Con una inversión total que supera los $5.022 millones, la obra busca recuperar el esplendor de las recovas y optimizar la infraestructura de servicios del sector.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el llamado a licitación pública para la segunda etapa de restauración y puesta en valor de La Rambla, uno de los hitos arquitectónicos y turísticos más importantes de Mar del Plata. Con una inversión total que supera los $5.022 millones, la obra busca recuperar el esplendor de las recovas y optimizar la infraestructura de servicios del sector.

La intervención se centrará en las áreas del Casino Central y el Hotel Provincial, sectores emblemáticos de la postal marplatense. Según los pliegos oficiales, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 180 días corridos, una vez adjudicada la obra.

El presupuesto base se desglosa de la siguiente manera:

• Presupuesto oficial: $4.783.371.051,83.

• Monto total (incluyendo inspección y reservas): $5.022.539.604,42.
• Anticipo financiero: Se otorgará un 5% a la empresa que resulte ganadora para el inicio de las tareas.

El objetivo principal es frenar el deterioro del paseo y reforzar su valor patrimonial. Las tareas clave incluyen:

• Renovación de suelos: Recuperación de los solados originales y acondicionamiento de los espacios verdes en las recovas del Casino y el Hotel Provincial.
• Puesta en valor urbana: Intervenciones en sectores aledaños al skatepark.
• Saneamiento e infraestructura: Se llevará a cabo la independencia de las instalaciones de agua y cloacas de los locales comerciales de la recova del Casino.
• Baños públicos: Mejoras integrales en los sanitarios ubicados bajo la estructura de la rambla.

“La intervención forma parte de un plan estratégico para mejorar el estado general y reforzar el valor patrimonial de uno de los puntos más representativos de la costa bonaerense”, destacaron fuentes oficiales.

Tras la publicación de la resolución, el proceso administrativo continuará con la apertura de la convocatoria y la recepción de ofertas por parte de las constructoras interesadas. Esta obra representa una de las inversiones más significativas en materia de patrimonio histórico para la ciudad en el último tiempo.

El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.

La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.

La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.

La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.

En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía. DIB