País
Ahora, se viene el ‘dólar tecno’
4 de octubre de 2022
El Gobierno nacional anunció un programa de estímulo a la industria del conocimiento con beneficios a las empresas del sector en la liquidación de los dólares, denominado ‘dólar tecno’.
La medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, entrará en vigencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que se será publicado en el Boletín Oficial.
El programa está basado en tres medidas: Las empresas que realicen inversiones superiores a los US$ 3 millones van a estar exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas en el mercado único y libre de cambio cuando tenga que ver con generación de nuevos negocios o radicación de nuevas empresas. Además tendrán libre disponibilidad del 30% de las divisas que generen por incremento de las exportaciones. Ambas medidas son acumulables. Y las empresas que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal que otorga el Régimen de la Promoción vigente pueden transferirlo a otra empresa por única vez.
EXPORTACIONES
Sergio Massa afirmó este lunes en el lanzamiento del plan que la industria tecnológica en el país «es la de mayor peso relativo en la balanza comercial» porque exporta el producto del talento y el capital humano de los argentinos, al anunciar el nuevo régimen de incentivo para la economía del conocimiento con el cual se espera que el sector exporte US$ 10.000 millones en 2023.
«Es el complejo exportador más importante en términos de peso relativo en la balanza comercial. Cuando exportamos talento y capital humano exportamos un enorme valor y desde un recurso que nos queda: que es el talento de los argentinos» destacó Massa al presentar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el nuevo régimen de Fomento a las Inversiones y a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento.
En ese sentido, el ministro agregó que «la aspiración es que ese enorme reconocimiento que tiene Argentina a nivel regional respecto del capital humano se transforme en una marca permanente» y enfatizó: «Trabajamos para ser los principales proveedores regionales de capital humano».
En ese sentido, el titular de Economía destacó durante su intervención que «el programa de este decreto dice que el Estado se hace presente, aportando en los bonos de capital la idea de multiplicar por tres la cantidad de compañías que accedan a beneficios fiscales para poder incrementar nuestra capacidad exportadora».
Asimismo, el ministro resaltó que «la idea de que puedan pagar mejores salarios sobre el incremental de divisas es para que nuestros talentos tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional».
«No nos gusta cuando desde otro país o desde una zona franca -como nos pasa muy cerquita- nos compiten. Queremos que sea desde acá», agregó el ministro.
Al repasar los objetivos de la iniciativa, Massa indicó que «la decisión del Gobierno, del presidente (Alberto Fernández), de impulsar este programa de incentivos y beneficios tiene un impacto en los números: aspiramos a que el sector en 2023 exporte US$ 10 mil millones y sea consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina».
RESERVAS
«Esta política no está solamente vinculada a cuidar las reservas, porque también sabemos que genera empleo formal y de calidad, general valor, genera crecimiento del PBI. Y además nos devuelve algo muy importante como sociedad, que es la autoestima», afirmó Sergio Massa.
El régimen presentado hoy exceptuará, en primera instancia, a las empresas del sector que realicen inversiones superiores a US$ 3 millones de la obligación de liquidar un monto equivalente al 20% en el Mercado Único Libre de Cambios, cuando se trate de la radicación de nuevos negocios o emprendimientos.
La misma norma también prevé una libre disponibilidad del 30% de las divisas para aquellas empresas que alcancen un incremento de sus exportaciones, con el incentivo de que ambos beneficios serán acumulables; en tanto que las compañías que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal podrán transferirlo a otra firma por única vez.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
