses.
Al dejar el tribunal tras el cierre de la audiencia, Silvino aseguró: «Los chicos mintieron. Un borracho no puede escribir mensajes».
En tanto, los fiscales indicaron que las declaraciones de los imputados «no logran refutar las pruebas en su contra».
Mientras que Burlando consideró que la de Cinalli fue «una confesión» ya que «se situó en la escena del crimen».
Con las declaraciones brindadas previamente por Máximo Thomsen (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), los únicos acusados que no rompieron el silencio en el debate fueron Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Ayrton Viollaz (23). TELAM
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
