País
Mar del Plata lidera ranking de transparencia de datos económicos
18 de diciembre de 2022
Unos 35 municipios bonaerenses, entre ellos General Pueyrredon, alcanzaron un nivel de transparencia alto sobre la visibilidad de sus datos económicos, aunque la mayoría de ellos aún presenta inconvenientes en la publicación de los mismos y unos 70 aún se encuentran en los escalones “bajo o regular” o “nulo”
Los datos se desprenden de un informe presentado en noviembre por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que, desde 2018, lleva adelante monitoreos periódicos para motivar el cumplimiento de la legislación que propone que las comunas publiquen sus presupuestos y la ejecución de los mismos, entre otros datos financieros.
La ASAP realiza relevamientos semestrales de las webs oficiales de los municipios y puntúa la publicación del presupuesto y de su ejecución, de la situación económico-financiera trimestral, de gastos y de la deuda pública. Además, pondera la accesibilidad a la información.
El actual informe concluyó en que “35 municipios alcanzan un nivel alto en el índice de transparencia y visibilidad del presente informe; 30 distritos llegan al nivel medio; 38 a un nivel bajo o regular; y los restantes 32 se ubican en el rango de nivel nulo en cuanto a publicación de la información presupuestaria y de ejecución relevada”.
Más allá de que 70 municipios aún se encuentran con niveles entre bajos y nulos de transparencia, la ASAP destacó el “importante esfuerzo de los distritos en publicar sus datos fiscales” y destacó las mejoras de Adolfo Alsina, Lobos, Monte, Moreno, Necochea, Junín, Ayacucho, Laprida, Pinamar y Coronel Suarez.
Los mejores y los peores
El grupo de los mejores, de “alta visibilidad” de datos económicos, lo conforman unos 35 municipios. De ese total, unos 22 lograron una puntuación de excelencia (100). Se trata de General Pueyrredon, Balcarce, Berisso, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Coronel Suarez, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General San Martín, General Viamonte, La Matanza, La Plata, Lincoln, Lobería, Mercedes, Rauch, Saavedra, San Cayetano y Tres Arroyos.
En tanto, el grupo lo completan Olavarría (98 puntos), Saladillo (98), Adolfo Alsina (95), Chivilcoy (90), General Villegas (90), Monte (90), Tandil (90), Necochea (88), Rojas (83), Junín (80), Monte Hermoso (80), Lobos (75) y Magdalena (75).
El segundo grupo, de “rango medio” de cumplimiento, lo conforman 30 distritos. En estos, “se aprecia un menor nivel de información publicada y de cumplimiento de plazos requeridos por las normas de referencia del presente informe, aunque en líneas generales presentan el Presupuesto 2022 y la Situación Económico Financiera”.
Entre los distritos de “rango medio” se encuentran Ayacucho (70), Trenque Lauquen (70), Benito Juárez (68), Pinamar (68), 9 de Julio (66), Bahía Blanca (60), Azul (50) y Hipólito Yrigoyen (40).
En un tercer grupo, de “bajo o regular cumplimiento”, se encuentran unas 38 comunas que “publican sólo su situación económico financiera con rezago de más de un trimestre, o bien alguna referencia al Presupuesto 2022”. Entre ellos están Patagones (35), Lezama (30) Bolívar (30), Pehuajó (30), Pergamino (30), Salliqueló (30), Dolores (30), Tornquist (30), 25 de Mayo (30), Villa Gesell (30) y San Nicolás (25).
En tanto, en el último grupo están unos 32 municipios que “se encuentran en situación de incumplimiento, no habiendo publicado vía web la información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente”.
En el bloque final se ubican distritos con solo cinco puntos como Adolfo Gonzales Chaves, Carmen de Areco, General Alvear, La Madrid, San Antonio de Areco; y otros con cero puntos como Punta Indio, San Fernando, Brandsen, San Miguel, Cañuelas, San Pedro, Castelli y Tapalqué.
Números generales
ASAP detalló en su último relevamiento que “el 81% de los 135 municipios de la provincia (110) han configurado un fácil acceso a la información presupuestaria y/o financiera en sus páginas web oficiales”, mientras que el “19% restante (25 municipios), se compone tanto con aquellos sitios oficiales sin información fiscal o presupuestaria publicada, como con los que, si bien exponen sus cuentas públicas, lo hacen de una manera tal que no contribuye al fácil acceso”.
El informe aclara que “el 33% de los municipios (44)” publican “el presupuesto del ejercicio con la apertura del cálculo de recursos y de los gastos”, que “un 3% (4 distritos) exponen parcialmente números del presupuesto 2022” y que “los 87 municipios restantes (64%) no exhiben en sus sitios web información alguna del presupuesto vigente”.
A la hora de pensar en la situación económica financiera, solo unos “45 gobiernos locales (33%) exhiben la información referente al tercer trimestre de 2022 (un caso lo hace en forma incompleta)”; y en cuanto a la ejecución presupuestaria, solo “el 32% de los distritos (43) divulgan sin rezagos la información trimestral”.
En el caso de la finalidad de los gastos “son 41 municipios (un 30% del total) los que visibilizan ante la ciudadanía la ejecución” con “la clasificación por finalidad y función, al tercer trimestre de 2022”, pero “uno de ellos lo hace en forma incompleta”.
Em tanto, “la información sobre el stock de deuda pública y sus perfiles de vencimientos, devengado el tercer trimestre del ejercicio 2022, está publicada por 34 distritos (un 25%, uno de ellos en forma parcial)”.
Qué deben cumplir por ley
En el año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal nacional a través de la ley N° 13.295. Esa norma, modificada en 2017, sostiene en su artículo 4 que “cada municipio publicará en su página web el presupuesto anual” (aprobado o prorrogado).
Además, determina que las comunas difundan información: “trimestral de la ejecución presupuestaria”, del “gasto clasificado según finalidad y función”, del “stock de la deuda pública, incluida la flotante”, del “pago de servicios de la deuda” y del “nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre”.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
