País
El empresario Andrés Blaquier fue asesinado por motochorros
30 de octubre de 2022
Un reconocido empresario agropecuario de 62 años fue asesinado de un balazo al ser asaltado por dos “motochorros” que le robaron la moto con la que se movilizaba por la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Pilar, y por el crimen detuvieron a una sospechosa y buscan a su novio, informaron hoy fuentes policiales.
El hecho ocurrió anoche, en el kilómetro 50 de dicha autopista de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde la víctima, identificada por la Policía como Andrés Blaquier (62) circulaba en su moto BMW 1200 de color negra en sentido a Provincia.
Según las fuentes policiales, el empresario fue abordado por dos delincuentes en otra moto, que lo amenazaron con un arma de fuego con fines de robo.
De acuerdo a los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes disparó contra Blaquier, quien recibió un tiro en el pecho.
Tras la agresión armada, uno de los delincuentes se apoderó de la moto del empresario y escapó junto a su cómplice.
Por su parte, Blaquier fue trasladado al Hospital de Pilar donde murió poco después a raíz de la herida de bala sufrida durante el asalto.
En tanto, minutos más tarde del crimen, el delincuente que huyó con la moto de la víctima perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice.
Luego, mediante los datos aportados por testigos y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la autopista y sus alrededores, personal de la comisaría 5ta. y de la Subdirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar identificaron a un sospechoso como presunto autor material y a su joven novia como cómplice.
De acuerdo a los voceros, el fiscal de la causa, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, dispuso una serie de cinco allanamientos de urgencia en la zona de Lagormasino.
En uno de esos procedimientos, en la calle Haití al 4300, el personal policial aprehendió a una joven de 18 años, identificada como Brisa de los Ángeles Villareal; mientras, continuaban las diligencias en procura de localizar al principal sospechoso.
Blaquier era miembro de la familia Ledesma, propietaria del ingenio homónimo y de todos los negocios agroalimentarios relacionados con el mismo, que es considerada como una de las fortunas más importantes del país.
La víctima se desempeñaba actualmente como director de Negocio Agropecuario de Ingenio Ledesma y estaba a cargo de “La Biznaga”, una cabaña dedicada a la ganadería con campos en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
