El octavo mes del año comenzará con una nueva batería de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas figuran la luz, el gas, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes, el servicio de agua y las tarifas de internet, cable y telefonía.

El ajuste más importante volverá a registrarse en los alquileres que todavía se rigen por la ley que fue derogada por el actual Gobierno. En esos contratos, la actualización anual será del 34,95%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el porcentaje muestra una fuerte desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados el año pasado, continúa representando un fuerte impacto para quienes alquilan.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo incremento de las tarifas de la luz, que regirá desde agosto para los usuarios las distribuidoras eléctricas con asiento en el territorio bonaerense. La suba variará entre el 1,5% y el 3,5%, según la categoría, la empresa y el nivel de consumo de cada usuario.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y contempla ajustes tanto en el Valor Agregado de Distribución (VAD) como en el precio mayorista de la energía definido por las autoridades nacionales. Según la normativa, los nuevos montos se aplicarán sobre los consumos registrados a partir del 1° de julio y del 1° de agosto, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen desde septiembre.

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán un 5,5%. Los nuevos valores variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subvención, con cuotas que irán desde poco más de $ 37.000 en el nivel inicial y primario con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en establecimientos técnicos, agrarios y artísticos con menor nivel de aporte.

También habrá un incremento del 3% en las tarifas de agua para los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará la factura promedio mensual a $ 32.745,74.

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados nuevas actualizaciones que llegarán hasta el 2,1%, incluyendo también los copagos.

Las compañías atribuyen el aumento al incremento de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El transporte público volverá a encarecerse. En los colectivos del AMBA las tarifas subirán entre 3,9% y 4,4%, según la jurisdicción. El boleto mínimo pasará a costar $ 1.111,19 en las líneas bonaerenses y $ 852,90 en las porteñas. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje será de $ 1.250,08 en la provincia y de $ 947,71 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del subte, el incremento será del 4,1%, por lo que el viaje pasará de $ 1.558 a $ 1.621.

Los trenes metropolitanos también aumentarán. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $ 380 a $ 420. La segunda sección costará $ 586 y la tercera $ 729.

Todos estos valores son con la tarjeta SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, los peajes tendrán una actualización del 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pagarán $ 4.610,98 fuera del horario pico y $ 6.534,52 en hora pico. En la autopista Illia, así como en los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de $ 1.921,05 y $ 2.716,64, respectivamente.

Por último, las empresas de Internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a notificar a sus clientes nuevos ajustes tarifarios que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje variará según la operadora y el servicio contratado.

En tanto, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, durante todo agosto, solo se aplicará una parte de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a postergar una porción de la actualización impositiva con el objetivo de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". El decreto fija aumentos parciales de $ 10,572 por litro para las naftas en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras que para el gasoil dispone incrementos de $ 9,511 en ese tributo, $ 5,150 en el tratamiento diferencial para la región patagónica y $ 1,084 en el impuesto al dióxido de carbono. El texto también establece que el resto de los incrementos diferidos comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2026. DIB

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como "la reforma más importante de los últimos cien años" el anuncio del presidente Javier Milei sobre los cambios que planea implementar en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda escribió: "Es un momento refundacional del país, Toto, me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos cien años".
El mandatario presentó esta noche una serie de medidas, que incluyen prohibición por ley de la emisión monetaria para financiar al Estado, la restauración del mandato exclusivo de preservar el valor de la moneda y el fin del traspaso de utilidades contables al Tesoro, entre otras.

En cambio, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que "El grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos", y subrayó que el “shutdown” (cierre) ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó. Y no mienta! Porque muchos servicios esenciales ya no están garantizados por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos".

"Si el Estado argentino hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores. Además, le cuento que si la inflación es un robo como dijo, todos ustedes ya tendrían que estar presos!! Somos unos de los países con la inflación más alta en el mundo", dijo.

Por su parte, Itai Hagman -legislador de Fuerza Patria- expresó en la misma red social "Otra cadena nacional cuyo único objetivo es alimentar la narrativa política del gobierno. Detrás de un discurso que parece "técnico", lo que escuchamos es una sarta de argumentos mil veces repetidos sobre la relación entre la política monetaria y fiscal con la inflación que la propia realidad de estos dos años y medio se encargaron de refutar".

"En relación a lo fiscal, el esquema de shutdown tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado. En resumen, otra vez el presidente promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega", aseveró. (NA)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para las entidades sin fines de lucro —asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, cooperadoras y otras— y para los contribuyentes pertenecientes al sector salud.

La suspensión que vencía este viernes queda ahora vigente hasta el cierre del ejercicio fiscal, según la resolución que procesó la Agencia Noticias Argentinas. La medida tiene su origen en la Resolución General 5.628 de ARCA, dictada en diciembre de 2024 al amparo de la Resolución 1.445 del Ministerio de Economía de esa fecha.

Desde entonces fue prorrogada en dos ocasiones: mediante la RG 5.736 —que la extendió hasta el 31 de diciembre de 2025— y mediante la RG 5.806, que la extendió hasta el 31 de julio de 2026. Esta tercera prórroga responde a la Resolución 1.158/2026 del Ministerio de Economía.

La norma aclara expresamente que la suspensión "no obsta al ejercicio de las facultades de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente."

Esa reserva permite a ARCA actuar de oficio cuando el crédito fiscal esté en riesgo de prescribir, aunque el contribuyente sea una entidad del sector salud o sin fines de lucro cubierta por la suspensión general.