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Carroceros santafesinos denuncian importación de unidades desde Brasil
18 de enero de 2023
La Cámara de Carroceros de Media y Larga Distancia (Caladi) presentó un reclamo ante la Secretaría de Comercio de la Nación para que se normalice el acceso a los dólares para comprar insumos y se controle la importación de carrocerías completas desde Brasil, que luego son ensambladas localmente.
En el contexto macroeconómico argentino las divisas norteamericanas son un bien escaso. La falta de dólares afecta tanto a fabricantes como a consumidores y el caso del cluster carrocero rosarino no es la excepción.
Desde la Cámara de Carroceros de Media y Larga Distancia (Caladi) denuncian que el mayor fabricante de carrocerías del mundo, Marcopolo, comenzó a importar carrocerías completas desde Brasil, para luego ensamblarlas en su subsidiaria Metalsur y ponerle el sello de trabajo argentino. Denuncian este comportamiento como competencia desleal.
La entidad, que nuclea a pymes nacionales que emplean a más de 4.000 trabajadores de forma directa e indirecta en Rosario y su área de influencia, elevó un reclamo al secretario de Comercio, Matías Tombollini, con el objetivo de alertar sobre esta operatoria de Marcopolo y exigir igualdad de condiciones en la producción.
Guillermo Rodríguez, socio gerente de Rossi SRL, Carrocerias Niccolo, y presidente de Caladi, aclaró en conversación con el diario La Capital: “ La falta de dólares es nuestro principal escollo, estos últimos años nos hemos reconvertido totalmente, nuevas plantas, maquinaria de última generación, ampliamos capacidad de producción y aumentamos sustancialmente la cantidad de puestos de trabajo. En condiciones normales, podemos competir sin problemas con Marcopolo”.
Según señala, la empresa brasileña no está sometida a los trastornos de la restricción externa que sufren las pymes nacionales y eso les permite elaborar las carrocerías sin contratiempos. Los carroceros locales deben importar materiales de terminales ubicadas fuera de las fronteras del país y su aprovisionamiento se ve amenazado por el contexto macroeconómico nacional.
Esta situación afecta a los proveedores locales y a toda la línea de suministro regional a la industria, que incluye a talleristas, fabricantes de plásticos, cerraduras, asientos, estructuras de hierro e incluso cortinas. En la actual situación, los carroceros locales señalan que el gigante industrial con el que hoy disputan mercado cambia mano de obra nacional por extranjera.
La producción de un chasis demanda 2.400 horas hombre y 45 días de proceso en suelo argentino. Rodríguez explicó que, reemplazando la producción local, la compañía brasileña, sólo utiliza 100 horas hombre y 3 días de proceso, disminuyendo estrepitosamente la utilización de las fuerzas productivas locales. De seguir así, advierte, las empresas de capitales locales quedarían desplazadas del mercad, afectando al empleo nacional.
La modalidad no es nueva. El titular de Caladi remitió a la experiencia mexicana, pasís en el que la compañía brasileña “ya estableció como norma el envío de las carrocerías en PKD (parcialmente ensambladas) destinado el último tramo del proceso, el ensamblaje final, a la fábrica de Marcopolo México”. Opciones similares, diijo, se intentaron en Colombia y en Perú pero el sector local, que tiene mayor fuerza que en México, se opuso e impuso normas de competencia leal.
El cluster de Rosario, es el polo carrocero nacional. Guillermo Rodriguez contó : “Esta es una situación inédita en la historia del sector, nunca antes había sucedido algo de esto” y asevera que incluso corren peligro los puestos de trabajo de la planta asociada a marcopolo, Metalsur.
En el informe enviado a la Secretaría de Comercio, Caladi estima los montos y producciones estimados para un año. En términos de divisas, los carroceros aproximan la demanda mensual de insumos para mantener el nivel de actividad y la competitividad en unos u$s 11.625.000. El cupo solicitado se calcula para producir tanto chasis de larga y media distancia como para los de uso urbano. (Fuente LC de Rosario)
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
