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Ya son 44 los municipios bonaerenses afectados por la sequía

9 de noviembre de 2022

Unos 44 distritos de la provincia de Buenos Aires, alrededor del 25% del territorio, se encuentran afectados por una sequía «severa», lo que no solo hace crecer la preocupación de los productores sino que también enciende una alarma para el Gobierno nacional pensando en la cosecha de granos y por ende la recaudación para el próximo año.

De acuerdo al último reporte de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, existen en el país 140 millones de hectáreas afectadas por la falta de agua, de las cuales más de 7 millones, catalogadas bajo la categoría de «afectación severa», se encuentran concentradas en la denominada zona núcleo agrícola.

En esta última categoría, fueron identificadas tres provincias afectadas, de acuerdo con el informe: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5).

Entre los municipios bonaerenses que tienen toda superficie (o parte de ella) afectada están General Villegas, Ameghino, Pinto, Alem, Arenales, Colón, Pergamino, Rojas, Lincoln, Viamonte, Junín, Tejedor, 9 de Julio, Bragado, Alberti, Chacabuco, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Baradero, Zárate, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Campana, San Fernando, Escobar, Pilar, General Rodríguez, Luján, Las Heras, Mercedes, Navarro, Suipacha, Chivilcoy, Carlos Casares, Pehuajó, Cañuelas, Lobos y 25 de Mayo.

En tanto, otra treintena de comunas cuentan con una afectación de su superficie «moderada», que al igual que en la región de la de sequía «severa», se esperan menos lluvia de lo normal para los próximos meses.

De hecho, el informe indica que en el área afectada se espera para el próximo trimestre mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal, mientras que se prevén temperaturas superiores a lo normal. Cabe destacar que el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las más intensas sequías que haya afectado a la región.

La condición actual de los cultivos, tanto extensivos como intensivos, en el norte de Buenos Aires se encuentra afectada, de manera tal que se esperan rendimientos muy por debajo del promedio histórico, e incluso pérdidas totales y reducción del área sembrada.

Es probable que el trigo que se sembró en el área con sequía severa actual tenga rindes muy bajos o no se coseche y que el maíz llegue al inicio de su periodo crítico a sequía con reservas escasas o deficitarias. A su vez, se reporta afectación en la actividad ganadera. «Es esperable que en muchos casos no se pueda sembrar y esta superficie pase eventualmente a soja o maíz tardío», destacó el informe.

Fuerte impacto

Cabe recordar que la semana pasada la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba) decidió recomendar la declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía para los partidos de San Pedro, San Vicente, Chascomús, Dolores, Magdalena, Rojas, Salto, Alberti, Ramallo, Lobos, Junín, Suipacha y Arrecifes. Habrá, en tanto, una nueva reunión el 14 de noviembre para sumar más comunas.

En este contexto, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro adelantó que acompañará a los productores en el pedido para que la Provincia declare el desastre agropecuario a sus 160 mil hectáreas cultivables. «Es inédito porque llevamos seis meses dónde sólo ha llovido 40 milímetros», señaló, al tiempo que definió que «la situación es dramática».

En declaraciones a FM 97Une, sostuvo que para poder sembrar y que la semilla germine se necesitarían que llueva unos 70 milímetros. Pero añadió: «Hay una falta de agua, de aquí a fin de año, de unos 400 milímetros».

Alessandro adelantó que «no habrá semillas de arvejas para el año que viene» debido a que «se ha perdido el 100% de lo sembrado». Además, explicó que «sólo se va a cosechar el 15 ó 20% del trigo» mientras que «los rindes, que eran del 40 ó 50 quintales, no superarán los 10 ó 15 quintales», lo que repercute en el precio del pan, que «está aumentando porque no habrá trigo». A todo eso, dijo que «hay que sumarle el problema de la alimentación de los animales porque se retrasó la siembra de maíz y la soja. 

Fuentes DIB/El Popular/Telam

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Portada digital del día 16/8/2024

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Diputados dio luz verde al proyecto que declara la esencialidad educativa

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el objetivo de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas y evitar la pérdida de días de clases debido a paros docentes.

El proyecto recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. Fue apoyado por partidos como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y algunos bloques aliados del oficialismo. Por otro lado, fue rechazado por la mayoría de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

La ley busca proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando un ciclo lectivo completo. Establece que el Estado Nacional y las provincias deben garantizar el derecho a la educación durante los días de clase afectados por huelgas docentes y no docentes, mediante un sistema de guardias mínimas obligatorias.

Guardias mínimas: si una huelga dura entre uno y dos días, se deberá implementar una guardia mínima del 30% del personal. Si la huelga se extiende más de tres días, se requerirá una guardia del 50% del personal.

Comunicación obligatoria: al inicio del ciclo lectivo, cada colegio deberá informar a las autoridades el sistema de guardias que implementará para garantizar el dictado de clases.

La vuelta de un grande

Debate

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): "Hay dos derechos en pugna: el derecho a huelga y el derecho de los niños a la educación. Este proyecto reafirma la prioridad de los estudiantes".

Alejandro Finocchiaro (PRO): "Este proyecto beneficia a toda la sociedad, poniendo a los chicos en el centro del debate educativo. Buscamos equilibrar el derecho a la educación y el derecho a huelga".

Julio Cobos (UCR): "Respaldamos el proyecto para asegurar que se cumpla con el calendario académico de 180 días".

Vanina Biasi (Frente de Izquierda): "Defenderemos el derecho a la protesta y la calidad educativa. Quienes buscan prohibirlo son los verdaderos responsables de la crisis educativa".

Carla Carrizo (UCR): "Esta ley no está en contra de nadie, sino a favor de los derechos de la infancia. Invitamos a los sindicatos a mejorar la educación".

Héctor Stefani (PRO): "El derecho preferente en Argentina es la educación de nuestros hijos."

Pablo Carro (Unión por la Patria): "Este proyecto es inconstitucional y demagógico. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución".

José Luis Espert (La Libertad Avanza): "Es crucial que logremos sancionar la educación como un servicio esencial para igualar oportunidades y priorizar el derecho de los chicos a estudiar".

Daniel Arroyo (Unión por la Patria): "Es evidente que más horas de clases mejoran la educación, pero recortar el derecho a huelga no es la solución".

Blanca Osuna (Unión por la Patria): "Este proyecto solo busca regular el derecho a huelga. El verdadero problema es la crisis alimentaria y nutricional que afecta a los estudiantes".

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HAMBRE INFANTIL

De cara al día de las infancias, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió por “los preocupantes índices de pobreza y la emergencia alimentaria” en la Argentina, en un duro comunicado firmado junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

“Ser pobre implica ser invisible a toda la sociedad. Ser un niño pobre, es ser aún, más invisible”, afirman en este documento.

En clara defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, destacan entre los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, enunciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los que adhiere nuestro país, el “Fin de la pobreza”, “Hambre cero”, “Salud y bienestar”, “Educación de calidad”, “Igualdad de género”.

El presente y el futuro de ese grupo de argentinos, advierten, “es hoy más incierto y preocupante”. Para lograr el hambre cero, una buena salud y bienestar para todos, eje de las proyecciones deseables para 2030, aseguran que “se debe afrontar seriamente la carga de las inequidades sociales, educativas y de salud de la niñez y adolescencia en Argentina”.

Proteger a las infancias más vulnerables, señalan, “lamentablemente no está en la agenda de las políticas públicas desde hace años”. Con el trabajo del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la SAP, en convenio con Unicef, y el del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, que acaban de publicar sus respectivos análisis, aseguran que “las cifras están” y que se deben planificar las acciones en consecuencia.

Marcan a la pobreza como el eje que genera una profunda vulneración a los derechos de la niñez, y por eso debe ser una prioridad en la agenda nacional. “Quienes viven en situación de pobreza no gozan de manera plena del ejercicio de sus derechos y, por ende, no cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social u otras prestaciones esenciales para tener una vida digna”, detalla el texto.

La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estima en 55% (con jurisdicciones que superan el 80%) y la indigencia en 15,7% con cifras estimadas en aumento para 2024. Más de la mitad (51,4%) de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres.

La carencia de red de cloacas afecta a casi el 38% de los hogares en el país, 15% no dispone de agua corriente y más de la mitad reside en viviendas sin acceso a la red de gas. En las estadísticas que expresan promedios, señalan, “se ocultan cifras más contundentes de la desigualdad de oportunidades”.

La pobreza impacta en los vínculos familiares, en el juego y en el acceso a la escolaridad, exponiendo a padecer adversidades tempranas asociadas a deficiencias posteriores en el aprendizaje, comportamiento, bienestar físico y mental, efectos que se profundizan mientras mayores sean las carencias.

Según el decreto 108 del Poder Ejecutivo Nacional, la emergencia alimentaria existe en nuestro país desde 2002. “Una alimentación inadecuada repercute en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral. Hoy en la Argentina, la inseguridad alimentaria afecta al 64,5% de niños, niñas y adolescentes, con un aumento sostenido desde 2004. Esta situación requiere de acciones inmediatas y sostenibles en el tiempo. El hambre en general y en especial de un niño es inadmisible”, remarcan los pediatras.

En un subtítulo sobre vacunas, la SAP marca como preocupante que, a pesar de observarse una lenta recuperación pos pandemia, las vacunas aplicadas en lactantes para completar el esquema primario, sigan siendo iguales o inferiores al 80%, 15 puntos por debajo de la meta óptima del 95% necesaria para alcanzar una cobertura universal o de rebaño. Cifras oficiales muestran que, para fines de 2023, 112.000 niños de 0 a 5 años no habían recibido ninguna vacuna y 37.000 tenían el esquema incompleto.

“Esta brecha representa un riesgo significativo para la salud pública en general y para los niños en particular, con consecuencias directas en el aumento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, como la meningitis bacteriana”.

Igual preocupación describen en la carta sobre el embarazo adolescente, los primeros 1000 días de vida y la salud mental de los más jóvenes.

El impacto de la pobreza y la exclusión social, ejes del informe tanto de la SAP y Unicef como del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, cierran, “se agiganta cuando se pone la mirada en la infancia y su incidencia en la educación. Las políticas educativas actuales no logran garantizar la continuidad escolar y es preocupante la calidad de la educación primaria y secundaria en un entorno de pobreza y marginalidad, en la que muchos de los niños, niñas y adolescentes del país hoy se encuentran”. (DIB)

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