País
Ushuaia: mandan a cerrar el Concejo
29 de junio de 2022
La concejal Liliana Fadul (foto) cuestionó la indefinición del oficialismo a pocos días de cumplirse un mes de la proclamación de los electos y explicó que por esa razón decidieron tomar la iniciativa, junto a convencionales de la oposición, de solicitar el recinto del Concejo Deliberante de Ushuaia para comenzar a reunirse esta semana.
La sorpresa fue que no solamente no hubo respuesta, sino que no encontraron a nadie en la institución, por lo cual hay “un clima político agitado”, ante la preocupación por la demora en el inicio de la convención.
“El viernes pasado presentamos una nota algunos convencionales de la oposición, pidiendo que se nos facilite este miércoles a las 19 horas la sala de sesiones del Concejo Deliberante, a fin de coordinar la sesión preparatoria que debemos realizar. Por carta orgánica las sesiones obligatoriamente deben ser en el Concejo Deliberante, y eso hay que cumplirlo”, señaló por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23.
“Realmente lo que está ocurriendo es muy distinto de la elección de convencionales de 2001, porque de inmediato hubo contacto entre el entonces intendente Jorge Garramuño y los electos. La convención tiene que empezar a funcionar y por eso estamos tomando esta iniciativa. La idea es invitar a los 14 convencionales para coordinar la sesión preparatoria, porque ya pasó mucho tiempo y no hay novedades. La elección fue el 15 de mayo, la proclamación fue el 7 de junio cuando nos entregaron los diplomas. Ya estamos finalizando junio y no se puede demorar más”, planteó.
AUSENTES SIN AVISO
Lo cierto es que, si bien el Concejo aprobó la suspensión de actividades desde el inicio y hasta la finalización de la convención, todavía no empezaron las sesiones y ya no hay nadie en el establecimiento. Tampoco está previsto un receso de invierno que justifique la total ausencia de autoridades. “No sé si algunos concejales se fueron de vacaciones, pero ayer Valter Tavarone fue tres veces al Concejo Deliberante, en busca de la respuesta a la nota que habíamos presentado. La primera vez fue solo, más tarde fue con Viviana Remy, y luego fui yo. Ninguna de las tres veces pudimos dar con alguna autoridad del Concejo y se nos fue informando sucesivamente que el concejal Juan Carlos Pino había viajado a Buenos Aires. Preguntamos por Juan Manuel Romano, que es el vicepresidente primero y tampoco estaba. Fuimos al bloque y no había nadie. Es una situación complicada, porque nos sorprende semejante incertidumbre, cuando la convención constituyente es por demás importante”, enfatizó.
“Pensábamos que ya íbamos a tener una respuesta o que al menos la autoridad a cargo del Concejo nos podía recibir, pero no estaba ni la contestación de la nota ni las autoridades del Concejo. Hoy por supuesto vamos a insistir y tiene que haber una respuesta pronta. El 7 de julio se cumplen los 30 días, que es el plazo máximo para que empiece a funcionar la convención (Concejo, y antes de esa fecha tenemos que estar funcionando”, advirtió Fadul.
TODO IMPROVISADO
“Nos llama la atención la desprolijidad con que se manejó todo, desde el llamado a reforma de la carta orgánica, porque el proyecto se metió sobre tablas, un concejal pidió un cuarto intermedio para leer el contenido de los 106 artículos a reformar y no se lo dieron. Se votó como si fuera una declaración de interés municipal y así se decidió llamar a la reforma. Luego pasaron cosas que no correspondían, como la violación al artículo 223 de la carta orgánica, porque el municipio no podía realizar propaganda institucional en la campaña, cuando el intendente encabezaba la lista de Más Ushuaia y referente de La Cámpora Walter Vuoto. Sin embargo, se entregaron notebooks, terrenos, vino el Presidente, y se hicieron varias cosas que no se debían hacer. Hicimos el reclamo judicial y, cuando llegamos a la instancia superior, se declaró abstracta la presentación porque había pasado el período de campaña”, expuso.
Barajó que al intendente, al no haber logrado mayoría, ya no le interesa que funcione el Concejo . “Después de tanto apuro del oficialismo para reformar la carta orgánica, ahora no se sabe nada. A lo mejor habrán pensado que el resultado de la elección les iba a ser más favorable, y la verdad no puedo decir por qué se está produciendo esta demora”, sostuvo.
EN MEDIO, FIESTAS MILLONARIAS
Mientras se ignora la institucionalidad en el Concejo y el Municipio, el intendente aliado a La Campora, estuvo ocupado en las once jornadas de festejos de la Noche Más Larga, que implicó para la ciudad gastos multimillonarios. En las once jornadas consecutivas pasaron más de mil artistas, muchos de ellos nacionales, que requirieron desembolsos multimillonarios de fondos públicos. “Se habla de un costo de 150 millones, pero no está el número definitivo. Uno va buscando en el boletín oficial lo que va saliendo, y solamente por sonido e iluminación se gastaron más de 44 millones. Hubo cachets importantísimos para los artistas que vinieron, con una diferencia abismal entre los millones que cobraron y los diez mil pesos que le pagaron a los artistas locales.
Según trascendidos, Divididos cobró 11 millones por su recital, la Mona Jiménez casi 14 millones, y cifras similares el resto de las celebridades. “Está faltando agregar todos los gastos en pasajes y alojamiento de la gran cantidad de gente que acompañó a los artistas”, observó la convencional, dado que en general las comitivas no fueron inferiores a las 20 personas por artista. “Hay mucho más que el gasto en cachets y hay unos 300 pasajes de ida y vuelta, más alojamiento y comida -de primer nivel- para unas 250 personas. La prudencia es algo muy importante en la vida y desde Somos Fueguinos queremos defender la carta orgánica vigente, que no cumple el intendente en muchos artículos, justamente por estas cosas”, subrayó.
Fuente Provincia 23
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
