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Adiós a las recetas por mail y WhatsApp
27 de diciembre de 2022
El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, afirmó hoy que las únicas recetas que ya no tendrán validez para solicitar tratamiento en las farmacias son aquellas confeccionadas en papel y enviadas «como foto» a través de mail o Whatsapp, mientras que las prescripciones digitales o electrónicas «no son afectadas» por la reciente medida del Ministerio de Salud de la Nación.
La resolución Nº3622/2022 que entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, derogó la resolución Nº 696/20 del 31 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, que habilitaba la presentación en la farmacia de prescripciones confeccionadas por el personal médico en papel y enviadas «a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax», indicó el texto.
«A partir de hoy y sin excepciones, toda receta (manuscrita) tiene que llegar en forma física a la farmacia» y ya no se aceptarán «recetas en fotos», dijo a Télam Pesenti, quien aseguró que en los últimos meses «muchas obras sociales ya no las venían aceptando».
Tras el anuncio de la medida, el presidente de Confederación Farmacéutica Argentina enfatizó en la importancia de «aclarar que la foto de una receta no es lo mismo que una receta digital, que siguen vigentes».
Las digitales, explicó, son las prescriptas «con firma digital y sello de competencia de los médicos» en un software oficial que garantiza seguridad digital y trazabilidad, en el que el personal médico «ya está chequeado».
«En estos casos, la receta digital está dentro de un sistema al que la farmacia accede y el paciente no tiene que llevar nada (a la farmacia)», aclaró Pesenti, quien aseguró que la reciente resolución «no afecta a estas recetas electrónicas y digitales».
Estas últimas están contempladas por la Ley 27.553, que aún no está reglamentada pero que, según indicaron fuentes de salud a Télam, tiene «un expediente de reglamentación que se está tramitando en el Ministerio».
«Esperemos que se reglamente pronto para poder aplicarla con todas las ventajas que tiene, ya que la prescripción ahí es mucho más segura», expresó Pesenti y fomentó su uso «para facilidad del paciente y la prescripción».
En cambio, lo que ya no será posible es presentar una receta física «de puño y letra sellada por un médico», la cual se fotografía y envía por mail o Whatsapp, lo que fue válido durante la pandemia para la atención de patologías crónicas y eventualmente agudas.
«Esa resolución (fue tomada) cuando estábamos en aislamiento y no había posibilidades de que la población se movilice y vaya a buscar recetas a los consultorios médicos», repasó el farmacéutico.
Y explicó: «Esto conllevaba que había muchas recetas que se duplicaban, las fotocopias no salían muy legibles a veces, los médicos a veces se olvidaban de poner ‘emergencia covid-19’ entonces las obras sociales no las abonaban a las farmacias, entre otros problemas» para el trabajo diario de las farmacias.
«Se mantuvo durante casi tres años, pero ahora que estamos ya en una etapa superadora se está buscando volver a lo anterior», agregó.
En esa misma línea, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que se trató de una «medida excepcional», que tenía como objetivo «disminuir la circulación de personas para disminuir la circulación del virus».
«De ninguna manera anula el uso de recetas electrónicas y/o digitales con firma electrónica y/o digital, que siguen plenamente vigentes», aclaró el Ministerio, que aseguró que la medida «lo que hace es formalizar la derogación de una resolución que de hecho ya no estaba vigente».
«En otro contexto epidemiológico y sanitario, como el actual, se vuelve necesario retornar a los procedimientos habituales, que permiten una mayor seguridad y trazabilidad y promueven el uso racional de medicamentos», aseguró la cartera sanitaria acerca de esta medida, que fue tomada «en consenso con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Salud».
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‘A no bajar los brazos’
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, afirmó este viernes que "el pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad" durante la tradicional bendición realizada en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, en el marco de la celebración del patrono del pan y el trabajo.
"Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida", expresó.
Además, agregó: "Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos que nos ayude a seguir adelante y a no bajar los brazos".
"Un signo de esperanza es verlos a todos ustedes trabajadores que de manera dedicada comprometida están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo con sus manos con su corazón queriendo reconstruir seguramente la vida de su familia y la de nuestro país. Cuando decimos que recibimos la bendición es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen 'bien ahí', Dios hoy está diciendo ‘Bien ahí’”, dijo.
Además, continuó: “Bien ahí porque siguen creyendo en el trabajo, apostando por un futuro mejor, bien ahí porque traen las herramientas el fruto de su trabajo el esfuerzo, bien ahí dice Dios y por eso hacemos esta bendición”.
Durante su homilía, García Cuerva, aseguró que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”.
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Ambientalistas rechazan oleoducto desde Vaca Muerta al Golfo San Matías
Organizaciones socioambientales celebraron la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de solicitar al Estado argentino la suspensión de las obras vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur hasta contar con estudios ambientales adecuados.
Desde hace varios meses las organizaciones denuncian los riesgos que la iniciativa representa para el Golfo San Matías y la Península Valdés.
En diálogo con Encuentro, Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías y de la Red de Comunidades Costeras, calificó el pronunciamiento como “un gran logro” y destacó el trabajo articulado entre organizaciones ambientales, científicos y comunidades para llevar la preocupación ante organismos internacionales.
Según explicó, durante los últimos meses distintas organizaciones presentaron documentación, informes científicos y campañas de firmas ante la UNESCO para advertir sobre el impacto que podría generar el proyecto petrolero en un área de alto valor ecológico. Entre los principales argumentos expuestos figuran el riesgo de derrames, el incremento del tránsito de grandes buques petroleros y las posibles consecuencias sobre la biodiversidad marina y la condición de Patrimonio Mundial de la Humanidad que posee Península Valdés.
Di Giacomo señaló que la UNESCO incorporó estos planteos en un documento que actualmente analiza el Comité de Patrimonio Mundial, donde además se solicita al Estado argentino suspender las obras hasta que existan estudios de impacto ambiental “reales y serios”, así como revisar los mecanismos de participación ciudadana utilizados durante el proceso.
El referente socioambiental también cuestionó el desarrollo de las audiencias públicas realizadas en el marco del proyecto y sostuvo que las organizaciones consideran que esas instancias no garantizaron una participación efectiva de la ciudadanía.
En cuanto a los plazos, explicó que el organismo internacional prevé solicitar información al Estado argentino para evaluar la situación antes de la próxima sesión del Comité de Patrimonio Mundial, prevista para 2027. No obstante, aclaró que la versión definitiva del documento todavía debe ser aprobada y que la resolución oficial será dada a conocer en los próximos días.
Di Giacomo remarcó que el objetivo de las organizaciones no solo es preservar la condición de Patrimonio Mundial de Península Valdés, sino también proteger el Golfo San Matías y las actividades económicas que dependen de la salud del ecosistema, como la pesca y el turismo.
Finalmente, sostuvo que la intervención de la UNESCO representa un respaldo internacional a los reclamos que las comunidades costeras vienen realizando desde el inicio del proyecto y expresó su expectativa de que el pronunciamiento contribuya a una revisión más profunda de sus impactos ambientales antes de que las obras continúen. Radio Encuentro de Viedma
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El Gobierno llevó a la Justicia los incidentes frente al Congreso
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los hechos de violencia registrados este jueves frente al Senado, durante la marcha contra la Ley de Propiedad Privada.
El escrito pide la investigación y detención de los responsables. Según el último balance, hubo 12 detenidos y al menos cuatro heridos. Además, el Gobierno porteño estimó en $468 millones el costo de los daños causados en la zona del Congreso.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.
En el escrito plantean que los hechos podrían constituir los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y daño agravado, todos ellos agravados por el fin de obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir con sus funciones (artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal).
Según la denuncia, durante la manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas en las inmediaciones del Senado, un grupo de manifestantes arrojó piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad apostados en el lugar, y que se rompieron baldosas y bancos públicos para usarlos como proyectiles. También se registraron daños en estructuras edilicias y en vehículos policiales.
El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó al juzgado que ordene preservar los registros fílmicos de los hechos, que se libre oficio al Gobierno porteño y al Congreso para que informen la totalidad de los daños y el perjuicio económico, y adelantó que se encuentra evaluando aportar elementos de prueba adicionales para la investigación.
Tras los incidentes, que se extendieron por más de tres horas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, quedaron 12 personas detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Entre los heridos se contabilizaron al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad: un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un golpe en la cabeza con un proyectil, y un prefecto fue asistido en el lugar. También resultó herido un fotoperiodista que cubría la protesta.
Un informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló que los trabajos de reparación tras los incidentes demandarán una inversión de $468 millones.
“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños”, señaló el reporte oficial.
El desglose de los costos estimados dado por la Ciudad fue de:
-Cestos y contenedores incendiados o vandalizados, más el servicio adicional de limpieza: $130 millones.
-Equipamiento urbano: $38 millones.
-Césped: $270 millones.
-Plantas: $30 millones.
Desde el Gobierno porteño también informaron que se registraron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial. (TN).
