País
El fin de la media res genera reclamos en frigoríficos y matarifes
29 de octubre de 2022
Los frigoríficos de carnes reclaman una prórroga a la polémica medida que el Gobierno pretende implementar a partir del lunes para la carga y descarga de medias reses en el país, con el troceo en piezas de hasta 32 kilos de carne cada una. La implementación de la misma divide las aguas en el sector privado y algunos eslabones de la cadena señalaron el “doble estándar” que tendrá. “La medida tendrá como destino final el fracaso”, advirtieron los matarifes.
En la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) observan que algunos frigoríficos no cuentan con la capacidad para realizar las modificaciones que ahora pasarán a exigirse. “Cuando empiece a aplicarse habrá un incremento en los costos, tanto por logística como el transporte y los insumos”, adelantaron.
“Esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal, en relación con las provinciales y municipales. Eso requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución, y esto representa un claro impacto en los costos”, precisó Leonardo Rafael, presidente de CAMyA. Y alertó: “Si los plazos de amortización son desiguales pondrán en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”.
El temor de los matarifes y abastecedores radica en la posibilidad de que la medida oficial “nivele para abajo” en la actividad.“Algunos actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento del mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas”, graficó el titular de la Cámara. “Ante este escenario, la medida tendrá como destino final el fracaso”, opinó.
En CAMyA advirtieron que el grado de informalidad en carnicerías del Conurbano bonaerense asciende al 80%. “Hay muchas que ni siquiera tienen regularización impositiva, mucho menos se les podrá pedir un estándar sanitario, porque no tienen habilitación”, graficaron desde la entidad. Y apuntan a una posibilidad latente: que con el mayor grado de troceo se eleven los focos infecciosos.
“Al cortar la carne tenés más focos, y si hoy el Estado no puede controlar a la gran cantidad de carnicerías sin registrar que hay, ¿cómo podrá garantizar la sanidad en el troceo ante la gran marginalidad que hay en el sector? Es paradójico”, señaló Rafael en diálogo con A24.com Agro.
El temor radica en que dada la gran informalidad casi general que observan, dicha carne trozada en partes de hasta 32 kilos no tenga la debida información de destino que garantice el menor tiempo posible de traslado, lo que aumentaría el riesgo sanitario.
“Es peor la solución que el problema, porque hay muchísimas carnicerías sin habilitaciones. Primero hay que fijarse dónde está el comercio, blanquearlo y sobre eso ya se sabe entonces qué tipo de carne se le envía. Pero a esas carnicerías hoy no las pueden controlar. Es una locura”, advirtió Rafael.
Desde donde también salieron a expresarse por la implementación del troceo fue desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina (FIFRA). Se trata de un espacio de empresas que comprende a zonas de gran volumen de consumo en Córdoba, Santa Fe, el Litoral y algunas ciudades del Noroeste.
“La implementación se debe hacer de manera uniforme en todo el país porque no hay argumentos para hacerlo de manera diferente. Si lo que se intenta proteger es la salud del trabajador no hay diferencias entre unos y otros”, expresaron desde la entidad presidida por Daniel Urcía.
Además, los empresarios cárnicos apuntaron a que para poder poner en funcionamiento el troceo “es imperioso el compromiso de las autoridades locales”. Y citaron ejemplos: “durante el año 2021 en la provincia del Chaco 45 mataderos faenaron al menos un animal lo que representó el 1,5% de la faena total del país. En tanto, en la provincia de Buenos Aires operaron 98 establecimientos que representaron el 50,9% de la faena total y más de la mitad dependen de la auditoría provincial”.
“En conclusión, se debe hacer obligatorio a nivel país o en su defecto implementar los medios mecánicos necesarios que aseguren la salud de los trabajadores”, estipularon.
Fuentes A24/ Telam/ CAMyA
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
