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Zafra de langostino: fiscalizan descargas

25 de julio de 2022

La subsecretaría de Pesca y Acuicultura reporta un peso promedio de 16.64 kg por cajón en las descargas de langostino en la sexta semana de la zafra dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, informó los resultados de la sexta semana de la zafra de langostino dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM) comprendida entre el 15 al 21 de julio.

Es así que se ha podido constatar el desembarque de 101 buques fresqueros, de los cuales se han fiscalizado 99 embarcaciones, y 50 buques congeladores de los cuales se lograron controlar 47 de éstos. A partir de los comportamientos observados se han labrado 4 actas de presuntas infracciones por exceso de peso en los cajones en los buques fresqueros las cuales han sido electrónicamente notificadas a las empresas armadoras.

El Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Dr. Julián Suárez declaró: “En los reportes emitidos en la semana comprendida del 15 al 21 de julio, hemos observado un peso promedio de 16.64 kg en los cajones descargados en los muelles lo cual evidencia el compromiso por cumplimentar la norma vigente por parte de las empresas armadoras en esta zafra de langostino dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM). Felicito el gran trabajo del cuerpo de inspectores e inspectoras que están fiscalizando día y noche cada una de las descargas en los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Rawson, Bahía de Camarones, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Puerto Deseado.”

Por otro lado, a fin de seguir mejorando la calidad de la administración del recurso, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera estableció un nuevo esquema de imputaciones mínimas de multa por infracciones, referido a la sub declaración o sobre declaración en los volúmenes de captura de las especies informadas en el Parte de Pesca Electrónico y lo constatado mediante el Acta de Descarga, lo cual queda establecido en la Disposición DNCyFP N°21/22.

Por su parte, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de La Nación, Dr. Carlos Liberman, afirmó “Junto al Director Nacional hemos mantenido varias reuniones con el sector armatorial y en base a la experiencia obtenida durante los trabajos desarrollados en los muelles en torno a las descargas, evidenciamos que la anterior normativa no realizaba distinción alguna respecto a las declaraciones inferiores o superiores de los volúmenes de captura constatados en la fiscalización realizada en muelle. Poder diferenciar las sanciones respecto a la sub declaración o sobre declaración, es un gran avance hacia una administración más justa y ecuánime.”

El impacto de ambas acciones debe ser rigurosamente analizado. Por un lado, declarar una menor cantidad de recursos pesqueros a los efectivamente capturados, conlleva una penalidad mayor dado que el administrado o la administrada abonará un importe menor de Derecho Único de Extracción (DUE), y se le deducirá una menor cantidad de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC), autorización de captura o el cupo asignado para ejercer las tareas de pesca.

Por otra parte, la sobre declaración puede conllevar a distorsionar al relevamiento de los resultados de las capturas, ya que de esa información se derivan las estadísticas científicas que son la base de la regulación para que la pesca comercial se mantenga dentro de los niveles aceptables para la preservación de los recursos, lo cual implica una penalidad menor.

Es así que, anteriormente la norma previa la misma imputación mínima para las 2 acciones antirreglamentarias. De esta manera, lo que se resolvió es que en el supuesto que se detectase una sub declaración en los volúmenes de las especies declaradas en el Parte de Pesca Electrónico y las constatadas mediante el Acta de Descarga, el monto mínimo de sanción será de 3.000 UP (Unidades de Pesca), en cambio cuando se verificase una sobre declaración el monto mínimo de sanción será de 1.000 UP (unidades de pesca).

Esta disposición comienza a regir a partir del lunes 25 de julio de 2022, día que se publicó en el Boletín Oficial.

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Nación limita los aumentos mensuales en el servicio de agua

El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.

La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.

La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.

La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.

En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía. DIB

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TEXTILES: CRISIS SIN FIN

La actividad textil viene en caída libre, registró en febrero con un retioceso interanual superior al 30%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de dos años. En términos acumulados, el nivel frente a niveles de 2023 es aún más pronunciado, lo que evidencia la magnitud del deterioro.

El parate productivo también se expresa en las fábricas: buena parte de la maquinaria permanece sin uso. En promedio, más de la mitad de la capacidad instalada del sector quedó inactiva en los últimos dos años, con picos recientes aún más elevados. Este escenario grafica un entramado industrial que funciona muy por debajo de su potencial.

Las causas son múltiples. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno al consumo de indumentaria, que queda relegado frente a gastos esenciales. Por otro, la apertura de importaciones generó una presión creciente sobre la producción local. El ingreso de prendas del exterior se disparó con fuerza en el último año, impulsado por el fenómeno del fast fashion, que ofrece ropa a bajo costo y alta rotación.

A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior —ya sea por turismo o plataformas de envío—, lo que termina de restarle demanda al mercado interno. El resultado es un sector en retroceso, con una importante pérdida de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas en todo el país.

En Mar del Plata, el impacto comienza a verse en la calle. Comercios que bajan sus persianas y una mayor oferta de locales en alquiler o venta replican una tendencia que también se observa en los principales centros urbanos. La cantidad de espacios vacíos creció con fuerza en el inicio de 2026, reflejando la dificultad de los negocios para sostenerse.

Así, la crisis textil ya no solo se mide en estadísticas: se percibe en el entramado comercial de la ciudad, donde la caída de la actividad empieza a dejar huellas concretas.

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Universidades: otra semana de paro y con clases parciales

Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo unanueva medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.

La protesta de esta semana afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”. DIB

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