País
Un paliativo a los jubilados
10 de noviembre de 2022
Las jubilaciones y pensiones del sistema general, las prestaciones no contributivas a cargo de la Anses y las asignaciones por hijo (la AUH y las prestaciones de empleados formales y monotributistas) tendrán un reajuste en sus montos de 15,62% en diciembre. Se trata del último aumento de 2022 según la fórmula de movilidad dispuesta por ley. Con su aplicación, el haber mínimo pasará de $43.352,63 a $50.124 y el máximo, de $291.721,85 a $337.289 (valores en neto). El aguinaldo a cobrar en el último mes del año se calculará sobre los valores actualizados.
El porcentaje, anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en un acto con jubilados transmitido por YouTube, lleva la suba acumulada en todo 2022 a 72,4, lo que indica que se ubicaría 27,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación que, según se estima, cerrará el año con un índice de 100%. Eso significa que, en el caso de las personas a quienes no les llegan los bonos establecidos por decisiones políticas discrecionales, habrá una pérdida en sus ingresos, en términos reales, de 13,8% de punta a punta del año. Dicho de otra manera, con su ingreso del último mes del año podrán comprar al 86,2% de lo que podían adquirir en el inicio de 2022, siempre contrastando las recomposiciones con el índice de inflación oficial que elabora el Indec.
El índice de diciembre conllevaría, este año, la aplicación de un tope (si bien no se aclaró ese punto), que está previsto en la ley de movilidad aprobada por el Congreso en diciembre de 2020.
NUEVO BONO POR TRES MESES
En el anuncio se confirmó también que, a la par de la suba que está determinada por la fórmula de movilidad, se abonará un refuerzo en diciembre, enero y febrero, que será de $10.000 mensuales en el caso de quienes cobren en haber mínimo. Quienes perciben hasta el equivalente a dos veces el mínimo también cobrarán un adicional, de $7000, como un intento por compensar en algo los daños producidos por la inflación creciente. Ese refuerzo, sobre el que falta que se conozcan detalles, no alcanzará a todos los jubilados y pensionados. Quedarán al margen quienes tienen un ingreso mensual que supere $100.230, aunque las consecuencias del alza de precios recaen sobre todos.
A partir de septiembre -el mes en que se otorgó el reajuste anterior- y hasta el actual mes de noviembre, se está abonando junto con los haberes un bono de hasta $7000. Ese refuerzo, que fue dispuesto en su momento con una vigencia de tres meses, dejará de percibirse ahora y será reemplazado por la nueva compensación.
La Asignación Universal por Hijo, que también se actualiza por el índice de movilidad porque así lo establece la ley, se elevará de $8471 a $9792(se cobra cada mes el 80% y el 20% queda sujeto a la acreditación anual del cumplimiento de determinadas condiciones).
La ley de movilidad dispone la vigencia de cuatro reajustes cada año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. El primero de 2022 fue de 12,28%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación del primer trimestre, de 16,1%. En junio, el reajuste fue de 15%, con lo cual se acumuló un 29,12%. Y en septiembre la suba fue de 15,53%, con lo cual el incremento total al noveno mes fue de 49,2%. En tanto, la inflación (según las estimaciones del índice correspondiente a octubre, que el Indec dará a conocer la semana próxima) trepó, al décimo mes del año, a alrededor de 77%, con lo cual los ingresos de los pasivos que no cobraron bonos tuvieron, a octubre, una caída de poder adquisitivo de alrededor de 16%.
En el cálculo de la movilidad intervienen la variación interanual que tuvo en un trimestre la recaudación de los impuestos con los que se financia en parte el pago de las prestaciones de la seguridad social, medida por beneficio, y la evolución trimestral de los salarios según uno de dos índices oficiales: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) o el índice salarial difundido por el Indec (se elige el que haya tenido la mayor suba en el período de referencia que, en este caso, es el tercer trimestre del año). Hoy se difundió el dato del último indicador mencionado correspondiente a septiembre; era el último que faltaba conocerse de los previstos en la fórmula.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
