País
¿DÓNDE ESTÁ?
15 de septiembre de 2022
A pocos días de cumplirse 16 años de la segunda desaparición del albañil y militante peronista Jorge Julio López, la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por delitos de Lesa Humanidad continúa con la tarea de entrecruzar 10 millones de registros telefónicos en busca de pistas sobre el hombre y relevar la información existente sobre 66 tumbas NN en el Cementerio de La Plata.
Rubén López, uno de los hijos del albañil, criticó en sus redes sociales la falta de avances en la causa al afirmar: «Otro año más y nada».
El hombre convocó a quienes quieran participar el domingo próximo a las 15 a la casa de López, en 140 y 69 de Los Hornos, a «presentar un nuevo mural que estarán haciendo profesores y alumnos de la Facultad de Artes de la Plata. Sin López no hay nunca más!», expresó.
Según precisó a Télam una fuente de la Unidad Fiscal que interviene en los proceos por Delitos de Lesa Humanidad, «la causa tiene movimientos permanentes con dos líneas de trabajo».
«Se sigue trabajando de modo constante con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), particularmente en el relevamiento de información sobre los 66 NN enterrados en el cementerio de La Plata. Es la línea que tiene que ver con la posibilidad de localizar el cuerpo de López entre restos inhumados sin identificación», se explicó.
Se trata de los cuerpos NN ingresados a la necrópolis platense a partir de 2006.
La segunda línea «es el estudio de una base de datos telefónicos que logramos reconstruir con la DATIP, que tiene como finalidad establecer parámetros para la identificación de sospechosos», añadieron.
Son 10 millones de registros telefónicos que arrojaron las antenas telefónicas cercanas al domicilio de López e incluyen llamadas y mensajes.
«En esta segunda linea hemos descartado pistas que surgieron en base a los nombres de titulares de líneas telefónicas que se correspondían con personal de centros clandestinos de detención. Es decir, había líneas activas de presuntos represores en el horario crítico en cercanías del domicilio de López (por los datos de las antenas), a los cuales investigamos y descartamos, pues no se trataba de represores sino de homónimos», confió la fuente.
«No podemos hablar de avances, pero sí de dificultades que se fueron salvando en estas tareas», aseguró la fuente.
«Por ejemplo, en cuanto a los NN se complicó la localización de información relacionada a los cuerpos inhumados sin identificación en el registro provincial de las personas. Esto ha insumido mucho trabajo a los profesionales del Sifebu, que han estado relevando información en las oficinas correspondientes», explicó.
El albañil Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando estaba previsto que se presentara en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata para escuchar los alegatos del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, en el que él había testificado a fines de junio de ese año, en uno de los testimonios más relevantes para lograr condenar al exjefe policial.
López pudo identificar al represor como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y como uno de los que les aplicaba torturas a él y a otros detenidos en el centro clandestino de Arana.
En una entrevista concedida a Télam meses atrás, Rubén López recordó que «ya la noche anterior había dejado la ropa lista que iba a ponerse, había acordado quién lo iba a pasar a buscar, pero cuando mi primo llegó a la casa ya no estaba. Al igual que mi hermano, creyó que se había ido antes, solo; así que se fueron a la municipalidad pensando que lo encontrarían ahí, pero no estaba. Nunca supimos qué pasó», agregó.
Para Rubén, esta segunda desaparición de su padre «fue perfecta», ya que «la causa tiene 50 cuerpos, 48 anexos y ninguna pista firme».
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
